Ante el blanco y negro: grises intermedios. Frente al juicio sumario que los descalifica de manera absoluta, no es adecuada una actitud que los defienda de la misma manera. Discrepar de la desautorización que, sin matices, ha expresado el presidente a los Organismos Constitucionalmente Autónomos (OCA), no debe conducir a entronizarlos como indispensables tal y como ahora operan sin un ejercicio crítico de sus características. El argumento de su idoneidad ha de eludir tropezar con la misma piedra de quien los considera inútiles per se: una generalización tosca e inválida.
Valga un ejemplo: luego de la experiencia (durante décadas) de lo pernicioso que era que los gobiernos organizaran las elecciones y realizaran el conteo de los votos en las que está de por medio su continuidad, no dudo – ni dudé – que era necesaria una entidad pública sin relación orgánica con el gobierno en turno, que se encargara de esas funciones para que el voto contara y fuera bien contado. La creación del Instituto Federal Electoral, IFE, como OCA al frente de los procesos electorales, fue una demanda de la generación a la que pertenezco. Es indispensable porque en esa tarea el poder constituido no debe ser juez y parte. ¿Se sigue de esta convicción apoyar, sin más, su forma de organización, la manera en que se conforma el conjunto de los consejeros, el tamaño de su burocracia o las tareas que las sucesivas leyes le han asignado, por mencionar algunos aspectos? No. Lo que pedimos y por lo que nos esforzamos fue por contar con una institución autónoma que organizara la renovación de los distintos poderes por medio del voto. Exigimos eso, de lo que no se sigue que tengamos que defender, por ello, la manera en que a lo largo del tiempo se ha legislado y opera el actual Instituto Nacional Electoral (INE).
Por eso, considero vital que defendamos su existencia sin confundir, por esta razón, que equivale a preservar, sin revisión, la estructura, procedimientos, costos y demás aspectos del INE como está ahora. ¿Este organismo es indispensable? Sí, sin duda, pero no necesariamente así. Y la crítica a esos aspectos es, aunque a algunos les parezca paradójico, la mejor manera de defenderlo frente a una tendencia gubernamental que, alegando aspectos criticables en su organización (que los hay, y muchos), estima que debe desaparecer.
Como en otros casos, aunque el ejemplo sea el INE, urge analizar, entre otras cosas, si la manera de elegir a sus directivos es la más adecuada. La injerencia de los partidos en esos nombramientos ha sido muy clara. ¿Evitarla es posible? ¿Cómo? ¿Es factible diseñar formas de elección de sus integrantes que no pasen por la criba oportunista de los partidos en el Congreso? ¿Tiene que ser el ejecutivo quien haga las ternas de quienes conduzcan este y otros OCA y una cámara ser la electora? ¿No podría ser esta tarea encomendada a un conjunto de personas que, de manera transparente y con conocimiento de causa, las integren? En todos los casos en que sea necesario evitar que el gobierno sea juez y parte –como en los derechos humanos, el acceso a información completa o la generación confiable de estadísticas y datos mediante los cuales se pueda conocer el estado que guardan asuntos que nos importan– es imprescindible la existencia de OCA. Ese es, si no yerro, el valor a defender, y otro, igual de importante, es reivindicar el derecho a debatir si la manera en que se constituyen esos organismos y cómo operan hoy es la adecuada. Ambos, sí, son necesarios.
Por: Manuel Gil Antón
SY