La Corte Constitucional estudia declarar el estado de cosas inconstitucional por la vulneración permanente del Estado al proceso de paz.
Esto ocurre cuando hay una situación de tal gravedad que constituye un ataque a los cimientos mismos del orden constitucional, lesiona los principios básicos de la República y afecta la vida democrática del país.
Ya ha ocurrido en otras ocasiones como en 2004 cuando hizo la misma declaratoria en el tema del desplazamiento forzado y en virtud de ella ordenó que el Estado en su conjunto y de manera prioritaria se dedicara a restablecer los derechos de la población desplazada. Hasta donde yo tuve participación en ello como procuradora judicial penal, la Corte había emitido 92 Autos con base en las audiencias de seguimiento en las cuales el Estado, representado por los ministros con obligaciones directas en la atención de esta población, los organismos de control particularmente la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo como parte del ministerio público, las ONG, organizaciones de población desplazada y organismos internacionales presentaban informes sobre el cumplimiento de sus obligaciones y con base en ellos la Corte giraba sus órdenes vinculantes.
Han pasado 17 años y todavía la Corte mantiene su competencia sobre el tema y la mantendrá hasta cuando considere que las víctimas de ese crimen de guerra y de lesa humanidad han sido restablecidas en sus derechos.
Para que la Corte haga una declaratoria de este tipo se requiere que la violación de derechos sea masiva, sistemática, que afecte a un número considerable de personas y que viole varios derechos protegidos constitucionalmente y en el caso del Acuerdo de Paz el asesinato de desmovilizados (según el presidente de la Justicia Especial de Paz (JEP) han sido asesinados 276 desde la firma del Acuerdo), el ataque del gobierno y sus fuerzas afines al sistema de verdad, justicia y reparación nacido de ese pacto de paz parecen indicar que eso ocurre.
Como en los casos anteriores, la Corte se basa en acciones de tutela presentadas para proteger derechos fundamentales de ex guerrilleros y de las víctimas del conflicto a recibir justicia, reparación y garantías de no repetición.
Ya la Corte ha impartido 27 órdenes para solicitar información sobre el cumplimiento de las obligaciones para reincorporar a los ex combatientes, las medidas de seguridad que se han adoptado para protegerlos y las acciones que se han desarrollado contra los grupos identificados que los asesinan.
El nuevo partido de los Comunes (nombre que adoptó el antiguo partido de los exFARC) envió una comunicación a la Corte en la que relaciona 11 tutelas presentadas por sus afiliados especialmente contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) encargada de su seguridad.
Aún no se sabe qué decisión tomará la Corte pero las respuestas de los organismos del Estado seguramente no la dejarán satisfecha: el Alto Comisionado para la estabilización de los ex combatientes pasa la responsabilidad a la UNP, el ministerio del Interior dice que no puede asumir todas las funciones necesarias, la Fiscalía General, que cuenta con una Unidad Especial de Investigación creada por el Acuerdo de Paz para investigar los crímenes contra los desmovilizados y desmontar el paramilitarismo, dice que los quejosos tienen recursos procesales para reclamar sus derechos.
La Corte ha vinculado al ministerio de Defensa, el Comando de las Fuerzas Militares y la policía pero aún no han trascendido al público sus respuestas.
Pero lo fundamental es que la Corte reconoce que el problema es estructural, no se reduce a asignar escoltas, requiere mirar el Acuerdo en su integralidad para analizar su cumplimiento.
Seguramente toma en consideración que la Constitución cuya vulneración ahora estudia fue fruto de acuerdos de paz firmados en ese entonces -1989-1990- con grupos guerrilleros que participaron en su redacción y que desde hacía muchos años venían reclamando la convocatoria de una asamblea constituyente.
A esto se suma a la presión que el gobierno de Estados Unidos está haciendo sobre puntos que hacen parte del pacto de paz como es el caso de la erradicación de los cultivos ilícitos enmarcada en una acción integral para el desarrollo territorial y el reacomodamiento de los campesinos cultivadores en actividades rentables.
Ante la magnitud que puede adquirir esta declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucional se entiende que el expresidente Álvaro Uribe haya aprovechado la discusión de la reforma tributaria que el gobierno va a presentar la próxima semana para plantear que una de las formas de ahorro del Estado con miras a la estabilidad fiscal sea el recorte de la JEP. No pide suprimir las más de 20 consejerías presidenciales que no son más que un inútil estado paralelo, sino del órgano creado por el Acuerdo de paz para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado que seguramente arrojará información sobre los grupos ilegales que son causantes de la muerte de los exFARC.
Las organizaciones sociales insisten en que los causantes de los asesinatos de desmovilizados son organizaciones ilegales perfectamente identificadas. La experiencia de casos anteriores indica que la Corte las convocará a sus audiencias de información y seguimiento. Tal vez así logremos algún día demostrarles a los desmovilizados que el llamado que se les hacía cuando estaban en el monte para que dejaran las armas y siguieran su lucha por medios democráticos no era una trampa para dejarlos a merced de sus enemigos sino un paso hacia la paz.