Así aparece la procuradora general, cabeza del Ministerio Público, en su afán de detener el avance en las encuestas de Gustavo Petro, en el caso que cito aquí, suspendiendo al alcalde de Medellín, aliado del candidato de izquierda.
El martes pasado, el alcalde de Medellín, de notoria simpatía por ese candidato, lanzó un tiktok en el que aparece metiendo primera velocidad para poner en marcha un vehículo mientras dice: “el cambio, en primera”. Era fácil interpretarlo como respaldo a esa candidatura, que se promueve como la del cambio, y alusión al triunfo en primera vuelta de las próximas elecciones.
De inmediato, la procuradora general lo destituyó por participación indebida en política. Pero ocurre que en 2013 y también para frenar a Gustavo Petro, por ese entonces alcalde de Bogotá, el procurador de la época lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años, lo cual equivalía a acabar definitivamente con su carrera política. El sancionado respondió convocando manifestaciones -que resultaron multitudinarias- en protesta por la sanción y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Corte decidió que una autoridad disciplinaria como es la Procuraduría no tiene competencia para destituir a un funcionario elegido por votación popular y que esa potestad corresponde única y exclusivamente a los jueces. Así pues, la actual orden de la Procuraduría contra el alcalde de Medellín viola la Constitución porque las decisiones de esa Corte son vinculantes, como ha ocurrido en ocasiones cuando ha condenado al país por violaciones a estos derechos y ha tenido que pedir perdón y reparar a sus víctimas en acatamiento del fallo.
Como en decisiones anteriores, el Gobierno y la Procuraduría actúan a sabiendas de que pisan terrenos ilegales, pero en la esperanza de que cuando la sanción llegue ya los efectos de la trapisonda sean irreversibles. Ese fue el caso de derogar, apoyados en sus alfiles en el Congreso, muchos no reelegidos en las pasadas elecciones de marzo, la Ley de Garantías mediante una ley ordinaria cuando la Constitución exige hacerlo mediante una estatutaria. La Corte Constitucional reaccionó todo lo rápido que pudo y decretó la nulidad con efecto retroactivo, pero ya se habían apresurado a firmar 746 contratos por 6.5 billones de pesos, que va a resultar casi imposible recuperar, para aceitar la maquinaria electoral de su candidato.
Por eso, la Corte Constitucional está solicitando una reforma que permita, que en casos de violación flagrante de la Constitución (como el de la Ley de Garantías y la suspensión de alcaldes) ella pueda ordenar la suspensión transitoria mientras emite su fallo definitivo.
La reacción ha venido de distintas orillas: analistas políticos señalan la orden de la CIDH y resaltan que, a pesar de los múltiples pedidos a la procuradora para que por lo menos llamara la atención al presidente Iván Duque por su reiterada actuación como contendor de Gustavo Petro en la campaña y porque no sólo se negó a reconvenir al comandante del Ejército, General Zapateiro, por participar en política atacando a ese candidato, sino que lo respaldó, la procuradora no actuó. Varios presidentes en épocas anteriores llamaron a calificar servicios a su ministro de defensa cuando éstos eran militares, por intervención en política. En respuesta, la cabeza del Ministerio Público se abstuvo de actuar y en cambio ahora actúa de manera drástica e ilegal.
En un gesto que lo enaltece, Sergio Fajardo, cuarto en la intención de voto y cabeza de la coalición de centro que muchos esperarían se aliara con Petro, señaló: “aquí ha habido política descarada del presidente Duque para abajo durante meses… La procuradora, amiga del Gobierno, reaccionó en forma selectiva y torpe violando lo determinado por la CIDH”.
Ha despertado otra reacción, un verdadero tiro en el pie para la procuradora: le han regalado un lema carismático a la campaña de Petro; las redes se han inundado con TikTok que muestran personas accionando los cambios en un carro mientras dicen “el cambio en primera, ahora”. Y, según informaciones en los medios, la intención de voto por Petro en Medellín, se ha catapultado.
Medellín es la ciudad natal del expresidente Álvaro Uribe, del presidente Duque y del candidato Federico Gutiérrez, que sólo ahí supera en intención de voto a Petro. En el resto del país el candidato de izquierda lo supera por 19 puntos. Aún no se conocen cifras que reflejen el impacto de la decisión de la procuraduría.
La ley ordena que en estos casos de destitución de un alcalde el Presidente debe escoger su reemplazo de lista que envíe el partido político del sancionado. En el caso de Ibagué, una ciudad de tamaño e importancia política no comparable con Medellín, su alcalde uribista fue sancionado simultáneamente para dar visos de imparcialidad. Allí sí cumplieron la ley para nombrar su reemplazo del mismo gabinete del anterior. En el segundo, nombraron a Juan Camilo Restrepo, exalto comisionado de paz hasta ese momento, de la entraña uribista. Otra violación más de la ley.
Errores en las campañas de Petro y de Sergio Fajardo han impedido su alianza a pesar de que son muchísimas más las coincidencias que los desencuentros. La personalidad del candidato de izquierda, camorrera y arrogante, tiene buena parte de responsabilidad en este absurdo que podría llevarnos, como en las elecciones que le dieron el triunfo a Duque, a otros cuatro años de gobierno de derecha porque los dos candidatos se negaron a unirse en segunda vuelta. Ahora, cuando un triunfo de centro-izquierda tiene posibilidades reales, muchos afi nes a la candidatura de Fajardo dicen que votarían por él en primera vuelta, pero por Petro en la segunda. Ojalá no sea tarde.