Lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el resultado de la consulta ciudadana que se realizó el domingo 1 de agosto, para saber si los ciudadanos mexicanos participan de la decisión de “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”, “no descarta la posibilidad de que haya juicios, la autoridad tiene en todo momento derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos, eso queda abierto.
“La consulta más que nada era para iniciar procesos, siempre y cuando se lograra que fuese con una participación del 40 por ciento, y de esa manera vinculatoria”.
Entonces, no hay razón para que, acusados como son por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los expresidentes de la República, si la presidencia tiene pruebas de los dichos del mandatario nacional, sean investigados conforme a derecho.
La votación de la consulta, como ya se sabe, apenas llegó al 7.74 por ciento de participación ciudadana, con lo que no es vinculatoria. Pero, como se sabía también antes de la consulta, ello no exime de investigación a quienes en el pasado cometieron abusos, actos de corrupción, o se aprovecharon del poder en beneficio propio o de los suyos. Eso, debería investigarse y punto.
Pero no, ahí está el presidente Enrique Peña Nieto, libre, impune, de los señalamientos que en campaña le hizo el propio López Obrador, y también sus secretarios y principales colaboradores se mantienen en la impunidad. A excepción de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social, y quien fue colaboradora también del hoy presidente de la República, no hay otro en prisión.
El caso de Emilio Lozoya ha servido solo para ser un ejemplo de lo que es ser impune. Señalado en el sexenio pasado de corrupción, investigado entonces y ahora, llegó a un acuerdo con las autoridades y permanece en libertad, a pesar que tanto la Fiscalía General de la República, como la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de hacienda y crédito público, le han iniciado investigaciones por corrupción en el caso Odebrecht.
El presidente López Obrador, dijo, un día después de la desairada consulta, que tales resultados no eximían de investigación a quienes hayan abusado del poder en el pasado, y en esas condiciones, respondiendo a sus constantes acusaciones, está obligado a presentar las denuncias de lo que haya encontrado al recibir la administración pública nacional. No hacerlo, será caer en lo que tanto ha combatido en el pasado, al menos en el discurso: la impunidad.
La fiscalía general de la República, comandada por Alejandro Gertz Manero, haya votado o no en la consulta del domingo, es la institución que está obligada también, a llevar a cabo esas investigaciones. No hacerlo, lo hará también cómplice de la corrupción y la impunidad en México.
Como primer gobierno de la República de la izquierda, del encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se esperaban y se esperan, para la segunda mitad de su sexenio, cambios que vayan más allá de la forma de hacer gobierno, redireccionar presupuestos, o cambiar de proyectos, que sea un gobierno que combata de manera frontal la corrupción, y para ello, y ahora sabemos que esta consiente, no requiere de consultas, tanto como de ejercer el Estado de Derecho, que lleve ante la justicia a quienes minaron las arcas nacionales, transaron con el poder, abusaron de su posición, o se corrompieron en la estructura de la administración pública.
El presidente López Obrador aun tiene tiempo de llevar, poder, espacio y estructura, para denunciar a quienes en el último o en los sexenios anteriores, cometieron actos ilegales en detrimento de la sociedad mexicana y las instituciones públicas. Su discurso aquel de no buscar venganza o perder el tiempo investigando a los que le antecedieron, ha quedado rebasado por el diatriba que tan seguido expresa para señalar a los expresidentes de haber dejado un país minado, plagado de corrupción.
Poco más de siete millones de personas votaron por el sí el domingo 1 de agosto, López Obrador está obligado, a responder con actos de justicia a los ciudadanos que atendieron su llamado y el de su partido Morena para acudir a las urnas de la consulta y hacerse partícipes.
Ya no caben los pretextos, el presidente lo sabe, el fiscal general también, están obligados a terminar con la impunidad. Pero no con discursos ni con arengas mañaneras, sino con pruebas, procesos ministeriales y juicios. A México le hace falta ese cambio, y el presidente, está en deuda.