Entre las virtudes de la Constitución de los Estados Unidos figura su brevedad. Con poco más de 8 mil palabras, se instaló la estructura estatal más voluminosa, compleja y estable del mundo. Sin embargo, la concisión con que se exponen los preceptos da lugar a diversas interpretaciones, por lo cual, con frecuencia, es necesario apelar a los tribunales, especialmente a la Corte Suprema, para decidir la explicación correcta.
Así ocurre con la Primera Enmienda (1791). “El Congreso -dice- no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al Gobierno una compensación de agravios”.
Con 50 palabras, los constituyentes resolvieron las cuestiones de la libertad de conciencia y cultos religiosos, la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y a solicitar del Gobierno compensación por agravios. Otros textos constitucionales invierten en ello decenas de páginas y multitud de argumentos.
Entre las primeras aclaraciones al respecto figuró que la Enmienda, aunque menciona específicamente al Congreso, alude también al Gobierno y que su alcance no se refiere sólo a asuntos federales, sino también a litigios en los Estados y localidades. Las Cortes han tenido además que aclarar que las protestas encaminadas a desestabilizar al Gobierno o al país, así como las opiniones que reivindican la obscenidad y la pornografía, no son amparadas por la Primera Enmienda.
También ha sido preciso esclarecer que la libertad de expresión no es sólo oral o escrita, sino que las personas también se expresan por medio del arte y por gestos de significación política, incluso por el modo como visten. Una vez se sancionó a unos jóvenes por llevar brazaletes negros en señal de luto por la guerra en Vietnam. En ese caso, la Suprema Corte decidió que llevar aquellos distintivos estaba protegido por la Primera Enmienda.
Cuando en el 1917, en el contexto de la Primera Guerra Mundial se promulgó la Ley contra el Espionaje, dirigida a penalizar a quienes, por estar contra la guerra, entre otras cosas, exhortaban a incumplir con el Servicio Militar, a la insubordinación y la deserción, más de mil personas fueron juzgadas por tales delitos.
Otra vez se apeló a la Corte Suprema, la cual ratificó que la condena a un ciudadano por publicar un folleto contrario al Servicio Militar era correcta porque la Primera Enmienda no ampara la sedición. A propósito, un juez del alto tribunal escribió: “…Si las palabras son de alguna índole que crean un peligro claro y presente que cause males objetivos y sustanciales, el Congreso tiene derecho a impedirlas”.
En otro caso, la Corte decidió que: “…Los Estados (se refiere a los de la Unión) pueden castigar el uso de las palabras que “por su naturaleza, entrañan peligro a la paz pública y a la seguridad del Estado”. La cuestión es quién decide qué palabras son peligrosas. En otro caso, la Corte determinó que “las doctrinas abstractas están amparadas por la Primera Enmienda”. (Ejemplo la prédica del pacifismo y la objeción de conciencia).
En el 1998 la Corte conoció el caso de un joven que, durante una manifestación en Texas, prendió fuego a una bandera de los Estados Unidos, cosa considerada profanación en 48 de los 50 Estados. Sin embargo, al ser requerida, la Corte dijo que, por tratarse de un discurso simbólico, el acto constituía una “conducta expresiva”. Según la sentencia: “…Existen conductas no verbales que incluyan suficientes elementos comunicativos para ser protegidos por la Primera Enmienda. Debido a aquel fallo 48 de los 50 Estados del país tuvieron que modificar sus legislaciones al respecto.
Tomando en cuenta que la Corte no convenció al país, en el 1998 el Congreso aprobó un estatuto de protección de la bandera, haciendo de la profanación de esta un crimen federal. Entre otra multitud de casos, concluiré con el de los Papeles del Pentágono.
En 1967, el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert McNamara, encargó un estudio sobre Vietnam. El resultado fue una contundente relatoría sobre la guerra librada por Estados Unidos contra Vietnam entre el 1945 y el 1967. El documento incluyó elementos que las administraciones mantuvieron en secreto y algunos respecto a los cuales se había mentido al público.
Por razones de su servicio, Daniel Ellsberg, un funcionario del Pentágono, tuvo acceso al estudio, lo sustrajo y los entregó a The New York Times, que los publicó, a partir del 13 de junio del 1971. El John Mitchel, fiscal general de la Administración del presidente Richard Nixon, obtuvo una orden judicial que obligaba al periódico a cesar la publicación.
Por su parte, el Times, invocando la Primera Enmienda, obtuvo otra orden que anulaba la anterior. El Gobierno apeló a la Corte Suprema y en solidaridad con el Times, The Washington Post publicó los Papeles. Otros diarios citaron fragmentos. De hecho, no sólo Daniel Ellsberg, sino ambas publicaciones, fueron denunciadas ante la Corte Suprema, la cual determinó que los mandatos concedidos para impedir las publicaciones eran inconstitucionales.
La Corte, que amparó a Ellsberg, así como a The New York Times y a The Washington Post, pudo haber protegido también a Julián Assange. En otra entrega les contaré por qué no lo hizo.