La decisión del presidente AMLO de conceder asilo político a Julian Asange es coherente con la tradición mexicana y la experiencia histórica del país donde también hubo gobiernos que trataron de escamotear verdades rescatadas por periodistas que arriesgando su crédito y a veces su vida, han develado oscuras tramas.
Como antes hicieron otros luchadores que desde la prensa han tratado de establecer la verdad, Julian Assange se planteó el dilema de si los archivos de los ministerios, estados mayores, bancos centrales y otras entidades públicas, pertenecen a los ministros, generales presidentes o a la sociedad. La pregunta fue respondida desde un código que concede a la opinión pública, especialmente a la prensa, el derecho a acceder a esas fuentes, cosa que el fundador de WikiLeaks realizó del único modo a su alcance.
Según Estados Unidos, en 2010, Assange y Chelsea Manning, exanalista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, descifraron contraseñas que les permitieron penetrar redes secretas del gobierno estadounidense, obteniendo y divulgando informaciones que, según el Departamento de Justicia comprometieron la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Entre tanto, Assange y entidades de derechos humanos creen que los hackers pusieron al descubierto maniobras y acciones ilegales que el gobierno norteamericano ocultaba a la opinión pública y a su propio pueblo. De ese modo, más que delinquir los encartados prestaron un valioso servicio al publicar más de 700.000 documentos secretos, los cuales, según algunos afirman, pueden haber revelado crímenes de guerra. Por aquellos hechos, en 2013 Manning fue condenado a 35 años de cárcel, receta que pretende aplicarse a Julian Assange.
Al contextualizar el proceso contra Assange con frecuencia se alude al affaire de “Los Papeles del Pentágono” protagonizado por Daniel Ellsberg que en 1971, aprovechando su condición de analista de inteligencia, fotocopio y reveló un estudio sobre la guerra en Vietnam ordenado por el entonces secretario de defensa, Robert McNamara que en 7.000 páginas, incluidos documento originales, se detallaron los aspectos más sórdidos y comprometedores de la implicación de Estados Unidos en aquella contienda, y que Ellsberg entregó al The New York Times que comenzó a publicarlo el 13 de junio de 1971.
Entonces Ellsberg fue acusado por violar la ley de Espionaje de 1917 y, mediante una orden judicial, se obligó a The New York Times a detener la publicación. El diario apeló la Corte Suprema que falló a su favor y tras una intensa batalla los cargos contra Ellsberg fueron retirados.
Por su sentido ético de la política y tal vez por la experiencia vivida en 1968 cuando, tras la masacre de Tlatelolco el gobierno y algunos medios de comunicación trataron de escamotear lo cierto, el presidente López Obrador se decanta a favor de Assange. Entonces la verdad fue rescatada por la revista ¿Por qué? liderada por Mario Renato Menéndez Rodríguez, cuyos reportajes contribuyeron a establecer la verdad, cuya revelación es el mayor cometido de la prensa.
Cuando el secretismo oficial, el culto a la razón de estado y la protección judicial a la censura dejen de prevalecer, tendrá sentido la letra de la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que al establecer: “El Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que coarte la libertad de palabra o de prensa…”, debería proteger a Julian Assange. Allá nos vemos.
Por Jorge Gómez Barata