Nada anuncia que el presidente Gustavo Petro esté en peligro de ser destituido por un golpe de Estado, ni que por las vías que prevé la Constitución, vaya a ser removido de su cargo. Pero es necesario preguntarse ¿tiene realmente el poder? Mirando las posibilidades de que ha dispuesto hasta ahora para implementar las reformas que prometió hacer para desarrollar su propuesta de Gobierno, asoman bastante nubarrones en el horizonte.
La Reforma Tributaria, para proveer recursos para su plan de Gobierno, fue aprobada, en gran medida gracias a que el ministro de Hacienda (Mauricio Cárdenas), un economista muy considerado en el nivel internacional, que debió pedir licencia a la Universidad de Columbia para aceptar el cargo, generaba tranquilidad en el empresariado, temeroso de que el Presidente exguerrillero llegara a expropiarlos. Casi inmediatamente después de esta aprobación, Petro decidió prescindir de sus servicios. Hay que reconocer que, en su paso por la Alcaldía de Bogotá, Petro no pudo construir equipos de trabajo estables; el cambio continuo de secretarios contribuyó a mermar los resultados de su gestión. Desafortunadamente, eso es algo que parece estar repitiéndose.
La Reforma a la Salud, que buscaba reforzar el componente estatal para garantizar la calidad del servicio, fracasó estruendosamente en el Congreso de la República. El talante de la entonces ministra (Carolina Corcho), una activista conocedora del sector, pero poco proclive a la concertación, fue un factor importante en la derrota. Pero no hay que olvidar que, si bien hay una amplia cobertura en la prestación del servicio -podemos decir que es universal- la desigualdad es abismal entre quienes están cobijados por el régimen subsidiado, o pertenecen al contributivo, pero en su escala más baja, y quienes pagan caro para obtener un servicio de mejor calidad, en los mejores establecimientos. Además, el Gobierno gira el dinero a entidades privadas -empresas promotoras de salud (EPS) que han vuelto la salud un negocio en su propio beneficio.
Luego del desgaste de sostener a una ministra capacitada pero más activista que dada a las alianzas y que despertaba muchas resistencias, el estadista debió prescindir de sus servicios y la reforma sigue engavetada.
También ha rechazado el Congreso las Reformas Agraria, Política, Laboral, Pensional, de reforma del Congreso y prohibición del fracking (sistema para extraer combustibles fósiles). La Reforma Agraria, manejada por una veterana exministra liberal de izquierda (Cecilia López), también removida más tarde por Petro, ha avanzado con una propuesta audaz de Petro de negociación de tierras con Fedegan, la asociación de ganaderos sobre la cual recaen sospechas de alianzas non sanctas con paramilitares.
Una vez rechazadas en el Congreso las reformas propuestas, el Gobernante declaró disuelta la coalición que armó una vez que ganó la Presidencia, en la cual participaban el partido Liberal, el Conservador, el partido Verde y personalidades de otras formaciones políticas que actuaban a nombre propio. Eso disminuyó su capacidad de maniobra política, aunque ahora, ante el escándalo desatado por la corrupción de su hijo, el presidente del partido Liberal (César Gaviria Trujillo) ha hecho expreso su apoyo a Petro para garantizar la estabilidad institucional.
El Fiscal General (Francisco Barbosa Delgado), contradictor del mandatario, denunció públicamente hace tres días que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que acaba de firmar un cese al fuego, tiene un plan para asesinarlo. No se reunió previamente con el Ejecutivo o con los comandantes de la Fuerza Pública. Tampoco informó al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego, que encabeza la Misión del Consejo de Seguridad de la ONU. El Jefe de Estado de inmediato se reunió con él para garantizarle todo el esfuerzo para su seguridad; el ministro de Defensa (Iván Velásquez Gómez) -junto con la cúpula militar y de Policía- también se reunió con él con el mismo objetivo; el delegado del Gobierno para los diálogos con esa guerrilla asistió a la Junta de Inteligencia Nacional, en la cual participan todas las agencias de inteligencia y no encontraron algún indicio de amenaza. Ante información semejante brindada por el Alto Comisionado de Paz, el Fiscal lo llamó “canalla”.
En un país donde abundan las amenazas de tan disímiles orígenes, no puede desestimarse ninguna denuncia, y menos, como en este caso, la hecha por el Fiscal General, pero hay que tener mesura en el análisis y evaluar el posible componente político de una amenaza que nadie, aparte de él, logra detectar a pesar de los esfuerzos.