Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 13 de octubre.- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) de Quintana Roo, acusado por asociaciones civiles de solapar el saqueo de los recursos públicos cometido por la pasada XV Legislatura, ahora se pronunció en contra de las ayudas sociales del Congreso del Estado, cuando anteriormente guardó silencio y permitió el manejo indebido e irregular de casi 200 millones de pesos que destinaron a este rubro los diputados que salieron.
La Asociación Somos tus Ojos-Transparencia por Quintana Roo consideró que los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) son la élite más privilegiada del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que perciben un sueldo de 95 mil pesos mensuales, igual al de un secretario de estado, pero no tienen ninguna responsabilidad y sólo han servido para aparentar un combate a la corrupción que no existe.
Mientras que durante la anterior Legislatura los integrantes del CPC no hicieron ni dijeron nada respecto al tema de las ayudas sociales, permitiendo el manejo indebido e irregular de casi 200 millones de pesos bajo este concepto, ahora que ya se fueron los anteriores diputados y entró la XVI Legislatura emitieron un posicionamiento en el que cuestionan la legalidad y se dicen en contra de este tipo de apoyos.
Tuvieron que pasar tres años para que los cinco integrantes del CPC, que son Miriam Cortés Franco, Raúl Cazares Urban, Cinthya Dehesa, Marcos Gutiérrez y Francisco del Real Medina, se opongan a las ayudas sociales del Congreso de Quintana Roo, aun cuando en la pasada XV Legislatura hicieron caso omiso de las solicitudes de la sociedad civil organizada, que les pedía intervenir ante el cúmulo de irregularidades que apuntaban a un desvío de recursos públicos con este concepto, motivo por el cual se denunció penalmente a los integrantes de la Gran Comisión de la anterior legislatura, encabezados por el presidente Eduardo Martínez Arcila.
Era claro que estos cinco funcionarios no iban a actuar contra sus jefes, que les obsequiaron el cargo en la pasada XV Legislatura, por eso no habían emitido un posicionamiento para pedir que las ayudas sociales del Congreso sean eliminadas, e incluso se mantuvieron cómplices, pese a las denuncias y solicitudes que presentaron las asociaciones civiles, como Somos tus Ojos y El Observatorio Legislativo.
Es hasta ahora, aprovechando la renovación del Congreso de Quintana Roo con la entrada en funciones de la XVI Legislatura, que el CPC emitió su postura para que se cancele la entrega de las ayudas sociales a la ciudadanía en general.
“Si bien existen lineamientos que permiten a los diputados la entrega de estas ayudas sociales, no existe un sustento del sistema político mexicano que lo avale, ya que el desarrollo social es responsabilidad del Poder Ejecutivo”, informó mediante un comunicado el pasado 8 de octubre.
“Adicionalmente, los procesos de entrega de ayudas no cumplen con ningún requerimiento legal para su correcta entrega, como lo serían reglas de operación, indicadores o cualquier otro instrumento que asegure que el recurso tenga un impacto real. Esta situación, alerta el CPC, abre la puerta para que estos recursos se usen de forma clientelar, con discrecionalidad, opacidad y perjudique los procesos democráticos del estado”, concluyó el CPC, pero sin tomar en cuenta que por esos mismos hechos de corrupción fue señalada la pasada XV Legislatura, sólo que en ese entonces prefirieron callar e ignorar el tema.
El Comité de Participación Ciudadana consideró que es vital para mejorar los procesos democráticos del estado revisar y legislar con claridad lo relativo a las ayudas sociales, bajo el sustento de que no existen facultades en favor del Congreso para entregar tales ayudas en dinero a la sociedad, puesto que sus funciones deben ceñirse exclusivamente a sus tareas legislativas.
Antecedentes
Anteriormente, la asociación Somos tus Ojos manifestó que los cinco integrantes del CPC del Sistema Anticorrupción sólo han servido para burlarse de los quintanarroenses, pues hicieron caso omiso de sus responsabilidades y obligaciones conferidas, ya que no quisieron intervenir para que la XV Legislatura del Congreso del Estado aclarara y transparentara el millonario gasto destinado a “ayudas sociales”.
En diciembre de 2018, la ciudadana Teresa Pérez Sorcia y Somos Tus Ojos-Transparencia por Quintana Roo presentaron una solicitud formal al Comité de Participación Ciudadana para que requiriera al Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo la emisión de un exhorto público relacionado con el gasto en el rubro de “ayudas sociales” entregadas del 2016 al 2018 por la XIV y XV Legislaturas del Congreso del Estado, con fundamento en las facultades que tiene el CPC establecidas en el artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo.
