Por Luis Enrique Tuz
CHETUMAL, 1 de noviembre.- La Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) cerró la etapa de investigación sin haber comprobado que la Oficialía Mayor acredite el cobro de 12 millones de pesos, que le impuso como multa a la empresa Comercializadora Adicon S. A. de C. V. por las presuntas irregularidades en la licitación relacionada con la confección de alrededor de 222 mil uniformes escolares, por los que el gobierno del estado pagó 104 millones de pesos en 2017, informó la representante de la organización civil Somos tus Ojos-Transparencia Quintana Roo, Fabiola Cortés Miranda.
Durante el procedimiento de investigación, los denunciantes requirieron que la Secoes realizara diversos actos de investigación, así como que solicitara a la Oficialía Mayor que acreditara que a la empresa Comercializadora Adicon se le había cobrado la pena convencional por 12 millones 135 mil 443 pesos con 24 centavos, derivado de su incumplimiento en la entrega puntual de los uniformes, y de acuerdo a lo pactado en el contrato.
Sin embargo, el coordinador de investigación de la Secoes, Manuel Omar Parra López, cerró la etapa de investigación sin haberse allegado de esta prueba, y con base en ello calificó de no graves las faltas en las que incurrieron los funcionarios de la Oficialía Mayor, aseverando que no había existido un daño patrimonial.
Expresó que en la audiencia inicial celebrada el pasado martes, ninguno de los cuatro funcionarios de la Oficialía Mayor señalados por faltas administrativas, lograron acreditar que Comercializadora Adicon SA de CV había pagado los más de 12 millones de pesos de pena convencional, que se le impusieron por haber incumplido con la entrega de los uniformes escolares en el plazo establecido en el contrato.
Cabe destacar que personal de la Oficialía Mayor acudió a notificar el cobro de la pena convencional al domicilio que la empresa dio en la ciudad de Puebla, pero éste correspondía a una casa de interés social donde no se encontró a persona alguna.
Somos Tus Ojos requirió a la autoridad substanciadora, también dependiente de la Secoes, que compruebe si había sido posible cobrar a Comercializadora Adicon la pena convencional por alrededor de 12 millones de pesos, y de no haber sido posible, reclasificar como graves las faltas atribuidas a los funcionarios de la Oficialía Mayor.
Como se recordará, el pasado martes 30 de octubre, se llevó a cabo la audiencia inicial del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra del Oficial Mayor, Manuel Alamilla Ceballos, y de otros tres funcionarios de esa dependencia, por las presuntas irregularidades en la licitación relacionada con la confección de alrededor de 222 mil uniformes escolares, por los que el gobierno del estado pagó 104 millones de pesos en 2017.
El procedimiento se inició tras la denuncia interpuesta por integrantes del Congreso Nacional Ciudadano y Somos Tus Ojos en agosto de 2017, luego de que Comercializadora Adicon SA de CV obtuviera el contrato para la confección de uniformes a través de una licitación en la que sólo participó esta empresa poblana y una más de la ciudad de Chetumal.
En el proceso de investigación realizado por la Secretaria de la Contraloría del Estado (Secoes), esta dependencia concluyó que la Oficialía Mayor sólo incurrió en omisiones que se limitan a la “incongruencia y falta de precisión en las bases de procedimiento de la licitación pública nacional” y “falta de uniformidad entre las bases de procedimiento de licitación y el contrato celebrado”, por lo que, de comprobarse las mismas, los funcionarios únicamente podrían ser acreedores de sanciones calificadas como no graves, que pueden ser: amonestación pública o privada, suspensión del empleo cargo o comisión (de uno a treinta días naturales), destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas (ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder un año).