El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le ha pedido a la Justicia Especial de Paz -JEP- ser aceptado como víctima, basándose en las declaraciones del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en las que anunció que le relatará a ese tribunal cómo las autodefensas -paramilitares- urdieron, supuestamente, un plan para evitar que él llegara a la presidencia del país.
La JEP, surgida del acuerdo de paz con las FARC, ejerce una justicia transicional, restaurativa, basada en el compromiso del compareciente con la verdad y la reparación de sus víctimas y sus penas, más leves, tienen el fi n de restaurar el daño infligido. Por eso el presidente le pide que escuche al exparamilitar en versión juramentada para que a partir de los hechos que relate “se adelanten diversas acciones distintas a las transaccionales”. Es decir, penales.
El presidente también le pidió a la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes que investigue al exfiscal Néstor Humberto Martínez porque, de acuerdo con Macaco, habría formado parte del complot. Así mismo, pidió a la Fiscalía investigar esos mismos hechos.
Macaco declaró que las autodefensas desangraron a Ecopetrol (la empresa más grande del país) con apoyo de políticos, que infiltraron y corrompieron a algunos magistrados de las altas cortes para manipular la elección de presidente de la república, fiscal general, congresistas, alcaldes y gobernadores. También dijo que Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema, se coludió con el exfiscal Martínez para impedir la llegada de Petro a la presidencia.
El asunto se complica porque la justicia de Estados Unidos acaba de multar a las empresas colombianas Grupo Aval y Corficolombiana luego de que esos grupos reconocieran ante la justicia de ese país haber pagado sobornos en Colombia para que les adjudicaran obras de infraestructura vial en la Ruta del Sol II. El citado por Petro, N. H. Martínez, era el abogado del dueño de esas empresas y luego pasó a ser fiscal general. Las voces pidiendo que se declarara impedido para investigar los posibles delitos de quien había sido su jefe, fueron desoídas. Él siempre tuvo la dirección de las investigaciones, aunque nombrara fiscal ad hoc para el caso.
Hay un antecedente muy delicado: el controller de Corficolombiana le confió a N. H. Martínez, cuando éste era el abogado de la empresa, que estaba viendo irregularidades preocupantes y éste le contestó muerto de la risa: claro, es una coima. Extrañamente, ese controller murió envenenado. El caso se quiso presentar como suicidio y una semana después su hijo murió también envenenado, luego de beber de una botella de agua que estaba en el escritorio de su padre.
El aniversario de la muerte del controller, casi al mismo tiempo de conocerse la condena en Estados Unidos, ha agitado la escena política.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado ha solicitado formalmente a Estados Unidos el envío de la sentencia para iniciar acciones ante la Superintendencia de Sociedades y las Cámaras de Comercio ya que, en la lucha internacional contra la corrupción, específicamente el soborno trasnacional tiene una penalidad que puede llegar hasta inhabilidad permanente para contratar con el Estado.
El presidente Petro informó que activó los mecanismos de cooperación jurídica con los Gobiernos de Estados Unidos y Brasil “para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”.
En estos momentos el exfiscal debe estar recordando los debates que el entonces senador Petro hizo en el Congreso sobre la corrupción de las empresas que él asesoraba, hoy condenadas en Estados Unidos