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El presidente Petro desde el inicio de su Gobierno planteó la necesidad de crear una jurisdicción agraria para resolver conflictos sobre la tenencia de la tierra, fundamentalmente los que obedecen a reclamos de los despojados de sus predios por los actores armados que en la mayoría de los casos los arrebataron después de horribles masacres que obligaron a sus legítimos dueños a desplazarse, o se las compraron por sumas irrisorias fi jadas por el fusil con que los apuntaban.
Según la columnista Cristina de La Torre, “en 2013 registró Planeación Nacional 8,3 millones de hectáreas despojadas o abandonadas por la fuerza: 358.937 predios afectados”.
En 2011 el gobierno de Juan Manuel Santos expidió la ley de víctimas, antecedente importante del acuerdo de paz que firmaría en 2016 con la guerrilla de las Farc para su desmovilización. Allí se reconoció el derecho de propietarios y poseedores del campo que hubieran sido víctimas del conflicto armado. Desde entonces se ha llevado a la cárcel a gobernadores, alcaldes y al gerente del Fondo Ganadero por su connivencia con los paramilitares en el despojo de tierras.
Con esa ley de víctimas se respondió a la contrarreforma agraria que estos despojadores habían adelantado para hacer nula la reforma agraria que en 1936, con su Ley de Tierras, había hecho el presidente liberal Alfonso López Pumarejo; sobre ella en 1968 avanzó el también liberal presidente Carlos Lleras Restrepo con su creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC-, que animaba la organización campesina. En 1970 el presidente Conservador Misael Pastrana (sobre cuya elección pesan dudas) dio reversa a esas ideas liberales y echó por tierra la ANUC.
El 6 de diciembre de 2022 el senado había aprobado la creación de una jurisdicción especial de tierras basada en ponencia del Pacto Histórico, el partido de gobierno, pero apenas ahora está a punto de convertirse en ley de la República.
Esta jurisdicción agraria, cuyas bases se encuentran en el acuerdo de paz y alimentará los procesos con lo recaudado por la Comisión de la Verdad, tiene el diseño adecuado para la urgencia de resolver 38.000 litigios de tierras que duermen el sueño de los justos en gavetas con telarañas en despachos judiciales. Se crean 32 despachos judiciales, cargos en tribunales de segunda instancia y asientos en las altas cortes. Los jueces serán itinerantes para que puedan desplazarse hasta los lugares en disputa; podrán actuar de manera oficiosa, es decir, sin que medie solicitud de justicia o denuncia en cada caso concreto; la violencia contra campesinos propietarios o poseedores está más que documentada; las decisiones de estos jueces serán integradoras, es decir, tendrán competencia para resolver de fondo todos los conflictos que afecten a un mismo predio sin importar si son entre particulares o entre estos y el Estado.
Esta jurisdicción salda una deuda histórica con los miles de campesinos despojados de sus tierras que se vieron obligados a huir y asentarse en los cinturones de miseria de las ciudades, con sus vidas rotas, sin un techo que los protegiera después de haber sido expulsados de donde tenían lo necesario para reivindicar sus vidas con dignidad.
Aún falta mucho por hacer, el catastro multipropósito es una necesidad imperiosa y la justicia todavía no identifica a todos los responsables. Pero es un comienzo, y muy importante.