Lo anterior en virtud de que Somos Tus Ojos y ciudadanos quintanarroenses han investigado y denunciado insistentemente el uso irregular de cientos de millones de pesos en supuestas ayudas sociales por parte de los diputados de la XV Legislatura, que en sólo dos años usaron 147 millones de pesos de forma discrecional, pero el Congreso se ha negado a transparentar el gasto, la Auditoría Superior del Estado sigue “reservando” la información, y la Fiscalía Anticorrupción no ha avanzado en la investigación de las denuncias penales sobre el caso.
Fue hasta marzo de 2019 que el CPC de Quintana Roo respondió a la solicitud que le hicieron la organización y la ciudadana Teresa Pérez, negándose a llevar ante el Comité Coordinador Estatal la petición ciudadana, luego de hacer una interpretación del artículo 23 de la Ley del Sistema Anticorrupción del estado de Quintana Roo, argumentando que para poder solicitar un exhorto era necesario que previamente una autoridad determine la “existencia de un hecho de corrupción”.
La negativa fue firmada en ese momento por los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que son Miriam Cortés Franco, Raúl Cazares Urban, Cinthya Dehesa, Marcos Gutiérrez y Francisco del Real Medina.
Dicha negativa motivó la interposición de un amparo, el cual fue admitido por el Juzgado Sexto de Distrito, quedando registrado bajo el expediente número 271/2019, a pesar de que el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción inicialmente se negó a recibir la notificación de amparo en un intento por evitar su procedencia.
Una vez admitido el amparo, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Marcos Gutiérrez Martínez, rindió su informe justificado en el que admitió ante el juez federal que el CPC se había negado a solicitar al Comité Coordinador Estatal del Sistema Anticorrupción que emitiera un exhorto en torno al tema de las ayudas sociales, y el millonario desvío denunciado y documentado por Somos Tus Ojos, que incluso motivó la interposición de dos denuncias por parte de ciudadanas que están en el padrón de beneficiarios, pero que no recibieron ningún tipo de ayuda, pero lo que es peor, tampoco la solicitaron.
En su informe rendido ante el juez, Marcos Gutiérrez Martínez se presentó como un “paladín” del combate a la corrupción, presentó una serie de minutas de reuniones realizadas de último minuto con diputados e integrantes del Congreso, específicamente con el diputado Eduardo Martínez Arcila, en ese entonces presidente de la Gran Comisión, señalado públicamente como principal responsable del millonario desvío.
También estuvieron en las reuniones el diputado Emiliano Ramos Hernández, la diputada Yamina Rosado, suplente de Mayuli Martínez, todos de la pasada XV Legislatura; así como el oficial mayor Gerardo Martínez García; la directora de Gestoría y Apoyo a la Comunidad, Ana María Hernández Ayala; Hassan Medina, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso, y otras dos funcionarias.
Somos tus Ojos indicó que sin lugar a dudas se trató de una simulación impulsada desde el CPC, en la que participaron los principales implicados y señalados en las denuncias por la cuestionable y opaca utilización de cientos de millones de pesos en ayudas sociales.
La asociación denunció que desde su elección, el CPC en Quintana Roo reunió a un grupo de personas afines al gobierno del estado, como Cinthya Dehesa y Miriam Cortés Franco, y a excepción de Dehesa, que se sumó al tema de la transparencia desde una asociación que nació recibiendo millonarios recursos públicos, CITRA, todos los demás integrantes del CPC no tienen trayectoria alguna en el combate a la corrupción o en temas de transparencia, como la propia Miriam Cortés, que antes de ser designada era representante de clubes vacacionales; lo mismo que Raúl Cazares Urban, Marcos Gutiérrez y Francisco del Real Medina, que antes de ser integrantes del CPC no tenían el mínimo interés en el tema de combate a la corrupción.
De hecho, Raúl Cazares Urban se mantuvo como jefe del Departamento de Servicios Educativos del IEEA, aún después de su nombramiento como integrante del CPC, por lo que violó flagrantemente el artículo 16 del Sistema Anticorrupción, que establece que los integrantes de dicho comité no podrán ocupar durante el tiempo de su gestión un empleo, cargo o comisión de cualquier gobierno, sea federal, estatal o municipal, ni cualquier otro empleo o desarrollar actividades de tipo comercial que les impida el libre ejercicio de sus servicios que protestaron como parte del Comité de Participación Ciudadana, pero a pesar de ello se le permitió quedarse y posteriormente renunció a su cargo en el IEEA.