A medida que se conoce el operativo de espionaje que se montó durante el corrupto gobierno de Peña Nieto, la enorme operación Pegasus, queda claro que fueron millones de dólares tirados a la basura. Espiar a adversarios, periodistas, empresarios, líderes sociales y, además, a sus familiares, mediante la compra costosísima de una tecnología que infecta teléfonos celulares, sin ninguna orden judicial y al margen de toda legalidad, se llama autoritarismo revestido de corrupción.
Si se ven los resultados políticos de estos operativos —por lo que sucedió con la sucesión presidencial de 2018—, se trató de un rotundo fracaso. No pasaron el examen ni con las respuestas en la mano. Desde hace dos años Citizen Lab dio a conocer las evidencias periodísticas del espionaje. Sin embargo, ahora la FGR —extrañamente— niega que esta organización, de la Universidad de Toronto, haya demostrado que una agencia mexicana haya instalado "el malware Pegasus en ningún dispositivo" (EL UNIVERSAL, 21 de julio 2021). Pero la reciente investigación, The Pegasus Project, Global democracy under cyber attack, muestra que se trató de un ataque global, a países democráticos y autoritarios.
México tuvo un papel destacado en el gobierno pasado porque espió hasta 15 mil personas con un altísimo costo (32 millones de dólares). Se hizo una red de empresas fachada que fueron intermediarias para facilitar los servicios de tecnología de la empresa israelí NSO Group. Muy grave para nuestra vulnerada democracia. Proceso y Aristegui Noticias han aportado evidencias para identificar "la creación de al menos 30 empresas fachada ligadas a la red Pegasus en México (…) PGR, Cisen y Sedena gastaron 500 millones en actualizaciones del programa" (Proceso, 21 de julio de 2021).
La información es una forma de control social, pero cuando el gasto es para espiar a 15 mil personas, ¿qué pretendía lograr el gobierno anterior? Pareciera que la falta de gobernabilidad del sexenio de Peña Nieto se quiso suplir mediante operativos tecnológicos para romper con el frágil Estado de derecho. Se trató de una administración que fue incapaz de proteger a los estudiantes de Ayotzinapa y después de la desaparición de los 43 estudiantes, no pudo hacer una investigación creíble para saber qué había pasado y quiénes habían sido los responsables. Semanas después llegó el reportaje de la "Casa Blanca" y esa Presidencia no se volvió a recuperar, quedó reprobada el resto del sexenio.
Una de las grandes interrogantes que surgen con el Pegasusgate es si ahora se llegará a fondo con la investigación y se juzgará a los responsables de ese negocio de espionaje. De forma directa están comprometidas las instituciones de seguridad del Estado mexicano, por eso es importante mandar una señal de que ese tipo de acciones no se pueden repetir. Queda en evidencia que un gobierno que rompe la legalidad y se dedica a espiar a sus adversarios, en lugar de usar esa tecnología para combatir al crimen organizado y a las mafias de poder, es un gobierno sin rumbo.
En el gobierno algunos funcionarios, como Santiago Nieto, víctima de espionaje, ha declarado que no presentará denuncia, porque no quiere "venganza". No se trata de personalizar, sino de establecer responsabilidades para que proceda la justicia. Estamos ante uno de los expedientes internacionales que ya se ha vuelto un escándalo global. La problemática tiene muchas dimensiones, desde la violación de los derechos humanos, hasta la afectación de las democracias. Deberían establecerse mecanismos internacionales para regular estas tecnologías, y como dijo Snowden a The Guardian: "Si no haces nada para detener la venta de este tipo de tecnologías, ya no van a ser 50 mil objetivos, vamos a ser 50 millones de víctimas" (Proceso, 25/07/2021).
En México, con una inseguridad galopante y una presencia del crimen organizado tan potente, estas tecnologías son doblemente peligrosas. No se trata sólo de espionaje y delincuencia, sino de proteger derechos democráticos…