En los últimos años, varios autores y analistas habían intentado dejar atrás la famosa frase que inmortalizó el periodista británico —nacido en Brasil y radicado en México por varios años— Alan Riding con su libro titulado Vecinos Distantes: Un Retrato de los Mexicanos. Es evidente que Riding conoce bien México y comprende mucho mejor la compleja y tensa relación de nuestro país con los Estados Unidos. Después del TLCAN, la “Guerra contra las drogas” de Calderón en el marco de la Iniciativa Mérida y la reforma energética mexicana del 2013, parecía ser que los vecinos se habían acercado bastante.
El malinchismo de la tecnocracia mexicana en la era que unos denominan “neoliberal” acercó a México con Estados Unidos como nunca antes en la historia. La banca, empresas paraestatales y recursos naturales estratégicos de México —que se enmarcan de forma simbólica en el concepto de “Patria”— se vendieron al mejor postor. Y muchos de estos postores resultaron tener sus sedes o headquarters en los Estados Unidos. La crisis de la deuda de principios de los ochenta desembocó en un apego condicionado al Consenso de Washington, que hizo aún más dependiente a México de su socio, “amigo” y vecino del norte. La tecnocracia mexicana y su contraparte en Washington, así como parte del sector manufacturero mexicano y sobre todo las transnacionales estadounidenses que se beneficiaron mayormente por el TLCAN cantaron victoria. Los “vende-patrias” mexicanos de las administraciones de Calderón y Peña Nieto hicieron realidad los sueños de sus entonces “vecinos cercanos”.
Y todo esto no derivó en ganancias para la mayoría de los mexicanos. Así, la elección del 2018 en México se dio entre el descontento de gran parte de la sociedad con la élite política y las políticas llamadas “neoliberales”, al tiempo que representó una especie de cambio en el discurso sobre el modelo económico. En lo que se refiere al discurso oficial, por lo menos, pareciera que México dejó de ser tan dócil. También aparentemente decide negociar con su principal socio comercial sin ofrecer de inmediato los recursos naturales, ni una puerta abierta para el control geoestratégico en territorio mexicano por parte de las agencias antidrogas y de inteligencia del vecino país. México, con Andrés Manuel López Obrador como Presidente, detiene relativamente el avance meteórico de la reforma estratégica, cancela de alguna forma la Iniciativa Mérida (aunque continúa colaborando en temas de seguridad) y comienza a establecer algunos controles a la participación en territorio nacional de agencias de seguridad estadounidenses.
Esto comienza a incomodar al vecino del norte quien —aunque enfrenta retos geopolíticos aún mayores— decide reaccionar distanciándose con la actitud arrogante que le caracteriza. No sorprenden entonces los reportes de think tanks estadounidenses, de ONGs con financiamiento del país vecino, de la banca de inversión, y de otros actores influyentes que se enfocan en la relación bilateral, los cuales resaltan la problemática con México y muy en especial el problema de seguridad en el país, o mejor dicho el tema de los carteles que, según sus cifras, controlan poco más de una tercera parte del territorio. Otro tema que incomoda a nuestros vecinos es la nueva visión por parte de México con miras a la soberanía energética. Parecen algo lejos los años en que los burócratas mexicanos estaban dispuesto a vender todos nuestros recursos naturales en forma de materias primas y a consumir esos mismos recursos con valor agregado y a precio multiplicado.
Así, los principales puntos de presión parecen venir por el lado de la peligrosidad de los carteles mexicanos, la agenda de desaparecidos, la violación a los derechos humanos, la política migratoria y la supuesta necesidad de que México incursione en los mercados de energías limpias o renovables cuando la prioridad del Gobierno de la Cuarta Transformación es desarrollar el sector de las energías no renovables pues representan para el país menores costos —y quizás muchos más beneficios. La crítica hacia México, originada en el vecino país, va subiendo de tono y algunos actores bastante influyentes sugieren acciones unilaterales y presiones más directas por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Publicaciones recientes en prestigiosos think tanks estadounidense — y organizaciones sin fines de lucro enfocadas en temas de política pública o política exterior— nos llegan a hablar de que la colaboración en temas de seguridad con México no resucitará fácilmente y algunos incluso sugieren mantener sobre la mesa la posibilidad de designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esto parece preocupante considerando las implicaciones que ello podrían tener en la relación bilateral y en las acciones directas de los Estados Unidos en territorio mexicano.
Hace poco sucedió algo que nos dejó muy sorprendidos a muchos y que ilustra un posible distanciamiento entre vecinos. En un comunicado con fecha 4 de agosto, el Gobierno de Tamaulipas anunció que “Las Oficinas de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de Investigaciones en Seguridad Nacional (HSI), en el Consulado de Matamoros, otorgaron un reconocimiento al Director del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Policía Estatal de Tamaulipas, Arturo Rodríguez Rodríguez”. Esto parece increíble y dejó muy molestos a muchos en ambos países, quienes conocen y han investigado la trayectoria del GOPES (antes CAIET o Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas) y todas las supuestas tropelías, abusos y alegados crímenes cometidos por esta fuerza policiaca. Dicho grupo trabaja bajo el mando último del Gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien actualmente enfrenta un proceso de desafuero para ser juzgado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y presuntos vínculos con la delincuencia organizada, entre otros delitos.
Cabe destacar que miembros del GOPES han sido señalados por la propia Fiscalía General de Tamaulipas de participar en la masacre del 22 de enero en Camargo, la cual cobró la vida de 19 personas (la mayoría de ellos migrantes). Es sorprendente, por decir lo menos, que agencias clave del Gobierno estadounidense reconozcan la labor de quien comanda las tareas de un grupo de élite policiaco acusado de perpetrar crímenes múltiples e incluso masacres que nos remiten a acciones de delincuencia organizada transnacional. ¿Qué mensaje querrá dar con esto la administración de Jose Biden? ¿Intentará dar un mensaje o estará cerrando filas con una agrupación fuertemente cuestionada que claramente representa intereses estatales antagónicos al Gobierno federal? Es preciso recordar que el reconocimiento que se da a Arturo Rodríguez parece avalarlo el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento de Estado. En otras palabras, el reconocimiento se otorgó en un consulado estadounidense y fue extendido por la DEA y el HSI. Esto parece representar la postura del Gobierno del país vecino. La simbología detrás de este hecho se antoja complicada, pero aún no se debe anticipar nada.
Para algunos, todo lo anterior parece ser una afrenta o una señal inequívoca de que los vecinos siguen siendo muy distantes o, mejor dicho, de que los vecinos se están distanciando. Y debe tenerse bastante cuidado con esto. Estados Unidos sale de Afganistán y establecerá nuevas prioridades dentro y fuera de nuestro hemisferio. De cualquier forma, los vecinos se necesitan y Estados Unidos necesita a su vecino para enfrentar la actual situación migratoria en la región. México ha sido dócil en este sentido y ya comenzó a operar vuelos para repatriar migrantes centroamericanos.
Por el otro lado, están los señalamientos de supuesta pérdida de control de una tercera parte del territorio por parte del Gobierno mexicano y las propuestas de denominar a los carteles de la droga (o grupos criminales relacionados) como organizaciones terroristas internacionales con todo lo que ello conlleva. ¿Es aceptable esto para el pueblo mexicano? ¿Seguirá siendo nuestro país.