Seis meses después de haber sido elegido con la propuesta de Paz Total como bandera principal, el Gobierno de Gustavo Petro está encontrando más tropiezos de los que en un principio era posible prever. Especialmente porque muchos de ellos provienen del grupo con el que, por suponer cercanía ideológica, esperaba mayor receptividad.
Las palabras con que el exguerrillero del M19 Otty Patiño aceptó el cargo de jefe negociador con esa guerrilla, retratan exactamente esa suposición: “Esta no es una negociación entre antagonistas”. Pronto tendría que aceptar que el asunto no era tan fácil como había supuesto.
El desliz del presidente Petro minutos antes de terminar el año 2022, anunciando que se había acordado el cese del fuego bilateral con esa guerrilla, es consecuencia de lo mismo: dar por hecho que luego de los abrazos del primer encuentro, estaban todos en el mismo barco. La decepción llegó pronto: el comandante de la guerrilla dijo, en tono retador, que ellos no había firmado, que ese requisito era indispensable para aceptar que había algún acuerdo y que ya se verían en la mesa de diálogo.
Ya vamos por la segunda ronda de negociaciones y todavía no tenemos cese del fuego. Las palabras de Pablo Beltrán, jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional (ELN), no dejan lugar a dudas: “La mesa (de negociación) no es infalible, es la comunidad la que ratifica todo… Sólo habrá paz verdadera cuando sean las comunidades las que definan su destino”.
Hay que preguntarse: ¿hasta dónde se entiende que “las comunidades” han ratificado TODO? ¿Se referirán a las de su zona de influencia? ¿Las asambleas populares con carácter vinculante que realizó por todo el país el Departamento Nacional de Planeación, dirigido por un académico de izquierda, no alcanzan el aval del ELN para considerarlas participación de las comunidades, aunque sus conclusiones se hayan consignado en el Plan Nacional de Desarrollo? Han hecho hincapié en que “no van a desmovilizarse a las carreras”, que sólo lo harán “si va a haber una transformación radical y una gran alianza nacional”. Pero no sabemos cuál será esa alianza nacional en la que en principio todos estaríamos de acuerdo en aras de la paz.
De hecho, Gustavo Petro apenas elegido presidente, convocó a su archirrival Álvaro Uribe, al presidente de los ganaderos -de extrema derecha, quien precisamente participa en esa negociación y creó una alianza de partidos y movimientos que le han posibilitado hasta ahora la aprobación de la reforma tributaria y espera lograr lo mismo con la de la salud y las demás que deba someter a aprobación en el Congreso de la República. Pero al parecer eso no satisface las condiciones del ELN para firmar la paz o por lo menos decretar un cese del fuego.
Según Pablo Beltrán, en ese segundo ciclo en México “se acordará una agenda definitiva de negociación… y se encargará de los preparativos para acordar un cese del fuego bilateral…” Así que por ahora debemos despedirnos de un cese pronto. Mientras tanto, como otra bofetada a nuestras esperanzas, el ELN reconoció haber secuestrado a un suboficial del Ejército que “está recibiendo el trato que corresponde dentro del marco de los derechos humanos y de acuerdo a (sic) las realidades de la guerra que actualmente se vive en el departamento” como si el secuestro no fuera una violación de ellos.
Entretanto, el Alto Comisionado para la Paz, en texto presentado ante la Comisión de paz de la Cámara de representantes, informó el alistamiento de dos mesas de negociación con las dos disidencias de las FARC (Estado Mayor y la Nueva Marquetalia), el diálogo y cese al fuego con los grupos herederos del paramilitarismo: el Clan del Golfo, Los Pachenca, Los Pachelly, La Oficina y más de 12 grupos armados de alto impacto, así como el acercamiento con grupos urbanos, como en Quibdó, Buenaventura y Medellín con las bandas y grupos criminales de la región.
El temor es que esos importantes avances logren sobrevivir a los hechos violentos que esporádicamente crean algunos de quienes han firmado esos acuerdos. El ELN, con razón, exige se le dé trato especial como organización política y así lo viene haciendo el Gobierno, pero que después de lo que hemos oído en la aceptación de responsabilidades de excomandantes de las FARC en la JEP, su conmoción al ver la magnitud del sufrimiento que ocasionaron con el secuestro a tantas personas ajenas al conflicto, que viola de manera masiva y sistemática los derechos fundamentales, y lo difícil que les ha resultado acceder a su perdón, es difícil entender que el ELN, en medio de una negociación de paz, continúe secuestrando.
¿Cuántas comunidades de esas que el ELN busca poner en el centro de su negociación han resultado afectadas por el secuestro? Este es un delito que victimiza no sólo al secuestrado y su familia, sino también a su entorno social considerado de manera amplia y no contribuye en nada a la imagen que esa guerrilla quiere proyectar de representante de los anhelos más caros de ellas.
Yo veo convicción sincera en Pablo Beltrán y Antonio García, máximos representantes de esa organización en los diálogos de paz, cuando hablan de su compromiso con las comunidades, pero creo que es hora de ser realistas y mirar objetivamente si las acciones del ELN, a pesar de sus buenas intenciones, contribuyen a una mejor vida para ellas o si, por el contrario, someterlas a una cotidianidad de guerra las está condenando a una realidad de atraso y zozobra o, peor aún, de muerte.