La investigación de personajes de la política del pasado, como se plantea en la Consulta del próximo domingo 1 de agosto, es un asunto de tal amplitud que abarca no solo a ex presidentes, sino a todos aquellos que cometieron delitos en agravio de la sociedad. Uno de ellos, Luis Cárdenas Palomino, enfrenta hoy en día acusaciones que lo tienen en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, sujeto a proceso por actos de tortura en 2012 en contra de cuatro personas acusadas de secuestro. El exmando de la Policía Federal habría torturado a sospechosos de estar relacionados con la llamada banda del Zodiaco, de la que se dijo entonces era liderada por Israel Vallarta y Florence Cassez. Ella liberada por irregularidades en el proceso penal, no necesariamente por su ausencia de participación; él, en prisión desde hace nueve años y aún sin recibir sentencia. Ahora, las autoridades ampliaron el marco de las investigaciones contra quien fuera considerado brazo derecho de Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad Pública federal durante la presidencia de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico. Aplicar la justicia para las víctimas implica la revisión a fondo de todas las actividades irregulares y, en consecuencia, delictivas que pudo cometer una persona al detentar un cargo público. En el caso de Cárdenas Palomino, ahora se sabe que las investigaciones se extienden al manejo de sus finanzas, en donde existe la presunción de ingresos hasta por 37 millones de pesos provenientes de sobornos del cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva. La participación de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, resulta central para comprobar y comprender la dimensión de estos delitos, que implican, presuntamente, una red de lavado de dinero. La investigación de delitos del pasado es una obligación de las autoridades del presente, basadas en un marco legal. Llamar a una Consulta es un ejercicio cívico que da legitimidad a los actos y fortalece la participación ciudadana en la democracia del país, desde una ciudadanía más educada y respetada. Son dos elementos que se conjuntan, no se excluyen. Quienes descalifican el instrumento rechazan la posibilidad de ampliar las herramientas por medio de las cuales la sociedad puede manifestarse, más allá de si se está a favor o en contra de la pregunta central del ejercicio. La aplicación de la ley, es cierto, no debe ser consensuada, y ya es aplicada como en el caso de Cárdenas Palomino u otros personajes de la política del pasado que han sido sometidos a indagatorias y procesados ante la evidencia sólida y concreta de sus actos ilegales. También es cierto que estamos frente a una nueva ciudadanía, mejor preparada, participativa y que demanda respeto en su toma de decisiones y definición de posturas. Rechazar los instrumentos que fortalecen esta nueva realidad va en contrasentido de lo que busca la sociedad.