El nuevo ciclo de revelaciones en torno al abuso del programa israelí Pegasus para espiar celulares, en particular durante el último tercio de la administración Peña Nieto (2016-2018), es un pálido reflejo de lo que ocurrió en ese periodo, cuando llegó a darse por un hecho que desde un despacho de tercer nivel se escrutaban de forma ilegal movimientos y conversaciones de todos los ocupantes de la residencia oficial de Los Pinos, incluido el entonces presidente. Investigaciones judiciales y testimonios generados por años ilustran cómo operó el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), que durante casi todo el pasado sexenio estuvo a cargo de Eugenio Ímaz, un cercanísimo operador del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Afectado por una grave enfermedad, Ímaz fue una presencia fantasmal en el Cisen durante prolongados periodos, pero Osorio (hoy senador) nunca lo relevó. Juntos revisaban, en discretos coloquios, una serie de carpetas especiales producto del espionaje sobre personajes clave, ninguno de los cuales estaba ligado a actividades criminales o era un peligro para la seguridad nacional. Esos expedientes contenían aspectos sinuosos sobre la vida privada y los intereses de políticos de todo género, incluido Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano (más de 50 personas, ahora se sabe). A ellos se agregaban gobernadores, líderes partidistas, periodistas, defensores de derechos humanos y un enorme etcétera. Pegasus llegó a México por la vía de la Procuraduría General de la República que encabezó Jesús Murillo Karam. El responsable de su manejo fue Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, hoy prófugo y refugiado en Israel. Se contrató a través de una intermediaria, Proyectos y Diseños VME, en lugar de acudir con el fabricante, la compañía israelí NSO Group Technologies Ltd, cuyos registros han sido ahora puestos al descubierto. Murillo salió de la PGR en marzo de 2015, y Zerón aguantó hasta septiembre de 2016, pese a que chocó con la nueva titular, Arely Gómez, desde el día que ésta llegó. Ella emitió un acuerdo para que Pegasus fuera controlado directamente por su oficina, lo que nunca ocurrió. En los meses siguientes se contrataron “actualizaciones” por casi 500 millones de pesos, o sea más licencias para ser usadas por el Cisen y las secretarías de la Defensa y de Marina. Eso desató la orgía de espionaje de la que ahora se da cuenta, con más de 15 mil teléfonos celulares intervenidos. Un expediente confidencial abierto por la PGR ante denuncias de periodistas por ser espiados a través de sus celulares incluyó un mapa georreferenciado con el cual debía concluirse que en los casos de Carlos Loret de Mola y de Carmen Aristegui la intrusión era operada desde el Cisen. Ese mismo Cisen, con sus mismas atribuciones, recursos e incluso personal, sigue operando en el gobierno López Obrador sin más cambio que el nombre (Centro Nacional de Inteligencia) y su secretaría de adscripción, Seguridad. Lo rigen la misma ley y opacidad. El actual presidente asegura que ya no se espía a periodistas ni a adversarios políticos. Desde ambos sectores se asegura que ello no es cierto. ¿A quién le cree usted? Apuntes: Funcionarios de Segalmex, que encabeza Ignacio Ovalle, utilizaron fondos de la institución por más de 2,000 millones de pesos para invertirlos en instituciones privadas, lo que es ilegal. En varios casos hubo pérdidas notables; uno de los fondos, por 200 millones de pesos, venció, pero el dinero nunca regresó a las cuentas oficiales. Las auditorías respectivas sobre estas y otras maniobras desastrosas para el erario ya están en el escritorio del Presidente.