La absolución de Uribe

Suele decirse en periodismo que si un perro muerde a una persona no hay noticia; esta se produciría si es el perro el que resulta mordido por un humano. La solicitud de preclusión del proceso contra el expresidente Uribe que hizo la fiscalía estaba tan cantada que bien puede aplicársele esa sentencia. La noticia hubiera sido que pidiera condena por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal.

El expresidente estaba siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia debido a su fuero de senador y le había dictado orden de detención que cumplió domiciliariamente. Pero en una jugada leguleya, renunció a su curul para que su proceso pasara a la fiscalía general, hoy en cabeza de un uribista pura sangre, compañero de pupitre del presidente de la República y enemigo declarado de la JEP y del proceso de paz.

En tiempos de la presidencia de Álvaro Uribe la Corte Suprema condenó a 60 parlamentarios y funcionarios afines a él: fue el proceso conocido como parapolítica. En un comienzo los enjuiciados empezaron a renunciar para escapar de la órbita de la Corte, hasta cuando ésta decidió que aunque renunciaran seguirían bajo su competencia. Sin embargo en esta ocasión contradijo su jurisprudencia y aceptó que el ex presidente fuera juzgado por el sistema acusatorio en el cual es la fiscalía la encargada de solicitar a un juez la preclusión o condena del procesado.

La decisión de la fiscalía llama la atención porque se aparta totalmente de lo adelantado por la Corte. Su decisión cuando ordenó la detención domiciliaria fue unánime; no hubo ningún salvamento de voto. Ha habido editoriales como el del periódico El Espectador preguntándose cómo es posible que el resultado de las investigaciones sea diametralmente opuesto y hay ya abogados dispuestos a demandar por perjurio al fiscal del caso, discípulo del ex procurador Ordóñez, de extrema derecha, destituido por el Consejo de Estado porque su elección fue producto de prebendas. Como jefe del ministerio público ordenó la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, que luego fue revertida por el mismo tribunal que en cambio lo sacó a él del cargo.

El Centro Democrático liderado por Uribe ha armado un bloque de denuncias con las que pretenden, en mi modesta opinión sin lograrlo, enlodar a sus contrincantes políticos para justificar la decisión de la Fiscalía. Piden que sean expulsados del senado los los ex jefes de las Farc porque allí no puede haber criminales olvidando cómo defendieron a sus congresistas aliados de los paramilitares y cómo recibieron como héroes a los más sanguinarios jefes de las autodefensas cuando se presentaron en la plenaria del Congreso sin que se hubieran desmovilizado. Uribe dijo entonces que era partidario de que les dieran esa “pruebita de democracia”.

Esos arrebatos de los uribistas, algunos ya proclamados pre candidatos presidenciales, que sólo aceptan las decisiones de la justicia cuando les resultan favorables, puede resultarles otro bumerán como el que ya tuvieron cuando la Corte decidió que el senador Iván Cepeda era inocente y que en cambio quien había cometido los delitos que le atribuía era su denunciante Uribe y de ahí el carcelazo.

El expresidente llegó al extremo de asegurar que Vivanco, de HRW, es guerrillero de las Farc a pesar de que las ha criticado duramente. Mejor harían midiendo sus ataques: ya Uribe no cuenta con la popularidad que lo hacía inmune; en el informe de la JEP sobre falsos positivos -6.402 ejecuciones extrajudiciales- queda claro que el 78% ocurrieron durante el gobierno de Uribe, por lo cual El País de España le pidió aclarar esa situación; varios gobiernos europeos y la Unión Europea han apoyado irrestrictamente a la JEP que ha hecho todo lo posible por acabar. Y la Corte Penal Internacional –CPI- está al acecho.

Todo eso habla de la precariedad de nuestra democracia. En los recientes  problemas legales del Rey Emérito de España no ha salido el Rey Felipe a impugnar las decisiones legales o a acusar a los republicanos como orquestadores de ellas. Y en la reciente condena del ex presidente Sarkoizy sus partidarios no han salido a incendiar el país proclamando lo que es con él es conmigo como en una pelea de cuchilleros. Las decisiones judiciales se controvierten por los canales legales.

Estos últimos acontecimientos son la continuación de un largo enfrentamiento del ex presidente Uribe con la rama judicial del poder público, especialmente con la Corte Suprema de Justicia: cuando ésta investigaba a sus aliados el DAS (servicio de inteligencia) instaló micrófonos para espiar a los magistrados; cuando sus aliados iban cayendo uno a uno por esos escándalos, les recomendó que antes de que los pusieran presos aprobaran sus proyectos; cuando la Corte procesaba a su jefe del DAS por homicidio de opositores, lo justificó diciendo que era “un buen muchacho”; a su discípulo amado Andrés Felipe Arias cuando pretendía evadir a la justicia, lo ayudó haciendo todo lo posible para incidir en su proceso en Estados Unidos; cuando su ex Alto Comisionado de Paz fue procesado por fraude en una desmovilización, apoyó su evasión; a la jefa del DAS la ayudó en su escape a Panamá cuando estalló el escándalo de las chuzadas a la Corte. Dejo ahí porque se me iría todo el espacio disponible para esta columna.

La solicitud de preclusión de la Fiscalía puede no ser aceptada por el juez y en caso de serlo las víctimas disponen de recursos legales para contradecirla y finalmente podría terminar en la Corte a la cual han tratado de quitarle competencia. Por supuesto, el ex presidente Uribe, como cualquier otro ciudadano, es inocente hasta cuando se demuestre lo contrario luego de ser vencido en juicio. Pero debe ser dentro del los cauces que dispone la democracia.

Por Zheger Hay Harb