Quizás era previsible, pero ya estamos ante otra coyuntura de cambio en la política migratoria entre México y Estados Unidos. Desde la llegada de Joe Biden, el principio que guiaba las decisiones migratorias en EU era la de máxima apertura, dentro de las posibilidades de la ley, y así hizo México también. Ahora inicia una nueva fase de endurecimiento, aunque con un alcance y horizonte poco claros todavía. Entre una visita de una delegación mexicana a Washington hace dos semanas, una llamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris y finalmente una visita del secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas a México esta semana, se dio este giro.
A pesar de las muchas notas periodísticas hablando de lo drástico que es la política de expulsiones, el llamado Título 42 (por la sección de la ley en EU), que permitían que el gobierno de EU expulsara a México a todos los migrantes que llegaban a la frontera, bajo argumentos de salud pública, la realidad siempre fue otra. Desde un inicio, se excluyó a los menores de edad de las expulsiones y, muy rápidamente, por decisiones en ambos lados de la frontera, se fueron excluyendo a muchas familias que intentaban cruzar, hasta llegar a más de 80 por ciento que fueron admitidos en junio.
Pero este patrón claramente no era sostenible. Los números de migrantes llegando a la frontera de forma irregular seguían demasiado altos para ser políticamente viables a largo plazo. Y ahora, con la administración Biden intentando aprobar una regularización a través de una medida presupuestaria, que se llama “reconciliación, que sólo requiere votos de la mayoría demócrata —un esfuerzo aún incierto, pero importante— ya no querían el espectro de la migración irregular tan visible en la frontera.
Pero las soluciones aparentes que están buscando con el gobierno mexicano parecen, en momentos, un giro de 180 grados. Ahora están enviando los migrantes expulsados hacia Tabasco y Chiapas, con poco acceso en algunos casos a protección humanitaria (que sólo algunos, más no todos, merecen, pero todos tienen derecho a pedir). Y se están considerando algunas medidas más, no tan distantes de las que se diseñaron durante la administración anterior.
No nos queda claro por qué el gobierno estadounidense no está haciendo lo obvio: abandonar el Título 42 y regresar a procesos de deportación, con la oportunidad de pedir asilo si el caso lo amerita, lo cual llevaría a regresar la mayoría a sus países de origen en poco tiempo y sí tendría un efecto disuasivo, pero con un proceso más claro y justo.
Sin embargo, también hay que reconocer que la administración Biden, con todos sus vaivenes en la frontera y la incertidumbre sobre el rumbo que persiguen, sí está buscando una regularización de una población amplia de indocumentados ya viviendo en Estados Unidos, y ya se redujeron las deportaciones de los indocumentados que han vivido un largo tiempo en Estados Unidos. Y finalmente, si bien parece que hay un giro dramático en la frontera —y en parte sí lo hay— también es cierto que la administración Biden tiene una propuesta a largo plazo que sigue en pie para generar mayores posibilidades de migración legal y atender las causes que fomenten la migración forzada.
Así que hay giros y no giros, endurecimiento y apertura, cortoplacismo y visión estratégica, todos conviviendo al mismo tiempo en esta materia de política migratoria, un tema que siempre requiere de balanzas y equilibrios, y siempre está sujeto a las presiones políticas del momento.