La gran apuesta política del presidente colombiano Gustavo Petro es la paz. Dentro de ella cabría todo lo demás: reforma agraria, reforma educativa, pensional, todas estarían enmarcadas en esa gran propuesta: la paz.
A medida que iba perfilando su propuesta de Gobierno, Petro perfeccionaba la manera como entendía esa paz: con todos los grupos armados, con el medio ambiente, paz en las fronteras (reanudación de relaciones con Venezuela), una paz con rostro indígena, negro y campesino: la Paz Total.
En el 2021 hubo un estallido social en el cual se destacaron los estudiantes y, entre ellos, los llamados la “primera línea” porque enfrentaban más organizadamente la represión y en medio del caos dirigían la protesta. La brutalidad del Esmad (policía antidisturbios) dejó varios muertos, estudiantes heridos, algunos perdieron uno o ambos ojos. Hay filmaciones que muestran a civiles protegidos por la Policía que disparaban a los manifestantes.
Fue tan malo el manejo del expresidente Iván Duque de ese estallido social y tan buena la lectura que de él hizo Petro, que con razón se dice que el exmandatario fue su gran elector. Puede decirse, sin exageración, que esas protestas le abrieron al hoy Presidente el camino al triunfo y debe sentir, con razón, una inmensa gratitud hacia esos jóvenes. Desde luego que también por parte de los manifestantes hubo excesos y se infiltraron delincuentes comunes -en realidad habría que mirar si hay alguna actividad en Colombia en donde no se hayan colado delincuentes comunes- pero la gratitud del Presidente va dirigida a los jóvenes que no cometieron delitos en esas marchas y que comparten sus ideales e idea de país.
Casi inmediatamente después de su toma de posesión, el presidente Petro hizo un llamado público a la Fiscalía para que liberara a esos jóvenes. Ese llamado sonó como orden a la Fiscalía y prendió las alarmas no solo de la oposición sino también de algunos simpatizantes porque significaba una intromisión de la cabeza del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, es decir, ataca en su esencia al Estado de Derecho, que no puede concebirse sin la separación de poderes.
Así que, lo que se pensó como un alivio en la situación de los protestantes, acabó siendo un problema grave que tiene al ministro de Justicia, un jurista de muchos quilates, haciendo malabares para explicar lo que debe ser: separar a los condenados por delitos cometidos en el marco de las protestas, de quienes no los cometieron ni han sido sentenciados como culpables y que, por tanto, como sería para cualquier ciudadano, es irregular su permanencia en la cárcel.
Pero el Presidente le puso otra arandela al asunto: dijo que los nombraría gestores de paz dentro de su gran plan de Paz Total y no queda claro de qué manera podrían ejercer ese rol.
Dicho esto, es decir, que me parece que el Presidente no tiene autorización constitucional para darle órdenes al Poder Judicial, hay que señalar que quienes desde la derecha se espantan por la propuesta de Petro de hacerlos gestores de paz, aceptaron gustosos las maniobras del expresidente Álvaro Uribe cuando ordenó la liberación de guerrilleros activos precisamente para nombrarlos gestores de paz en su proceso de negociación con los paramilitares.
Hay que recordar que en el año 2007, una orden del entonces presidente Uribe hizo liberar de la cárcel de seguridad en que se encontraba al llamado canciller de las FARC, Rodrigo Granda, evacuándolo de ahí en helicóptero de la Policía, como personaje de especial aprecio por el Gobierno, porque el presidente francés Nicolás Sarkozy se lo había solicitado como un gesto ante la organización guerrillera para buscar la liberación de Ingrid Betancur, ciudadana colombo-francesa, que se encontraba secuestrada por esa organización.
Granda fue conducido a la Conferencia Episcopal que tantos aportes ha hecho a la paz, donde permanecería para facilitarle su labor de mediador con la guerrilla.
También hizo Uribe una propuesta de liberar masivamente a presos de las FARC si estas liberaban a 56 militares y políticos colombianos y a tres estadounidenses que tenían secuestrados. No fue ése el único caso. En el año 2009, Uribe nombró gestora de paz a alias Karina, una guerrillera de las FARC que se entregó al Ejército cuando éste la tenía completamente rodeada, después de 24 años de militancia en ese grupo armado. Es decir, no tomó libremente la decisión de dejar las armas.
En el presente año, Karina fue condenada por la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín por los delitos de secuestro extorsivo agravado, desplazamiento forzado, homicidio, hurto, reclutamiento forzado de menores y violencia basada en género, que dejaron 4 mil 500 víctimas.
Otro caso de excarcelaciones ordenadas por el Poder Ejecutivo: siendo presidente Uribe nombró a 2 mil exparamilitares como auxiliares cívicos de convivencia “para realizar tareas de observación y acompañamiento en labores cívicas”. ¿Qué quería decir eso? El Presidente no sintió la necesidad de explicarlo y la aplastante mayoría con que contaba en el Congreso tampoco se sintió en el deber de preguntarlo.
Las excarcelaciones ordenadas por Uribe y las solicitadas por Petro no transcurren por las vías de la democracia, pero hay una diferencia muy grande entre jóvenes sobre los cuales no pesa ningún delito y personas sobre las cuales pesaban varios de los más graves que contempla el código penal.