
Al fin, en medio de las turbulencias en la búsqueda de la Paz Total, principal promesa de campaña y de Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, se logró la desmovilización del grupo armado Comuneros del Sur, disidentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que ya declaró su negativa a cualquier acercamiento hacia la paz.
Es un grupo pequeño, tal vez el menor numéricamente hablando, pero la situación en que mantenía a la población, sometida a las arbitrariedades de quienes mandan con el fusil apuntándoles, hace que saludemos este logro. La oposición trata de quitarle relevancia, pero toda vida que se salve es importante, ninguna desmovilización es desdeñable. No sabemos aún qué material de guerra entregó este grupo, pero el ministro de Defensa, coronel (r) Pedro Sánchez, informó que “están explotando minas, granadas” y el Ejército mostró en un video la explosión controlada de más de 500 artefactos, no sabemos de qué tipo.
La promesa de Paz Total de Petro incluía a todos los grupos armados ilegales, del tipo que fuera, con distintas modalidades de tratamiento, entre los cuales daba especial relevancia al ELN, por sus ideales de revolución social de sus orígenes. Pero, luego de que este rechazó definitivamente cualquier negociación y se ratificó en su “derecho” a seguir secuestrando, le dio tratamiento de organización narcotraficante.
Con los demás grupos, disidencias los unos de los otros, remanentes de guerrillas que se desmovilizaron y luego han seguido fragmentándose, no ha logrado ni siquiera un borrador de ruta para negociar, ni un cese al fuego que se sostenga más de tres meses, a pesar de nombrar negociadores a curtidos exmilitantes del M19, grupo en el cual militó el presidente Petro, cuyos abnegados empeños no han podido evitar estrellarse contra la tozudez de esos que ya se niegan a calificar siquiera como guerrilla.
Así que, del ahogado el sombrero, el Gobierno decidió negociar con los Comuneros del Sur, que opera en el Sur del país en una escala territorial reducida, cercana a la frontera con Ecuador, donde en el 2008 fue abatido el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Raúl Reyes, un golpe que incidió en la decisión de esa guerrilla de desmovilizarse y que al expresidente Juan Manuel Santos le significó el Premio Nobel de Paz.
Un éxito, el de Comuneros del Sur, entre nueve mesas de negociación simultáneas abiertas con cuatro guerrillas y cinco grupos del crimen organizado, con pactos del cese del fuego que fracasaron. Ha sido tanta la insistencia del Gobierno para lograr acuerdos con ellos y tan manifiesta la displicencia de esos grupos, que ya es mayoritario el cansancio y el clamor, aún entre sus partidarios, de que no insista más.
Al inicio de su Gobierno, Petro convocó un gran acuerdo nacional que incluía empresarios, intelectuales, partidos y movimientos de distinto color político a sumarse a ese gran esfuerzo por la paz. Nombró negociador al presidente de Fedegan, la organización de ganaderos tantas veces señalada como de extrema derecha e incluso de apoyo a los paramilitares. Se reunió con empresarios y directivos de gremios económicos y con ello llenó de esperanza a este país cansado de tantos años sin conocer la paz.
De eso sólo queda el cansancio y, paradójicamente, la esperanza de que las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logren algo por lo menos cercano a un acuerdo nacional.
Por estos mismos días se dio la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristy Noem, quien dijo después que Petro había dedicado los 30 minutos iniciales de su encuentro a hablar mal del Gobierno de Trump y mostró simpatía por el grupo criminal venezolano Tren de Aragua, de quien decía -según ella- que necesitaba más amor y comprensión.
La Cancillería colombiana la desmintió “categóricamente”, seguramente con más tacto que el presidente Petro. Lo cierto es que aquí se ha capturado a más de 100 integrantes de esa organización y que Colombia es una víctima del narcotráfico. Para nadie es un secreto que aquí ponemos los muertos para que en Estados Unidos puedan seguir “aspirando”.
La verdad irrebatible es que sin un compromiso mutuo entre los dos países la lucha contra el narcotráfico, hasta ahora fracasada, no puede tener éxito. Más allá de diferencias políticas, que no hay por qué negar, es indispensable un pacto sincero y eficaz para acabar con esta peste que lleva muchos años cobrando la vida de cientos de miles de colombianos.