El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, llegó al poder con la bandera de la Paz Total. Ella engloba un ambicioso proyecto de negociar el cese al fuego y el desarme de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en el año 2016 habían firmado un Acuerdo de Paz y desmovilizado a 16 mil combatientes, y varios grupos armados muy vinculados con el narcotráfico y a los cuales no les reconoce ideología política.
El Presidente se comprometió además a implementar el Acuerdo de Paz, que en el Gobierno anterior sobrevivió gracias a la firmeza de los desmovilizados porque desde un inicio Iván Duque, el presidente de ese entonces, hizo todo lo posible para desmontarlo. Desperdició los dos primeros años de su Gobierno en tratar de desarticularlo mediante objeciones presentadas al Congreso de la República, afortunadamente rechazadas.
La Corte Constitucional ratificó que lo firmado con las FARC tenía valor constitucional porque así había quedado establecido en el documento final que firmaron el Presidente de la República y el comandante de esa guerrilla, luego ratificado por el Congreso. La Corte Penal Internacional, por voz de su Fiscal General, había dictaminado que ese pacto no significaba impunidad, porque incluía la creación de una corte de justicia restaurativa -la Justicia Especial para la Paz (JEP)- y que el centro del proceso eran las víctimas y la verdad. Pero el presidente Duque insistió hasta el fin de su mandato en torpedearlo, insistiendo en una frase socarrona: “Paz sí, pero no así”.
Así que luego de ese periodo cuasi perdido, la llegada del primer presidente de izquierda, además exguerrillero, despertó las esperanzas en que la implementación del acuerdo de paz tendría ahora sí un desarrollo significativo. Pero las noticias de asesinatos de firmantes de paz siguen llegando, los medios de comunicación continúan trayendo noticias de líderes sociales víctimas de grupos armados y los espacios de Desarrollo y Paz de los desmovilizados son atacados.
El excomandante de las desmovilizadas FARC, hoy presidente del Partido Comunes, fundado luego de la firma de la paz, se ha reunido con el Presidente de la República, a quien considera un aliado en la causa de la paz, para pedirle protección para los líderes de su partido en las regiones.
Pero los hostigamientos y los asesinatos continúan y ya las quejas, antes mantenidas en el ámbito de las reuniones de coordinación con el Gobierno y con organismos internacionales, son planteadas por dirigentes de la antigua guerrilla abiertamente.
La dirección del Partido Comunes en el departamento de Antioquia, uno de los más prósperos del país, se quejó la semana pasada en un trino de seguimientos a la sede de su partido en Medellín (la capital), que continúan a pesar de haber sido reportados a la Policía.
Y el excomandante máximo de las FARC, Rodrigo Londoño (antes conocido como Timochenko), se vio obligado a hacer pública su queja al Presidente de la República: “Han asesinado a Rigoberto Mendoza, fi rmante de paz y presidente de la Junta de Acción Comunal de Bajo Londres. La política de Paz Total no puede ser patente de corso para que los armados atenten contra la población civil y en proceso de reincorporación. Así no se construye paz”.
Van 380 firmantes de paz asesinados. ¿Será posible que la cuenta siga, ante los ojos de todos, sin que nada pase?