La política del presidente Gustavo Petro de paz total implica oferta de beneficios a quien entregue las armas, diga la verdad, repare a sus víctimas y se comprometa a no reincidir. Hasta ahí, nada distinto a la del expresidente Juan Manuel Santos con las FARC.
La diferencia estriba en que ahora propone negociar no solo con grupos armados políticos -ELN- sino con grupos criminales de todo tipo; con un problema adicional para Petro, y es que en el Gobierno del expresidente Iván Duque, la situación de seguridad se deterioró de tal manera, que los grupos criminales se han multiplicado y copado más territorio.
Según el senador Ariel Ávila, aliado de Petro, cuando Duque llegó al poder en el 2018 las disidencias de las FARC operaban en 56 municipios; hoy lo hacen en más de 120; el ELN actuaba en 99, hoy en más de 160; las bandas remanentes de los paramilitares estaban en 57 municipios y hoy están en más de 280.
En ese cuatrienio, el odio sustituyó a la razón y el énfasis se puso en sabotear el proceso de paz y buscar la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro. Y mientras en el exterior, donde sabía que sería de buen recibo, presentaba informes sobre cómo estaba implementando ese acuerdo, adentro lo boicoteaba. Fuerza pública y fiscalía se ufanaban capturando algunos jefes de esas bandas criminales sin que eso las disminuyera porque los jefes fueron prontamente reemplazados y ahora tenemos bandas de tercera generación.
Así las cosas, hoy Colombia busca cerrar el ciclo de violencia política, que espera lograr con la desmovilización del ELN, con el cual se encuentra desarrollando conversaciones en Venezuela y empezar a cerrar el ciclo de violencia criminal.
Ávila señala algo que no por sabido es menos preocupante: ante el hecho de que en el Gobierno anterior bombardeos de la fuerza pública ocasionaron la muerte de niños, pese a que se dice que la inteligencia militar conocía esa presencia, Petro prometió en su campaña y lo hizo una vez elegido: no habrá bombardeos sin antes cerciorarse de que no haya niños o civiles en el perímetro.
Además, dio de baja a 50 altos oficiales, muchos de ellos generales, entre Ejército y Policía, porque sobre ellos pesaban acusaciones de violaciones a derechos humanos o graves indicios de corrupción.
Desde hace rato la prensa viene informando de malestar en los cuarteles, de prácticamente parálisis u operación tortuga en las operaciones militares con la justificación de que no pueden tener la información perfecta sobre presencia de civiles en zonas de operaciones.
El Presidente nombró como ministro de Defensa a un abogado que llevó a cabo como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia las investigaciones de la parapolítica, que llevaron a la cárcel a 26 senadores y otros políticos hasta llegar a 51, todos afectos al expresidente Álvaro Uribe.
Ese magistrado -Iván Velásquez- estuvo a cargo de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala que puso contra las cuerdas a la clase política corrupta de ese país: “Llegamos casi al núcleo del problema de la captura del Estado guatemalteco... Tocamos fuertemente la impunidad del poder”, dijo Velásquez cuando fue prácticamente obligado a abandonar Guatemala.
Pero los malos resultados militares le pasan factura atribuyéndole a su incapacidad, la mala situación de la fuerza pública. Hay que mencionar que la corrupción allí es abismal. Precisamente cuando Petro lo nombró en el cargo lo hizo con la orden expresa de que acabara con la corrupción. Ariel Ávila da como ejemplo la minería ilegal: el Ejército les quema una draga y al día siguiente tienen 10 más que necesariamente tuvieron que entrar por los ríos tomados por el Ejército.
Cuando a Ariel Ávila se le pregunta si cree que hay que cambiar al ministro de Defensa, de entrada da un “NO” dubitativo pero, a renglón seguido, dice que es un buen hombre (no es esa la pregunta), que lo quisiera ver como fiscal general de la Nación. No, pero sí: “Creo que él haría un gran papel como fiscal, por ende creo que él va a ser un ministro de tiempo corto, pero creo que para asuntos de transparencia, de lucha contra la corrupción, él es un hombre adecuado… Pero sí que hay que acelerar el tema del garrote”.
Esto último, haciendo alusión en que la paz total se basa en el ofrecimiento de beneficios (zanahoria) pero la aplicación del garrote en caso de incumplimiento.
Ávila caracteriza la criminalidad con organizaciones de tercera generación, que tienen una dirección militar difusa, ya no de grandes capos, tipo Pablo Escobar, sino de cinco o seis en mando central, luego 50 en mandos regionales, cada mando pone plata para una fuerza élite que llaman Autodefensas Gaitanistas, y cada uno de ellos en su región cuenta con un ejército de sicarios y pandilleros, entre los cuales también se dan enfrentamientos. A lo cual hay que agregar que con la salida de las FARC los cárteles internacionales se impusieron.
Es urgente entonces que la política de seguridad avance en la apertura internacional; la absurda política de Duque hacia Venezuela llevó a que hoy tengamos 17 organizaciones criminales instaladas en la frontera y sin su cooperación, así como la de Estados Unidos, Panamá, Brasil, México y Ecuador, la política de paz total no será posible. Ni la guerra tampoco. Sin Estados Unidos no habrá ni paz ni guerra exitosas en Colombia. De ahí la importancia del acercamiento que Petro ha buscado y Biden ha respondido gustosamente.
Esperamos que pronto veamos, a la par de la implementación del Acuerdo de Paz y el avance de la política de paz total, a un Ejército respetuoso de los derechos humanos actuando con energía y eficacia contra la criminalidad.