De la Redacción
CHETUMAL, 7 de noviembre.- Rafael del Pozo Dergal, se ha convertido en “tapadera” de irregularidades de la actual administración estatal. Diversos casos muestran que las funciones de la Secretaría de la Contraloría siguen siendo condescendientes con el actual gobierno, a diferencia de la celeridad, presión y persecución de los funcionarios de la pasada administración, a los cuales hasta su patrimonio les investigaron.
Recientemente se informó que la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes) cerró la etapa de investigación sin haber comprobado que la Oficialía Mayor acredite el cobro de 12 millones de pesos, que le impuso como multa a la empresa Comercializadora Adicon SA de CV, por las presuntas irregularidades en la licitación relacionada con la confección de alrededor de 222 mil uniformes escolares, por los que el gobierno del estado pagó 104 millones de pesos en 2017, lo cual fue denunciado por la organización civil Somos tus Ojos-Transparencia por Quintana Roo.
Durante el procedimiento de investigación, los denunciantes requirieron que la Secoes realizara diversos actos de investigación, así como que solicitara a la Oficialía Mayor que acreditara que a la empresa Comercializadora Adicon se le había cobrado la pena convencional por 12 millones 135 mil 443 pesos con 24 centavos, derivado de su incumplimiento en la entrega puntual de los uniformes, y de acuerdo a lo pactado en el contrato.
Sin embargo, el coordinador de investigación de la Secoes, Manuel Omar Parra López, cerró la etapa de investigación sin haberse allegado de esta prueba y, con base en ello, calificó de no graves las faltas en las que incurrieron los funcionarios de la Oficialía Mayor, aseverando que no había existido un daño patrimonial.
Lo anterior a pesar de que los cuatro funcionarios de la Oficialía Mayor señalados por faltas administrativas, no lograron acreditar que Comercializadora Adicon SA de CV había pagado los más de 12 millones de pesos de pena convencional, que se le impusieron por haber incumplido con la entrega de los uniformes escolares en el plazo establecido en el contrato.
Para mostrar el grado de complicidad de la Secoes, concluyó que la Oficialía Mayor sólo incurrió en omisiones que se limitan a la “incongruencia y falta de precisión en las bases del procedimiento de la licitación pública nacional” y “falta de uniformidad entre las bases de procedimiento de licitación y el contrato celebrado”, por lo que de comprobarse las mismas, los funcionarios únicamente podrían ser acreedores de sanciones calificadas como no graves, que pueden ser: amonestación pública o privada, suspensión del empleo cargo o comisión (de uno a treinta días naturales), destitución de su empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas (ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder un año).
Lo anterior, mostró la doble cara de Del Pozo Dergal, quien persigue a exfuncionarios estatales por “irregularidades” detectadas en su evolución patrimonial. Es decir, por un lado quiere ser implacable y por el otro totalmente complaciente cuando se trata de funcionarios de la actual administración.
Ejemplo claro de ello, es que la Secoes obtuvo información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como del registro de bienes en México y en el extranjero de exfuncionarios públicos, para denunciarlos por su evolución patrimonial, pero no sucedió lo mismo con un subalterno de Rafael del Pozo Dergal.
Se trata de Wilbert Aarón Romero Suárez, quien con supuesto sueldo mensual de 10 mil pesos en la Secoes recorre el mundo, cual “magnate”, y evidentemente protegido porque tanto viaje evidencia ausencias laborales.
Wilbert Aarón Romero Suárez es señalado de enriquecerse mediante el turbulento negocio de la entrega de placas con documentos apócrifos, del cual es señalado de cómplice el propio titular.
Desde la Sintra y la Secoes, se triangulaban con sindicatos taxistas para entregar concesiones con firmas falsas del exgobernador a cambio de millones de pesos, situación que no dejó a ningún funcionario cesado ni sancionado por la corrupción promovida desde la Contraloría estatal.
Cabe recordar que la dependencia a cargo de Del Pozo Dergal, ya había quedado en evidencia por no actuar ante evidentes señales de irregularidades de funcionarios públicos de la presente administración, que tuvieron que ser exhibidas a nivel nacional, ante una Secoes envuelta en complacencia y complicidad.
Otro caso grave de omisiones, es que la Secretaría de la Contraloría “se lavó las manos” de las falsedades del extitular de la Sefiplan, Juan Melquiades Vergara Fernández, quien falseó datos en su declaración 3 de 3.
El extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Melquiades Vergara Fernández, cuando todavía era titular de la dependencia, fue denunciado por falsear información en su declaración 3 de 3, al declarar menos empresas de las que era parte, lo cual quedó confirmado con la investigación del SAT, que derivó en el procedimiento penal en su contra por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No obstante, el titular de la Secretaría de la Contraloría del estado (Secoes), manifestó que la declaración 3 de 3 es un compromiso del gabinete para transparentar la situación patrimonial, así como la declaración de intereses, pero por haber sido presentada ante una asociación civil y no una autoridad, no tendría efectos para efectuar una sanción al respecto.
Explicó que lo anterior es porque sólo la declaración patrimonial que se realiza ante Declaranet en la entidad es la que resulta obligatoria, y falsear esta información amerita sanción administrativa que puede ser grave, llegando a la inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como convertirse en acción penal.
De tal manera, que por un lado se lavó las manos, pero por otro investiga ante el registro de bienes estatal y nacional a exfuncionarios.
Por ello es que la Secretaría de la Contraloría, a cargo de Rafael del Pozo Dergal, se ha convertido en una instancia que sólo busca castigar a exfuncionarios y no las irregularidades de miembros del actual gobierno, como fue el caso de Juan Melquiades Vergara Fernández, quien cuando todavía era titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fue denunciado por falsear información en su declaración 3 de 3, sin que la autoridad haya hecho algo hasta el momento.
Falsear esta información amerita sanción administrativa que puede ser grave, llegando a la inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como convertirse en acción penal, pues se considera como mentira el ocultamiento en alguna de las declaraciones patrimonial y de intereses.
Juan Melquiades Vergara Fernández mintió descaradamente en sus declaración 3 de 3, puesto que no presentó la totalidad de las empresas en las que tiene intereses, lo cual quedó confirmado con la investigación del SAT que derivó en el procedimiento penal en su contra por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Conforme pasan los meses, se siguen evidenciando las omisiones del titular de la Secoes, Rafael del Pozo Dergal.