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Por Miguel Ángel Fernández

CHETUMAL, 9 de enero.- La empresa Intrasiso nuevamente ha mostrado no tener la capacidad de invertir de manera inmediata en la concesión del manejo de la basura de Chetumal, aun cuando peleó legalmente por siete años para retomarla.

Hace casi un año, el exalcalde Luis Torres Llanes les firmó un contrato para que asumieran la concesión, pero los avances son prácticamente nulos e Intrasiso ha notificado a las autoridades ambientales y al gobierno de Othón P. Blanco que necesita por lo menos un año y medio para entrar en operaciones.

Ante este escenario, ha surgido una opción que el ayuntamiento analiza, una oferta de una empresa de Veracruz que aportaría camiones recolectores y el manejo de la basura, en un contrato de 8 meses, por un monto de 8 millones de pesos.

Mientras el basurero municipal colapsa, la empresa concesionaria de la disposición final de la basura, Intrasiso, sigue sin avanzar en la instalación de su planta de tratamiento, y ahora indica mediante un oficio que hasta mediados del 2020 podrá entrar en operaciones.

A su escritorio de Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), ha llegado un documento de Intrasiso, donde reconoce que necesita por lo menos 6 meses para obtener los permisos para la nueva Planta de Residuos Sólidos Urbanos.

Además, la empresa reconoce que tendrá que realizar gestiones ante instituciones bancarias para poder realizar la inversión para la Planta de Residuos Sólidos y un Parque Solar.

Lo anterior, mantiene en la incertidumbre el problema de la basura en Chetumal, justo cuando han pasado 9 meses desde que Luis Torres Llanes firmó un convenio en ausencia de la mayoría de los concejales, para permitir que Intrasiso retome la concesión que por años no ejerció en medio de un conflicto legal contra la comuna.

El compromiso era que en 90 días iniciaría operaciones dicha empresa, pero está cerca de cumplirse un año y los ciudadanos siguen padeciendo deficiencias en el servicio de recolección de basura.

En el documento, el ayuntamiento se comprometió a entregar la totalidad de los residuos sólidos, por lo que seguirá operando la recoja, y entregaría un predio a Intrasiso bajo la modalidad de comodato.

Cabe recordar que la historia de este contrato de concesión tiene su origen desde el 14 de mayo de 2010, cuando la aprobó el Cabildo, y el 27 de septiembre fue ratificada por el Congreso del Estado; sin embargo, la empresa nunca cumplió sus compromisos, por lo que del 2010 al 2017, se tuvieron múltiples demandas extrajudiciales y judiciales por la revocación de la misma, y fue el 17 de junio de 2017, que se tuvo la resolución para la ejecución de la concesión para el manejo de residuos sólidos urbanos en Chetumal.

Desde marzo de 2018, el gobierno municipal la reconoció como concesionaria, pero hasta el momento no son tangibles para la sociedad, mientras el basurero municipal se encuentra colapsado y la ciudadanía enfrenta una contingencia por la gran cantidad de desperdicios en la vía pública.

Propuesta emergente

Ante la demora que ha proyectado Intrasiso para entrar en operaciones y con una multa millonaria de autoridades ambientales por el inadecuado manejo del basurero municipal, la administración 2018-2021 busca una solución temporal al problema con el servicio de recolección de basura. Incluso cuenta con una propuesta, que se espera sea presentada al Cabildo en los próximos días.

Se trata de contratar los servicios de una empresa por un plazo de ocho meses, que pondría a disposición del gobierno municipal 10 camiones recolectores, su mantenimiento y se encargará también de procesar desperdicios.

El municipio tendría que aportar la superficie de una hectárea en el basurero para que la empresa se haga cargo, así como también asumiría los costos del combustible para la operatividad de los camiones recolectores. Cabe aclarar que los camiones no pasarían a ser propiedad del gobierno municipal al término del contrato.

La comuna también tendrá que pagar alrededor de 8 millones de pesos por estos servicios, lo que implica un costo de un millón de pesos mensual.

Luego de haber suscrito por años diversos contratos leoninos, en su mayoría desfavorables para el gobierno de Othón P. Blanco, esta propuesta “emergente” de la administración morenista parece viable financieramente, al atender uno de los principales servicios de la ciudadanía, que ha sido deficiente durante el último año.

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