De la Redacción
CHETUMAL, 3 de octubre.- La instrucción de la controversia constitucional en materia de límites entre Quintana Roo y Yucatán cambiará de manos, luego de que este jueves trascendió la renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del ministro Eduardo Medina Mora Icaza, quien está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la federación por millonarias transferencias de dinero entre bancos de México y el extranjero.
El cuestionado político había sido asignado para estudiar la demanda de controversia presentada por Yucatán contra Quintana Roo por el decreto que precisa la ubicación del Punto Punto, y este medio informativo había advertido de que al momento de tomar en sus manos este añejo asunto se encontraba en el ojo de huracán por las investigaciones en su contra del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Este jueves trascendió que Eduardo Medina Mora, con cuatro años en el cargo, presentó su renuncia al presidente de la SCJN, Arturo Zaldíva Lelo de Larrea, y se estará en espera de que sea aceptada y procesada para que el Ejecutivo Federal y el Senado de la República realicen el nombramiento de un nuevo ministro en su lugar.
Las investigaciones sobre Eduardo Medina Mora, al que movimientos sociales califican como “el abogado de Salinas, Calderón y Peña Nieto”, iniciaron en el mes de junio, sobre millonarias transferencias financieras entre bancos de México, el Reino Unido y Estados Unidos, donde fue embajador en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a petición del Senado de la República.
En julio el estado de Yucatán presentó la demanda de controversia contra Quintana Roo y fue asignada a Medina Mora para su atención, y el pasado 20 de agosto dictó la admisión de la controversia constitucional 226/2019 del estado de Yucatán contra el decreto 303 del Congreso del Estado de Quintana Roo, en la cual esa entidad alega que la precisión del Punto Put con coordenadas georreferenciadas afecta a su territorio, específicamente en 7 municipios colindantes.
El ministro también resolvió entonces la emisión de una suspensión de actos, medida cautelar que, sin embargo, no fue en la totalidad de los términos solicitados por Yucatán, sino sólo de manera parcial, lo cual implica un primer revés para la parte yucateca en esta nueva etapa del conflicto de límites en la mesa de la SCJN.
Como POR ESTO! dio a conocer el pasado 30 de agosto, el estado de Yucatán solicitó a la SCJN la suspensión del decreto 303 emitido por el Congreso del Estado de Quintana Roo en febrero de este año, en el cual se establecen las coordenadas geográficas del Punto Put; se ordena la emisión de un nuevo mapa oficial del estado georreferenciado, para uso de las instituciones de los tres poderes, municipios y órganos autónomos de la entidad; dispone remitir el mapa al Inegi; y faculta al Tribunal Superior de Justicia del Estado a resolver los conflictos de límites que surjan entre los municipios.
Sin embargo, el ministro instructor no concedió la suspensión a Yucatán en esta parte, por lo que el decreto 303 de Quintana Roo continuará vigente y en aplicación, a pesar de que se encuentre en marcha la controversia constitucional en su contra.
El ministro sólo concedió la suspensión para posibles actos de autoridad y administrativos que el estado de Quintana Roo pueda o quisiera ejercer en el territorio de los municipios que Yucatán dice que son afectados por la delimitación territorial que hace Quintana Roo, los cuales hasta el momento son hipotéticos, no de hecho, como el propio estado de Yucatán reconoció al hacer la solicitud, pues indicó allí que “a la fecha no se ha realizado ninguna de esas medidas o no se tiene conocimiento de las mismas”.
Pero aquí también indicó que la suspensión abarca que Quintana Roo y Yucatán, así como los municipios yucatecos presuntamente perjudicados, no podrán realizar actos formales o materiales que amplíen o modifiquen sus territorios, ni duplicar autoridades en la zona en disputa.
