El martes 12 del presente mes en la noche, los habitantes de una pequeña localidad de la costa caribe (Bocas del Manso es su poético nombre) se vieron sorprendidos por un grupo de hombres vestidos de camuflado, armados hasta los dientes, que amenazaban a la comunidad reunida en un pequeño cobertizo normalmente utilizado como sitio de reunión comunitaria.
Se identificaron como miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que actualmente buscan ser incluidas en el proyecto de Paz Total del Gobierno. La región donde se dio este aterrador evento fue víctima, en los años en que los paramilitares se enseñoreaban por estas tierras, de masacres, desplazamientos forzados y desapariciones.
Saben lo que es tener que correr por las noches para esconderse en el monte huyendo de hombres armados que los habían hecho presenciar las torturas y asesinatos de sus familiares y amigos con los que habían convivido toda la vida. Los habitantes del caserío son caribeños, de un natural amable y alegre, mucha de la mejor música colombiana ha salido de esas tierras, sus fandangos y bullerengues alegran sus fi estas y la convivencia entre vecinos es plácida y comparten familias, alimentos y el cuidado mutuo y de sus pertenencias.
Pero tuvieron la desgracia de que sus suelos fueran los más fértiles del país y que sus pueblos estuvieran atravesados en los corredores que los paramilitares querían establecer para sembrar el terror que les permitiera apoderarse del país. Así que en este caso los lugareños sabían a qué se enfrentaban.
Pero los agresores encontraron su mayor resistencia en una mujer joven, con un bebé en brazos que retaba al que le apuntaba a la cabeza con un arma: “Usted a mí no me manda a callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. A ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo, compararse con nosotros que no tenemos cómo defendernos”.
La pistola utilizada era una Pietro Beretta y el hombre tenía la cara cubierta. Según la revista Cambio, un exoficial les confirmó que ese tipo de arma lo utilizan altos oficiales del Ejército y quien le apuntaba a la mujer a la cabeza debía ser el teniente al mando del grupo. Esos procedimientos los conocimos en este país en la época en que personal del Ejército causó 6 mil 402 ejecuciones extrajudiciales y las presentó como bajas a la guerrilla.
La gran diferencia es que ahora, al contrario de cuando esos hechos eran negados por el Presidente de la República y los militares, el Gobierno ha instruido a la fuerza pública sobre la obligación de respetar los derechos humanos y proteger a la población.
Así que en cuanto circuló por las redes sociales un video del atropello, el comandante de las Fuerzas Armadas reaccionó diciendo “no vamos a ocultar la verdad (ante hechos) “inocultables” e “intolerables”, envió una comisión a la zona para investigar los hechos y emitió un comunicado en el cual se lee: “Una vez hacen presencia las tropas en terreno, se pudo evidenciar que posiblemente soldados del Batallón de Infantería N.33 “Batalla de Junín”, de la Décima Primera Brigada, estarían inmersos en un posible acto de violencia contra la población civil y sujetos de especial protección constitucional”.
Estos hechos se suman a denuncias sobre abusos del Ejército en Chocó (región Pacífica), Guaviare y Putumayo (vertiente amazónica). La esperanza es que un nuevo Ejército empieza a conformarse en Colombia.