Transporte público, el 'martirio” de Cancún

Por María Luisa Vázquez

Sin voluntad alguna, durante los últimos cinco años el problema de transporte público en Cancún se ha recrudecido, pero nadie ha hecho nada, por el contrario, la autoridad municipal en turno se ha convertido en cómplice de un mal servicio.

Lo anterior en detrimento de más de 400 mil usuarios que todos los días se movilizan en mil camiones de las cuatro empresas concesionarias –Autocar, Turicun, Maya Caribe y Bonfil- y otras mil 500 combis que están a cargo, en su mayoría, de Transporte Terrestre Estatal, que concentra unas mil y las otras 200 se dividen entre un par de sindicatos, que fueron las que originalmente surgieron con el servicio, cuando hacían rutas de origen-destino entre los asentamientos irregulares de Cancún y la zona de El Crucero, principalmente.

En este último quinquenio, la movilidad en Cancún se ha convertido en un grave problema que todos los días tienen que padecer miles de personas que se mueven hacia la Zona Hotelera y la Riviera Maya, que concentran la mayor cantidad de mano de obra.

Aunque las empresas concesionarias y sus unidades ya se habían convertido en un “dolor de cabeza” para la ciudad, en mucho porque las autoridades municipales históricamente las han tolerado, el desastre llegó a Cancún cuando, en el gobierno de Roberto Borge, se vio invadida de, por lo menos, mil combis rotuladas con la leyenda de “Transporte Terrestre Estatal”, que se sumaron a una cantidad insignificante de combis que prestaban sus servicios, casi como “servicio social”, para sacar a la gente de las colonias irregulares y llevarlas a tomar el transporte a sus centros de trabajo.

Entonces, las combis de TTE, agrupadas en el sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”, invadieron las casi 100 rutas que el gobierno municipal había concesionado a las cuatro empresas, y circulan en total ilegalidad, ya que el artículo 115 Constitucional dice que el transporte público en los municipios es facultad exclusiva de la autoridad municipal.

Y como si no hubiera sido suficiente, durante el gobierno de Carlos Joaquín se han entregado otras 200 placas de combis, principalmente en el periodo de Jorge Portilla, ex titular de Sintra.

Por cierto, la mayoría de los operadores que manejan las combis le pagan a un patrón una tarifa que ronda los mil 200 a mil 400 pesos por unidad al día,  y además, por su cuenta corre el gasto de la gasolina y el lavado de la unidad. Ante tal situación, la mayoría de las veces tienen que “rellenar” las combis para poder sacar un extra.

Todo lo anterior ha ocasionado que la ciudad quede convulsionada por tener en circulación dos mil 500 unidades, entre camiones y combis, más ocho mil taxis que se desplazan a lo largo y, generando un auténtico calvario para la circulación vial.

Sin embargo, la autoridad municipal, tanto la actual como la pasada y antepasada, sólo se han limitado a mínimas acciones, ya que han optado por hacerse de la “vista gorda” y, como prometer no empobrece, y decir que están trabajando en un plan de movilidad, que nadie conoce hasta ahora.