Estos han sido días de gran agitación política en Colombia: aparecieron unos audios que probarían que Oscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial por el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, estuvo involucrado en el escándalo de Odebrecht y también parece probarse que Andrés Felipe Arias, el discípulo amado del expresidente, hoy preso por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro, recibía sueldo de esa empresa internacional.
A propósito de eso, Marcelo Odebrecht cuando lo señalaron de haber llevado a la corrupción a los políticos colombianos, se exculpó diciendo: “yo jamás corrompí a nadie, cuando yo los conocí, todos ellos ya eran corruptos”.
También se agitó el escenario político por las torpezas e indecisiones del ELN, que no tuvo inconveniente, mientras se llevan a cabo sus negociaciones con el Gobierno para llegar a un cese al fuego, en secuestrar a una Mayor del Ejército con sus dos pequeños hijos. El ministro de Defensa dio unas declaraciones precipitadas que no han tardado en cobrarle los medios de comunicación, diciendo que la Mayor cometió una imprudencia por haberse aventurado por ese camino, como si los colombianos no pudiéramos tener la confianza en que la fuerza pública tendría controlados por lo menos las vías más importantes del país. Ahí seguimos, esperando que esa guerrilla caiga por fin en la cuenta del rechazo que le tiene la mayoría de la población y que sólo podría conjurar con una firma pronta de su desmovilización. La Mayor y sus hijos fueron liberados.
Parece mentira que eso ocurra después de las experiencias de desmovilización del M19 y las FARC y la diferencia del éxito político de los primeros por haber abrazado la paz hace ya 34 años, y con muchas dificultades de aceptación en el caso de los segundos, que demoraron su inserción en la paz y todavía siguen castigados en las urnas.
Mientras más demoren su desmovilización, más se degrada la guerra y más fuertemente los castiga la ciudadanía por el sufrimiento que su terquedad les ocasiona.
En ese ambiente caldeado, las dos últimas semanas, un año después de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, la Justicia Especial para la Paz (JEP), creada, como la Comisión, en el Acuerdo de Paz con las FARC, ha ordenado excavaciones en el cementerio de Dabeiba (Noroeste del país, zona bananera creada para contrarrestar a los levantiscos sindicatos de la zona bananera de Santa Marta) y encontrado en una fosa común 78 restos óseos correspondientes a 49 víctimas de los mal llamados falsos positivos y desapariciones forzadas. Esto, gracias al reconocimiento que ocho altos mandos militares hicieron ante ese tribunal.
Desde hace aproximadamente dos años la JEP había ordenado, como medida cautelar, la protección de ese cementerio porque las víctimas que habían declarado aseguraban que allí estaban las pruebas de esa abominación que por más de ocho años perpetró el Ejército nacional.
La audiencia de reconocimiento fue realmente sobrecogedora. Hasta Dabeiba fueron los magistrados a escuchar, en el Coliseo del Pueblo, en audiencia formal, a los militares comparecientes en presencia de familiares y víctimas de las ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente denominados falsos positivos y de las desapariciones forzadas.
Las declaraciones de los militares fueron estremecedoras y dieron cuenta de cómo se creó una verdadera maquinaria del crimen en nuestra fuerza pública con macabra división del trabajo: unos eran los encargados de reclutar con engaños a las víctimas mediante falsas ofertas laborales, otros ejecutaban los asesinatos, otros eran los “físicos”, encargados de verificar que la talla de las botas que les ponían a los cadáveres fueran las adecuadas, que los uniformes fueran de su talla, etc; porque ya se habían presentado casos de cadáveres con las botas al revés o dos tallas más grandes que la del difunto, o uniformes en los que apenas si cabían; y otros se encargaban del papeleo para la justificación de los asesinatos como muertes en combate y organizar los premios a los perpetradores: permisos de salida, ascensos y hasta un arroz con pollo: con tan poco se cotizaba una vida humana.
El expresidente Uribe, en cuyos mandatos (2) se produjeron estos horrores, y tal vez preocupado porque su primogénito apareció salpicado en el escándalo de Odebrecht por esos mismos días, y porque el fantasma de la Corte Penal Internacional está siempre presente, salió a decir de inmediato que los militares lo habían engañado, que él nunca tuvo noticia de esos hechos. Pero como las redes son un archivo a perpetuidad, alguien revivió el video en el que el expresidente dice, leyendo un discurso, es decir, no una improvisación, no una imprudencia del momento, que los jóvenes muertos por el Ejército “no estarían recogiendo café”, que eran delincuentes. La justificación de la atrocidad que enlodó al Ejército nacional.
Ahora el presidente de la JEP anunció ante los medios de comunicación que ha llamado a comparecer a la cúpula de las FARC (10 exintegrantes) por crímenes de guerra y de lesa humanidad (toma de rehenes, homicidio y atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos).
Empezaremos a ver, ahora con sentencia judicial y todos los detalles, lo que por tantos años hemos sabido sobre nuestro degradado conflicto armado.
Ojalá el Ejército, oficialmente, pida perdón a sus víctimas directas y a toda la población, como primer paso para reconstruir su fuerza como una en la que los ciudadanos podamos confiar. Y ojalá el ELN tome nota.