Según un reporte de Freedom House, la democracia se ha debilitado a raíz del COVID en 80 países, y este efecto de la pandemia se ha agravado en países donde la democracia ya era débil. De acuerdo con la encuesta que formó parte de este reporte, el 64% de los encuestados calcularon que el COVID impactará negativamente en la democracia y los derechos humanos por lo menos por los siguientes 3-5 años. El 27% de los encuestados reportaron el abuso del poder como uno de los tres asuntos que más les afectó durante la pandemia.
Este referente se hace indispensable cuando se concibe una estrategia de vacunación que aprovecha la crisis sanitaria para legitimar la presencia de fuerzas armadas en los espacios de vacunación, no solo para el resguardo de las vacunas, sino que normaliza su presencia con armas de alto calibre en los espacios de atención ciudadana en donde se recibe a los adultos mayores de 60 años como si fueran una amenaza para la comunidad. También se ha sacado provecho echando mano de los llamados siervos de la nación, para colocarlos como apoyo portando chalecos guindas que referencian el color del partido en el poder.
Otro reporte, ahora de la agencia Inter Press Service, desde que inició la pandemia países de América Latina como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú, Venezuela y México han desplegado sus ejércitos para patrullar las calles, cerrar fronteras, y arrestar a personas que violaban las restricciones. En tan solo las primeras dos semanas de la pandemia las fuerzas armadas de Perú arrestaron a más de 18 mil personas y cientos de personas en El Salvador. Entendamos que la presencia del ejército incrementa la violencia en las zonas, como ya lo ha documentado el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Se vuelve absurdo que los soldados armados hasta el cuello sean la recepción de ciudadanos desarmados ávidos de vacunarse.
Además, como lo señaló Raúl Benítez Manaut, experto en fuerzas armadas, en un diagnóstico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad: “Los soldados apenas si tienen entrenamiento de enfermería, por lo que existe un elevado riesgo de contagio, similar a lo sucedido en los hospitales públicos como el IMSS”.
El acceso a las vacunas es un derecho ciudadano. Todas y cada una de las vacunas adquiridas se compraron con recursos públicos que provienen del pago de impuestos al consumo o a la renta, para los que todas y todos los mexicanos sin excepción, somos contribuyentes. Hacer uso de ese servicio básico –no podría ser más básica la sobrevivencia– resulta un abuso de poder que no debemos dejar pasar por alto.
No solo hay que considerar la falta de información que todavía mantienen varios sectores de la población que se niegan a vacunar, la politización de las vacunas puede poner en riesgo la voluntad de las personas para inmunizarse. Politizar el proceso de vacunación, en consecuencia, aumenta el riesgo de hospitalizaciones y muertes. Un estudio de la Universidad de Yale mostró que la politización de las vacunas disminuía la voluntad de la gente en Estados Unidos para aceptar la vacuna. También concluyó que, si se aprobaba la vacuna una semana antes de las elecciones, la voluntad de la gente para vacunarse se reducía en 4.2 puntos porcentuales. Podemos vernos en ese espejo. Se prevé que la mayor parte de las vacunas sea aplicada en los meses previos a la elección más grande de la historia de México, así que no podemos obviar los riesgos que acarrea la politización en la estrategia de vacunación.
Vacunas sin politización y sin militarización. Vacunas por derecho. Vacunas como resultado de un trabajo del Estado, no de un partido ni de un ejército. Sin guindas y sin verdes. Vacunación a manos del personal médico que, sin protagonismos ni proselitismos, se ha jugado la vida por México.
Por: Maite Azuela
SY