SACRIFICADA Y ABNEGADA POLICÍA. Mientras hace algunos días la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, presumía durante la firma de un convenio con la Comisión de Derechos Humanos, que la policía de Campeche es una de las más sacrificadas y abnegadas en el servicio público, lo cierto es que en este tema los campechanos siguen avanzando hacia el despeñadero.
Incluso al interior de la institución han quedado al descubierto acciones más que turbias que obligaron a la mandataria estatal a pedir la destitución de Stefan Reyes, uno de los más allegados a Marcela, involucrado en el desvío de los recursos para la compra de combustible, sin embargo una vez más la titular de Seguridad desacata las órdenes de la Gobernadora y mantiene a Stefan en la nómina de la dependencia.
TURBIO HISTORIAL. Stefan ha sido operador de Muñoz Martínez desde que se encargaban también de la seguridad en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México… Ya desde aquel entonces había denuncias públicas en las redes sociales por los malos manejos de recursos del erario, nulos resultados en el combate a la criminalidad e incluso la presunta colusión con una red delincuencial de cobradores de derechos de piso a comerciantes de esa demarcación.
Mucho se especuló en ese momento que se trataba de una célula que originalmente operaba en el barrio de Tepito, donde aseguran que le ofrecieron el control de varios negocios a Muñoz Martínez (los que aún conservaría) a cambio de permitirles expandirse a la Álvaro Obregón, pero antes como ahora, fueron acalladas las denuncias y arrojadas al cesto de la especulación sin mediar ninguna indagatoria.
LAS EVIDENCIAS DE LA FISCALÍA. Sólo que esta vez en Campeche, fue la propia Fiscalía General de la República la que confirmó que las abultadas cuentas bancarias de Stefan Reyes reflejan depósitos muy por encima de sus ingresos, al punto que en un grueso legajo de expedientes, habría las pruebas suficientes que obligaron a la titular del Ejecutivo a pedir el cese inmediato de Reyes.
Lo procedente ahora es la intervención de la Auditoría Superior del Estado, la denuncia contra Reyes y Muñoz ante la Fiscalía Anticorrupción y que la sacrificada y abnegada titular de Protección y Seguridad Ciudadana, comparezca por fin ante el Congreso del Estado y explique ¿por qué continúa solapando a Reyes? ¿Por qué sigue incontenible la escalada de violencia en la entidad? ¿Por qué los millonarios gastos para costear la ineficacia de su dependencia? Cuestionamientos que seguramente le costará mucho trabajo responder.
SIGUE MORENA DIEZMANDO AL CLAN DE POZOS. También le quitaron el poder al director administrativo del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud (Indesalud) Pedro Ramón Arceo Aguilar, funcionario del grupo cercano a Raúl Pozos Lanz, actual secretario de Educación en Campeche, que se ha caracterizado por los cuestionables manejos de los recursos públicos, aunque todavía se desconoce si habrá auditoría para Arceo Aguilar, el punto es que continúa el sistemático desmantelamiento de la camarilla de Pozos al interior del gobierno morenista, como también ocurrió con el director administrativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATCAM) Humberto Calderón Rullán, también muy amigo de Lanz y a quien le imputan irregularidades y desvíos de recursos. Así las cosas, siguen diezmando al clan de Pozos.
¡QUE NADIE SE MUEVA! Lo que se veía venir, llegó… Los concesionarios del transporte público no tomaron nada bien la reciente aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en el Estado de Campeche que deroga la anterior Ley de Transporte Público del Estado… Y de la polémica pasaron a la manifestación y el conflicto, y luego escalaron a la violencia y la agresión.
Sin embargo, la administración de la gobernadora Layda Sansores se ha mantenido firme en su decisión de una reforma a fondo del transporte en la entidad, luego de que por más de 30 años operadores de rutas y agrupaciones de taxis habían mantenido un inusual y monopólico control en la capital y el resto de los municipios. La nueva regulación abre la posibilidad a múltiples alternativas como la entrada de ADO Mobility, Uber y Cabify, lo que implicaría acabar con las prácticas de acaparamiento y centralización del transporte.
Aunque esto, obviamente afecta los intereses de muchos particulares y exfuncionarios acostumbrados a las dádivas y subsidios, aquellos que prefieren que todo continúe igual y ¡que nadie se mueva!
APROBADA LA LEY. La agresividad de los transportistas llegó al grado de amagar a la gobernadora la semana pasada, cuando le bloquearon el acceso al Palacio de Gobierno, desde donde transmite el Martes del Jaguar, finalmente pudo llegar a la emisión, pero fue necesario para la transmisión de este martes cambiar la sede de grabación del programa al domicilio particular de la mandataria, luego de que habían ocurrido los enfrentamientos con diputados locales, precisamente durante la aprobación en comisiones del dictamen de la citada Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Resultado: Con mayoría morenista quedó aprobada la normativa en medio del zafarrancho que protagonizaron concesionarios, choferes, directivos de taxis y socios transportistas, mayoritariamente de la capital del estado y los municipios de Champotón, Escárcega, Candelaria, Carmen, Calkiní, Hecelchakán y Hopelchén.
INAPELABLE. Lograr el desmantelamiento del grupo monopólico más grande que existía en la entidad, que fue el Frente Único de Trabajadores del Volante, durante el gobierno de Fernando Ortega Bernés e impulsar la creación del Instituto Estatal de Transporte, fue el primer paso hacia un cambio, que sin embargo se mantuvo frenado durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, pero ya resultó insostenible para el actual gobierno que, ante la inseguridad, ineficacia y falta de inversión real en el transporte público, optó por un cambio, para salir de este vergonzoso rezago frente a las otras entidades de la Península, Yucatán y Quintana Roo, cuya movilidad y conectividad se han puesto a la vanguardia. Así que Campeche estaba obligado a modernizar su ley de transporte y parece que lo ha conseguido de forma radical, contundente e inapelable.
¿Y EL PLURI BRAVUCÓN? Y quien aprovechó los disturbios para lavar un poco su desprestigio luego de mostrar su i n t o l e r a n c i a ante los grupos religiosos y la libertad de credo, fue el diputado morenista plurinominal, Héctor Malavé Gamboa, quien ahora se colocó el moño de víctima, presuntamente al ser agredido y golpeado por uno de los manifestantes frente a las puertas del Palacio Legislativo.
La verdad es que el enojo y la ira prevalecieron durante los reclamos de los transportistas, situación muy diferente a la marcha pacífica de los representantes religiosos el mes pasado, cuando precisamente Malavé se lanzó contra ellos, los confrontó, increpó y empujó para echarlos de las áreas aledañas al Congreso. ¿Dónde quedó ahora la bravuconería del diputado?
TERCERA LLAMADA. Y por tercera ocasión, Yolanda Cárdenas, la madre del exgobernador campechano y actual dirigente de los restos del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha sido llamada a comparecer ante autoridades judiciales, entre otros motivos, para declarar respecto a la compraventa de predios orquestada por su hijo cuando estuvo al frente del gobierno de Campeche y en la que habría usado a su madre como prestanombres. La actual gobernadora, Layda Sansores, lamentó desde su programa Martes del Jaguar, que Moreno Cárdenas haya implicado a su madre en este esquema de presunta defraudación y tráfico de influencias, que ahora la exponen a un proceso penal inminente.