Los santos de quienes hablo aquí no son los que figuran en el santoral católico. Pero son mártires. Inocentes víctimas de quienes, en su afán por demostrar éxitos en su combate a la guerrilla, les hicieron pagar el pecado de ser pobres, de ser indígenas, de pertenecer a las negritudes.
Eran las épocas en que el presidente del país, Álvaro Uribe Vélez -2002-2010-, negaba la existencia de un conflicto armado con raíces políticas y aseguraba, contra toda evidencia, que el desangre en que vivíamos era una guerra civil en que unos facinerosos atentaban contra el Estado y la sociedad. El lenguaje a la usanza era siempre guerrero, un llamado permanente a la confrontación.
Cuando empezaron a conocerse los asesinatos de jóvenes ajenos al conflicto presentados como guerrilleros abatidos en combate, el presidente de la República dijo que “no estarían recogiendo café”. Y los llantos de las madres angustiadas reclamando que sus hijos habían cometido el único pecado de ser pobres, eran acallados con los gritos que ensalzaban a los militares y les daban premios y gabelas por cada cadáver que presentaran.
Ya se ha hablado mucho sobre esto, pero nunca hablaremos lo suficiente. Es necesario repetirlo hasta cuando en nuestras mentes se instale como un mantra el valor de la vida humana, del bando que sea y de quienes no pertenecen a ningún bando. Para que nunca olvidemos.
Y para que aceptemos que esa guerra inútil sólo ha empezado a ceder un poco cuando se han acallado los fusiles. Fue necesario un proceso de paz con la guerrilla más antigua del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- en medio de la guerra que continuaba con otros, guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes, para que ya no hubiera subterfugios que permitieran cerrar los ojos ante el horror en que nos ha sumido esta guerra tan inútil y degradada.
Gracias a Justicia Especial de Paz -JEP-, creada por ese acuerdo de paz para juzgar los crímenes de quienes se sometieran a las leyes del Estado, han ido apareciendo los restos de quienes ya habían sido decretados como desaparecidos y se ha podido identificar y condenar a sus victimarios gracias a las confesiones hechas por militares, paramilitares y civiles que participaron en el conflicto, con la esperanza de alcanzar las rebajas de pena que ofrece esta justicia especial. Militares de alto rango han sido condenados por ejecuciones extrajudiciales edulcoradas bajo el eufemismo de “falsos positivos”.
La sala de reconocimiento de la JEP acaba de imputar al general ® Mario Montoya, el más señalado y denunciado, que nunca ha querido aceptar la verdad a pesar de que subordinados y compañeros suyos han reiterado que pedía “ríos de sangre” por 130 falsos positivos, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso ha incluido en sus señalamientos a militares y políticos, pero aún faltan, en este caso como en muchos de los que se han presentado ante la JEP, los nombres de civiles financiadores y auspiciadores de esas fuerzas macabras. Aunque empiezan a asomar nombres de empresas y empresarios.
Ya, gracias a los hallazgos de ese tribunal de justicia restaurativa, podemos ver algo antes impensable: encuentros entre antiguos enemigos a muerte como el que se dio en la Universidad Javeriana , con participación de sus víctimas, que podrán interpelarlos, entre el excomandante guerrillero Timochenko y el coronel ® Luis F. Borja, perpetrador confeso de 60 “falsos positivos”, y la recuperación digna de restos de desparecidos por parte de sus deudos, que así encuentran algo de consuelo.
Ahora, que el Gobierno adelanta conversaciones cerradas y confidenciales con la principal disidencia de las FARC, el anhelo vence el escepticismo que nos han dejado tantas tentativas fracasadas. La lejanía de las candilejas en este proceso nos permite renacer las esperanzas que, esperamos, esta vez no nos brinden una decepción más.