En Yucatán el 61 por ciento de la población que trabaja lo hace en la informalidad, es decir, 745 mil 700 de los 1.21 millones de personas trabajadoras. Existen aproximadamente 105 mil negocios, tanto formales como informales, de estos, solo el 1.5 por ciento son empresas medianas y grandes (con 50 empleados o más), mientras que el resto está compuesto principalmente por micro y pequeñas empresas. En términos sectoriales, el 85 por ciento de las unidades económicas se concentran en comercio y servicios, mientras que el 15 por ciento corresponde a la industria, la construcción y el sector primario. Estos últimos generan un significativo 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el comercio y los servicios aportan el 70 por ciento restante.
La estructura económica de Yucatán se caracteriza por su alta dependencia de negocios pequeños y familiares. Esto implica que las necesidades de estas empresas difieren sustancialmente de las grandes corporaciones y gremios empresariales visibles. Predominan los pequeños comercios, restaurantes, talleres y servicios básicos, que suelen ser más vulnerables a los cambios económicos.
Existen dos agendas: la de los empresarios que cuentan con cámaras que los representan y la de los empresarios informales que no tienen acceso a crédito, cuyos trabajadores ganan menos, no tienen acceso a Infonavit ni a servicios médicos del IMSS, y mucho menos a una pensión. Son estos últimos a quienes Morena atendió luego de lustros de vivir en el desamparo y la ignominia.
Las empresas medianas y grandes tienen requerimientos relacionados con infraestructura, vialidad, estímulos fiscales y costos competitivos de energía. En contraste, las pequeñas empresas necesitan acceso a financiamiento con tasas de interés accesibles, caminos rurales en buen estado y herramientas para competir en mercados dominados por plataformas digitales que no siempre cumplen con regulaciones locales.
Mientras las grandes empresas gestionan trámites de importación y exportación, las micro y pequeñas sobreviven enfrentando la competencia de productos internacionales sin las mismas condiciones legales, financieras y fiscales. Esta desigualdad resalta la urgencia de políticas públicas inclusivas que aborden estas diferencias y promuevan un crecimiento equilibrado. Más allá de los planes, interesan las acciones concretas para transformar a las pequeñas empresas del estado.
Existen muchos mitos que deben ser derribados y estrategias comerciales para eludir los aranceles de Trump, pero lo primero que hay que hacer es promocionar los beneficios de la formalización. Se requieren talleres que animen a las pymes a ingresar a un régimen fiscal y donde se cuantifiquen los beneficios que recibirán del IMSS, Infonavit y pensión, para que puedan visualizar más claramente el valor de los impuestos pagados y los beneficios públicos recibidos, solo con explicaciones claras y beneficios tangibles podrán por iniciativa propia optar por querer ser formales.
Estados como Nuevo León tienen una informalidad del 35 por ciento, mientras que Yucatán alcanza el 61 por ciento. Las clases medias, cuyos centros de trabajo están conectados con los servicios públicos, presentan mejores niveles de calidad de vida. Sin embargo, es imprescindible enseñar a la mayoría de las empresas en Yucatán los beneficios de la formalidad de manera personalizada mediante estos talleres.
Es privilegio de este nuevo gobierno tener una posición clara de este tema y desarrollar una intervención urgente para apoyar a las pymes en su proceso de formalización. No basta con discursos y promesas; es necesario diseñar programas efectivos que faciliten la transición hacia la legalidad, ofreciendo incentivos fiscales, capacitaciones y acceso real a financiamiento con condiciones justas. Sin estas medidas, la brecha entre las grandes empresas y las pequeñas seguirá aumentando, perpetuando la desigualdad económica y limitando el desarrollo de Yucatán.