Cuando este artículo llegue hoy domingo a los lectores del periódico POR ESTO!, todavía no se habrá posesionado Gustavo Petro, el presidente electo de los colombianos. Pero se habrá concretado la gran esperanza de la paz, la promesa por la cual fue elegido.
Todas las demás: acabar con la corrupción, lograr la equidad racial, económica y cultural y el cuidado del medio ambiente -para hablar sólo de las grandes líneas generales de su gobierno- serán inexistentes si el país no logra parar la violencia de todos los tipos que se lleva nuestros mejores ciudadanos, impide la presencia del Estado en todos los rincones de la geografía nacional, no permite la llegada de servicios de salud y hace que la educación, en lugar de abatir las grandes diferencias sociales, las ahonde porque hasta el nombramiento de maestros calificados se hace imposible por el dominio de los grupos armados ilegales.
La semana pasada nos estremecimos al escuchar las audiencias de la Justicia Especial de Paz (JEP) en los macro casos de secuestro y falsos positivos. En el primero, los comparecientes fueron los excomandantes de las FARC y, en el segundo, los soldados que cometieron esos execrables crímenes. En ambos casos, de su reconocimiento y compromiso con la reparación y no repetición, depende que reciban penas alternativas a la intramural, como establece el Acuerdo de Paz.
La audiencia de falsos positivos se desarrolló en Ocaña, nororiente del país, a donde llevaron desde Soacha (Bogotá) a unos jóvenes con el señuelo de ofrecerles trabajo y luego los asesinaron para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, que se convirtió en referente de estos crímenes porque fueron los primeros que se conocieron gracias a la tenacidad de las madres. Las confesiones fueron desgarradoras: el exsoldado profesional Álex José Mercado le pide perdón a una joven presente en la audiencia sobre la muerte de su padre: “El día en que me lo entregaron a mí (para matarlo) él había salido a buscarle una torta de cumpleaños”.
Otros contaron cómo su comandante les dio un arroz chino en premio por haber dado de baja a un civil desarmado sin ninguna vinculación con el conflicto armado. Uno contó que le pidió a su víctima que se pusiera voluntariamente el camuflado para que su familia pudiera rescatar el cadáver en “buen estado”. Un soldado contó a los familiares de la víctima que cuando se disponía a asesinarla se le fue una ráfaga de ametralladora y lo decapitó. Fueron muchos más los relatos escalofriantes pero a pesar de que las víctimas, especialmente las madres, pedían que dieran nombres de quienes dieron las órdenes, los declarantes apenas mencionaron a mandos medios.
En el caso de los falsos positivos, los comparecientes fueron en su totalidad soldados rasos o suboficiales, mientras que en el de las FARC fueron los excomandantes. Aquí no hubo que averiguar quién dio la orden porque ellos asumieron la responsabilidad a nombre de la organización, empezando por su comandante Rodrigo Londoño “Timochenko”. La magistrada del caso sistematizó los casos en tres tipologías: el secuestro de soldados, policías y políticos por razones de intercambio, el secuestro extorsivo y el secuestro por control territorial, en el cual poblaciones y regiones enteras permanecieron bajo el yugo de las FARC, en ocasiones sometidas a trabajos forzados, lo cual ha dado pie a la acusación de esclavismo que los exguerrilleros se niegan a aceptar.
El encuentro con las víctimas y el relato de sus sufrimientos en el secuestro hizo que “Timochenko” dijera que había querido que la tierra se lo tragara. Una consecuencia importantísima es que los excomandantes, que ya en comparecencias anteriores habían abjurado de sus crímenes, en esta condenaron directamente la guerra concluyendo que en ningún caso tenía justificación.
Antes de estas audiencias, el informe de la Comisión de la Verdad (CEV) había mostrado la degradación social que produjo esta guerra sucia y nos interpeló a todos: “¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral?.. ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado?..¿Dónde estaba el Congreso, dónde los partidos políticos?... ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión (que abandonaba a la población) en manos de verdugos paramilitares?... ¿qué hicieron la mayoría de obispos, sacerdotes, y comunidades religiosas? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad? Hay un relato, en palabras del padre de Roux, presidente de la CEV, que resume el horror de este conflicto, en este caso bajo responsabilidad de los paramilitares, creados con el pretexto de defender a los pueblos asolados por la guerrilla: “Me impresionó escuchar a un niño relatar cómo se lo llevaron a la guerra en uno de estos frentes paramilitares y, a la semana de estar allí, trajeron a otro que se quiso escapar y delante de ellos los paramilitares le cortaron la cabeza. Hicieron que los 30 o 35 niños que estaban allí se la pasaran entre ellos. Dos niñas se desmayaron y entonces el jefe paramilitar ordenó que les quitaran el vestido y con la cabeza ensangrentada les recorrieran el cuerpo. De ahí los llevaron a comer”.
Ese informe es un espejo en el que hemos evitado mirarnos como sociedad pero que nunca más podremos evitar. Por eso el Educación designado, exrector de la Universidad de Los Andes, anunció que será enviado a todos los planteles educativos para ser estudiado y varios colegios privados se han sumado a esta iniciativa, para transitar, desde la infancia, el camino que permita dejar la guerra atrás.