El Estado soy yo. Esta expresión atribuida al soberano absolutista Luis XIV, bien podría ser el lema del actual presidente colombiano Iván Duque que, con mucha frecuencia, confunde lo público con lo privado, tomando decisiones a capricho personal, hiriendo de gravedad los cimientos del Estado de Derecho.
Cito, a manera de ejemplo, algunas perlas de entre las muchas que nos ha brindado. El viernes 3 del presente mes, se conoció la decisión de la Corte Constitucional que vetó por inconstitucional la ley mediante la cual el Congreso aprobó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. La Corte explicó lo que ya muchos tratadistas y analistas habían advertido: esa ley significaba la modificación de la Constitución que establece que no hay penas irredimibles; echa por tierra un supuesto de nuestro sistema penal que es la resocialización del delincuente y, además, tiene un efecto contrario al que supuestamente se buscaba.
En efecto, en la ley ordinaria para esos delitos se prevén penas de hasta 60 años; con la que se aprobó, a los 25 años de pena cumplida puede ser revisada y ordenada la libertad del delincuente, con lo cual en la práctica la tal cadena perpetua resulta más benévola que la ley existente.
Pero lo grave es que el presidente, cabeza del Ejecutivo, salió inmediatamente, violando las bases del Estado de Derecho, a contradecir la decisión de la cumbre del poder judicial como es la Corte Suprema de Justicia, para afirmar que la Corte estaba premiando a los delincuentes, que había dejado a los niños desprotegidos y otra cantidad de “razones” que adornaban su demagogia sensiblera para parecer el héroe de la niñez.
En otro evento, como ya tuve oportunidad de señalar, el presidente se desplazó a Santa Marta a imponer la Cruz de Boyacá, máxima distinción que otorga el Estado, a Sergio Díazgranados, recientemente elegido -con apoyo del gobierno- como presidente del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), miembro de una familia de políticos de derecha de la costa caribe colombiana.
Lo anormal es que el presidente ni siquiera por cortesía llamó al gobernador ni a la alcaldesa de esa ciudad porque son de izquierda, antiuribistas declarados y quienes llegaron al poder barriendo en elecciones a la casta política del condecorado, enquistada en el poder desde hace décadas.
No contento con eso, impuso la condecoración en una hacienda de esa familia y quien invitaba al evento presidencial era la hacendada como si fuera un guateque privado, contradiciendo la tradición republicana de hacerlo en ceremonia solemne en el Congreso. Ahora ese gobernador -Carlos Caicedo-, con orígenes en una organización guerrillera que se desmovilizó en 1991, desairado y desprotegido por el presidente, ha debido salir del país por amenazas a su vida.
El gobierno nacional no ha levantado un dedo para proteger la vida e integridad de este servidor público de elección popular, al que no soporta porque barrió en una contienda libre y legal a la clase política que apoya al presidente. Así las cosas, el gobernador acudió a los organismos internacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se pronunció: da 10 días al Estado colombiano para que informe las medidas de seguridad que ha adoptado para proteger la vida del gobernador.
El gobierno no tiene facultades para escoger a qué ciudadanos protege su vida; su obligación es proteger y garantizar la seguridad de TODOS los ciudadanos, con mayor razón de quienes dan pistas ciertas del peligro que los amenaza; desde el primer momento, el gobernador denunció haber recibido amenazas del Clan del Golfo, una banda criminal con tentáculos amplios en todo el país; la prensa nacional en varias oportunidades ha difundido información que da cuenta del control de amplias zonas de ese departamento por remanentes de antiguas organizaciones paramilitares.
Hace unos meses, una pareja de ambientalistas fue asesinada el día después de su boda en circunstancias que apuntaban a la autoría de estas organizaciones y, aún así, ¿el gobierno desestima una denuncia como esa en lugar de asumirla como alerta temprana para conjurar el peligro?
En esa misma línea de conducta, el presidente acaba de nombrar como codirector del Banco de la República a Alberto Carrasquilla, quien renunció al ministerio de Hacienda presionado por el estallido social que provocó su inequitativa propuesta de reforma tributaria que grababa a la clase media y a los más pobres en medio de una pandemia que ha empobrecido a tantos. Sobre él pesa también la acusación de que como ministro de Hacienda de Álvaro Uribe, en 2010, ocasionó el endeudamiento que aún arrastran los municipios más pobres con unos “bonos de agua” con los que lo acusan de haberse enriquecido. Con ello no sólo da una bofetada a quienes obligaron a su renuncia sino que rompe la independencia del banco emisor -mandato constitucional- y afecta la equidad de género puesto que Carrasquilla reemplaza a una funcionaria. Pero el presidente considera que a él sólo lo obliga su voluntad personal.
En el vergonzoso evento de los mercenarios colombianos en Haití, formados en el ejército con dineros públicos, es decir de todos los colombianos, ahora también con esos mismos fondos les estamos pagando abogados y asesores como si fueran héroes de la patria, mientras colombianos presos en cárceles de otros países por delitos menores no cuentan con ningún apoyo de nuestros consulados. Las encuestas que miden intención de voto para las elecciones del próximo año muestran la preferencia de los electores por la centroizquierda en repudio a esa forma de gobernar. Sólo falta que los candidatos de ese espectro político tengan la grandeza de deponer siquiera un poco sus egos para hacer posible una convergencia victoriosa.
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aarl