Por Olivia Vázquez
En un rotundo rechazo a la iniciativa de aumentar el Derecho de No Residente (DNR) y el Derecho por Servicios Migratorios (DSM), la industria turística del país advierte que no se puede seguir ahorcando a la gallina de los huevos de oro cada vez que se quiere obtener mayores recursos para el presupuesto del país, pues el turista simplemente dejará de venir y tendrá de frente mil opciones más donde dejar su derrama económica, mientras México sigue cerrándose la puerta, primero con la falta de promoción y ahora con la amenaza de convertirse en uno de los países más caros en materia de impuestos.
La industria turística del país, advierten líderes de la hotelería como Roberto Cintrón y líderes nacionales de sectores como el Consejo Nacional de Empresas Turísticas (CNET) el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe y otros como la Cámara del Transporte, que se requieren impulsos y no golpes bajos, se deben buscar opciones y mecanismos para ampliar la base de recaudación, combatir la informalidad y gravar a sectores que siguen en el paraíso fiscal en el país, como las plataformas digitales y la industria de cruceros, donde no se ha logrado aplicar ningún tipo de impuestos.
El nuevo golpe que recibe la industria turística con esta intensión de incrementar hasta en 300 por ciento el costo de estos derechos, terminará de sepultar a un sector que se ha quedado sin representatividad en su promoción internacional y que lejos de recibir apoyo del gobierno federal, cada vez se enfrenta a mayores dificultades para invertir.
Cuánto se paga en México, cuánto se recibe
El turista en México de por sí, ya venía cargando una fuerte imposición para ingresar al país, con un pago que se realizaba en la compra del boleto de poco más de 636 pesos, correspondientes al Derecho de No Residente (DNR) y al Derecho por Servicios Migratorios (DSM) que ahora se podría convertir en mil 200, de aprobarse esta lista de incrementos.
A estos derechos, el turista internacional tiene que pagar del 3 al 4 por ciento del impuesto al hospedaje que se paga por cada noche de habitación que ocupa.
Adicional a ello, a nivel municipal se han impuestos derechos y obligaciones, como el que rige en algunos municipios de Quintana Roo, con el pago de derecho de saneamiento, que refiere un adicional de 25 pesos por noche de hospedaje, lo que suma ya un pago de más de 800 pesos en promedio por turista que llega a la región, y que se encuentra, además, con que recientemente el ingreso a Chichén Itzá, uno de los principales atractivos de la región, cuesta 390 pesos, cuando todavía el año anterior costaba 190 pesos.
De aprobarse el incremento propuesto en el paquete fiscal 2020, el turista tendría que pagar de entrada mil 265 pesos más toda la carga impositiva y de derechos que corresponden al impuesto al hospedaje, al derecho de saneamiento ambiental, a impuestos locales turísticos que se cargan finalmente al consumidor, como en sus compras con el IVA o en su consumo en un restaurante, donde poco se tiene de retorno para potencializar a esos destinos que están generando los impuestos, tanto a nivel federal, estatal y municipal, que se han apoderado de estos recursos que son manejados, dicen los turisteros, con opacidad, sin rendición de cuentas y se aplican a todo menos al turismo y esto a pesar de que estos impuestos aumentan cada año.
En un estudio referido por la misma Federación, en los últimos años la recaudación por concepto de DNR en 2017, fue de casi 6 mil 700 millones de pesos, de los cuales, por disposición legal, el 80 por ciento se debería destinar a fines turísticos, como el CPTM, que ya desapareció, o al Fonatur y a servicios de mejora migratorios, pero de estos recursos poco se ven en la industria ahora y lo único que se sabe es que el Tren Maya absorberá todo el recurso existente.
A nivel estatal, los recursos del impuesto al hospedaje, que los hoteleros han demandando que retornen a promoción, se manejan de manera discrecional sin un informe real ni un retorno total de recursos.
En los municipios tampoco se tiene claridad del recién creado derecho de saneamiento que se potencializó con el efecto del sargazo, pero que no se conoce cuánto se recauda ni en dónde se está aplicando.
Contrario a esta carga impositiva, turisteros refieren que industrias como cruceros y plataformas digitales siguen en el paraíso fiscal y la informalidad sigue creciendo.