En este caso, el ministro instructor precisó que la suspensión fue para los efectos que a continuación se precisan:
“a) Los Estados de Yucatán y Quintana Roo, incluidos los Municipios de Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Tzucacab y Tekax, todos del Estado de Yucatán deberán abstenerse de realizar cualquier acto que formal o materialmente amplíe o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que actualmente se conserva en los Municipios antes señalados.
b) Los Estados de Yucatán y Quintana Roo, incluidos los Municipios de Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul, Chikindzonot, Peto, Tzucacab y Tekax, se abstengan de crear nuevas autoridades dentro de las localidades antes mencionadas, ya sean de carácter hacendario, de seguridad pública y/o cualquier otra que tenga a su cargo función pública alguna.
c) Continúen desempeñando las funciones y prestando todos y cada uno de los servicios públicos a la población que habite en la franja territorial que es materia de la controversia, en la forma y términos en que los venían desempeñando y prestando hasta antes de la emisión del Decreto Número trescientos tres, expedido por el Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en fecha dieciocho de febrero del año dos mil diecinueve y publicado por el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el Periódico Oficial de ese Estado en fecha veintidós de marzo del año dos mil diecinueve, entrando en vigor el mismo día de su publicación”.
Lo anterior es para mantener la materia de la controversia en el estado de cosas que se encuentra, hasta en tanto se le dé una resolución definitiva en el pleno de la SCJN.
En lo que se sabe, el próximo 16 de octubre vence el plazo para que el estado de Quintana Roo conteste la demanda de controversia.
Sin embargo, ya desde entonces se planteó que no estaba segura la continuidad de Medina Mora como el ministro encargado del estudio de fondo de la controversia constitucional de límites, porque eso dependían de la investigación que sobre sus transferencias bancarias lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP.
La UIF de la Secretaría de Hacienda es la unidad encargada de recibir, analizar y diseminar los reportes de las operaciones provenientes tanto del sistema financiero como de las actividades vulnerables, y comenzó a investigar las cuentas bancarias del ministro Eduardo Medina Mora el pasado mes de junio, luego de que se publicaron informes sobre transferencias millonarias entre bancos de México, el Reino Unido y Estados Unidos.
El caso se puso en la mira luego de un reporte de “actividad sospechosa” de la Agencia Nacional del Crimen de Reino Unido (NCA por sus siglas en inglés), que detectó transferencias millonarias hechas desde México, a cuentas del funcionario en HSBC UK Bank de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que le fueron depositadas los últimos dos años.
Dicho reporte, derivó en la denuncia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que dice que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA 2 millones 130 mil dólares estadounidenses.
Según la información que entonces se dio a conocer, los depósitos electrónicos, tanto a Reino Unido como a Estados Unidos, suman en total 102 millones de pesos, los cuales rebasan por mucho los ingresos que Medina Mora obtuvo durante ese tiempo como miembro de la SCJN.
Todas las transferencias se realizaron desde el Banco HSBC México, donde salieron a relucir varias cuentas vinculadas a Medina Mora.
Ante los señalamientos, Eduardo Medina Mora realizó tres publicaciones para supuestamente aclarar la situación de las transferencias financieras, pero cayó en contradicciones.
Y a raíz de la información dada, el Senado de la República solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera analizar esas transferencias y cuentas, lo cual confirmó el propio titular de este organismo, Santiago Nieto Castillo.
Del resultado de esta investigación realizada por la SHCP dependerá si se derivan o no denuncias contra Medina Mora ante la Fiscalía General de la República (FGR) y probablemente su continuidad como miembro de la SCJN, cargo para el cual fue designado por el Senado en el 2015, cargo en el que finalmente sólo permaneció cuatro años.
Lo anterior se suma a su cuestionable paso por cargos públicos en los sexenios de Vicente Fox y Calderón, bajo los cuales fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) (2000-2005); pero al ocurrir el accidente donde perdió la vida el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, el presidente Vicente Fox lo designó para sustituirlo.
Con Felipe Calderón Hinojosa, uno de los sexenios más negativos en materia de combate al crimen organizado, fue Procurador General de la República (2006-2009), y luego fue enviado como embajador de México ante el Reino Unido (2009-2013).
Enrique Peña Nieto lo favoreció con el nombramiento de embajador de México ante los Estados Unidos (2013-2015), y finalmente lo encumbró como ministro de la SCJN, en marzo del 2015, al impulsarlo para ese cargo ante el Senado de la República, que lo ratificó.