“Mi niña fue secuestrada el 13 de abril de 2011 en Oaxaca por un comando armado que iba encabezado por un funcionario titular del área de secuestros, que se encargaba de hacer negociaciones de los secuestros. Los delincuentes detenidos nos informaron qué funcionarios estuvieron involucrados. Las autoridades sacaron su cuerpo de donde inicialmente fue sepultada para sembrarla en otro lugar, para que fuera encontrada y yo ya no siguiera hablando en la prensa. La primera vez me mostraron un cuerpo con la cabeza mutilada, después me aseguraron que el cuerpo era otro sin mutilación. Quisieron entregarme 10 cuerpos haciéndolos pasar uno a uno como si fuera el de mi hija, de todos decían que tenían pruebas de ADN. Hasta el sexenio de Peña conseguí que participaran peritos de FBI y de Argentina. Peritos argentinos aseguraron que coincidía el ADN del cuerpo, pero tres años después recibí informe del FBI, en el que me decían que no había coincidencias”.
Margarita es una mujer aguerrida, frontal, sin temor de enfrentar a autoridades para exigir sus derechos como víctima. Es una mamá rastreadora, que recupera cuerpos. Asegura haber recuperado miles de cuerpos en la última década, para devolverlos a casa. Las personas detenidas por el secuestro y asesinato de su hija fueron puestas en libertad. Comenta que apenas hace unos días lo supo, 23 días para ser precisos, y al día siguiente se puso en huelga de hambre.
La furia y el dolor que lleva dentro, surgen avasalladores a pesar de la tenue voz con la que responde mis preguntas. “La CNDH tardó 10 años en revisar el expediente, no emitió ninguna recomendación, aun cuando los detenidos confesaron cómo la torturaron, cómo la violaron, que la niña tuvo que esperar durante 3 horas a que terminaran de hacer el pozo donde la iban a sepultar, antes de decapitarla viva. Me dieron un informe donde dicen que no hubo violación a los derechos humanos y que los funcionarios, están en libertad. Los delincuentes que tenían 8 procesos por homicidio, por secuestro, por delincuencia organizada, están en penales municipales, ni siquiera en penales de mediana seguridad. Las autoridades están coludidas con la delincuencia.”
“Parece que la Fiscalía General de la República ya está trabajando porque saben que estoy en huelga de hambre. Me asusta saber que ahora no tengo sólo de enemigo a la delincuencia, sino a la gente de la SEIDO, porque fueron los que hicieron toda esa porquería en contubernio con el ministerio público que llevaba el caso de mi hija”.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, actualmente hay más de 86 mil personas desaparecidas y no localizadas en México. Sumemos a esta cifra, las 19,260 de esta administración.
En campaña López Obrador se comprometió a instalar un mecanismo de justicia transicional con apoyo internacional. A cambio, tenemos el incumplimiento de derechos de las víctimas contenidos en la Ley General de Víctimas, para contar con áreas especializadas en atención a víctimas de todas las dependencias federales, estatales y municipales. El Sistema Nacional de Víctimas creado en 2014 nunca ha sesionado. Los comisionados han mostrado nulo compromiso con las víctimas. Esta administración les ha dado la espalda con la reducción del presupuesto asignado a CEAV y extinción de los recursos asignados al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. La CEAV, que debió ser una dependencia articuladora con instituciones de salud, educación y justicia para reparación integral, está convertida en una ventanilla burocrática e inepta. Margarita tiene recursos económicos y una resistencia física y emocional con la que exige justicia por ella y otras madres. Si ella que cuenta con medios para confrontar autoridades tiene estos resultados, imaginemos lo que atraviesan otras madres de desaparecidos.
Por: Maite Azuela