En uno de sus mejores discursos dado el 24 de julio a propósito del natalicio de Simón Bolívar, López Obrador perfiló una idea que podría constituir un nuevo esquema regional al proponer “construir algo semejante a la Unión Europea”. La sola idea no es nueva pues desde el debate en torno al TLC en 1994 (Tratado de Libre Comercio), se hablaba ya de que México junto con Estados Unidos y Canadá podrían perseguir un proyecto de ese calibre.
Obviamente no ocurrió y todos sabemos que ese proyecto se limitó a un acuerdo comercial. No obstante, en esta ocasión, la sola idea dicha por primera vez por el propio Presidente abre las puertas a un debate de lo posible y de lo inimaginable siquiera. ¿Lo diría en serio o de manera meramente poética? Porque plantear un pacto al estilo Unión Europea supone, de entrada y como primer fundamento, la libre movilidad humana, es decir, que todos los miembros de la región que compone dicha alianza tienen libertad de movimiento más allá de sus fronteras en condición de iguales, reconocimiento a sus derechos e incluso ejercicio de su condición de ciudadanos, poder votar y ser votado. En un esquema así, nadie pierde su singularidad y todos ganan al ampliar su geografía nacional.
Sin embargo, esta idea que lanzó el Presidente es contraria a las acciones que estamos viendo en torno a las negociaciones, acuerdos y propuestas públicas que expresaron los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores a propósito de los recientes encuentros de alto nivel llevadas a cabo en la Ciudad de México el 10 de agosto, que reunió a funcionarios estadounidenses como Alejandro Mayorkas, Jake Sullivan y Juan González, todos encargados de temas de seguridad nacional de su país, con funcionarios mexicanos, no solo del área diplomática sino de instancias como Marina, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y un par del área jurídica de presidencia. Entre otras cosas, la reunión, se nos dijo, buscaba analizar los crecientes flujos migratorios irregulares en la región y hablar de la seguridad en la frontera. Además, se retomó la idea aquella de invertir para generar condiciones de desarrollo en los países de origen, que suponen impedirá la migración forzada. Pero esto ya lo hemos oído, primero, desde la toma de posesión del Presidente López Obrador, después, como una promesa de Trump en el poder y más recientemente, cuando arrancó su Gobierno Biden. ¿Por qué los funcionarios estadounidenses tendrían que revisar los datos de los migrantes de nuestro territorio nacional? ¿Por qué tiene que saber detalles de nuestras fronteras? ¿Por qué no hacen ya su parte de invertir en los países de la región para apoyar el desarrollo que ofrezca condiciones económicas a quienes optan por migrar? El detalle aquí es que esta perspectiva no va en el carril de la propuesta que expresó el Presidente López Obrador de generar una región unificada y más bien, coincide con la perspectiva de contención migratoria que de alguna manera se confirma dado el perfil de los asistentes a la reciente reunión liderada desde Relaciones Exteriores.
Cuando Trump impuso aquello de “migrantes o cuello” amenazando con imponer aranceles a productos mexicanos recién iniciado este Gobierno, quedó claro que el discurso de López Obrador de dar la bienvenida a quien tocara suelo mexicano no era viable y la realidad se impuso al idealismo. Trump se fue y llegó Biden y lo difícil de entender ahora es que el escenario sigue siendo muy parecido, aunque se agradece que no haya gritos y amenazas públicas. Aun así, mucho de lo que se ve en política migratoria da la impresión de que México está alineado a los intereses de Washington al dar continuidad a su política migratoria. Pero ojo, no se trata de decir que México se somete en este tema, para nada, de este lado tampoco hay que empujar mucho para que la visión de la contención migratoria prive no solo en funcionarios y políticos, sino incluso en gran parte de la población, lo que explica que no haya demasiada resistencia a la política que pretende gestionar los flujos de manera “ordenada, segura y regular”, como si quien migra de manera forzada quisiera hacerlo en medio de peligros, carencias y sin haber organizado el trayecto.
De esta manera, así como sabemos que los estadounidenses no tienen amigos, sino socios, clientes y aliados, tampoco hay que olvidar que para ellos el tema migratorio es un asunto de política interna aunque este fuera de sus fronteras, por lo que hasta que no tengamos más detalles de lo que implica este nuevo planteamiento en la relación entre ambos países, podemos celebrar que haya acuerdos, buenos tratos y promesas de integración regional en igualdad de circunstancias, pero a lo mejor, solo por precaución, hay que mantener el as bajo la manga de la propuesta que en su momento hizo el mismísimo Presidente de soñar con una región latinoamericana donde el pasaporte entre países deje de tener sentido de control migratorio y solo sea un documento de celebración de la propia identidad nacional.