Por Yolanda Gutiérrez
Mientras las autoridades impiden la operación de la plataforma Uber hasta que cumplan con la Ley de Movilidad, en el sentido que las unidades deben contar con sus respectivas concesiones, en tanto que a la par trabajan para regular el sistema de hospedaje Airbnb y similares, no hay quien ponga un alto a la renta de embarcaciones por parte de particulares que no cuentan con los permisos correspondientes, pese al perjuicio que esto representa para la comunidad náutica legalmente establecida.
Cuando Uber arrancó operaciones en Cancún, faltó tiempo a los taxistas para protestar airadamente contra una plataforma que, según sus propias palabras, les hacía la competencia desleal y quitaba el pan de la boca a sus familias.
De inmediato, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), hoy Instituto de Movilidad (Imoveqroo) emprendió una cacería contra las unidades que prestaban servicio para la plataforma, cacería que continúa al día de hoy, en virtud que el Instituto se niega a regularizar el servicio, con el argumento de que el Reglamento de Movilidad aún no se termina de elaborar y por ende no se pueden entregar concesiones para su operación.
Lo que redunda en jugosas entradas para el Imoveqroo y, por ende, para el Gobierno del Estado, en virtud que las unidades de Uber que son detectadas prestando el servicio son retiradas de la circulación y trasladadas al corralón, de donde sólo pueden salir si el responsable de la unidad paga la correspondiente sanción, que oscila entre las 300 y las 700 Unidades de Medida y Actualización (de 25 mil 347 a 59 mil 143 pesos).
En lo que respecta a la plataforma de hospedaje Airbnb, el sector hotelero se queja de que representa una competencia desleal para los centros de hospedaje, olvidando que con el boom de los hoteles “all inclusive”, fueron los empresarios del ramo quienes hicieron competencia desleal a restaurantes, tiendas de artesanías, agencias de viaje y en general, a cualquier producto o servicio enfocado al turismo.
Ahora exigen una legislación que regule tanto a Airbnb como a las demás plataformas digitales enfocadas al hospedaje turístico con objeto de que los particulares que rentan una vivienda e incluso una recámara de su hogar, paguen los mismos impuestos que el sector hotelero.
En cambio no hay autoridad, ni terrestre ni marítima, que se enfoque realmente a detectar y, en su caso, regular a las embarcaciones que operan sin contar con ningún permiso para prestar el servicio de turismo náutico, que abarca desde la renta ilegal de wave runners particulares hasta los tours de avistamiento y nado con el tiburón ballena, pasando por snorkel, pesca deportiva y buceo.
Esto se registra principalmente durante las temporadas altas, momento en que los particulares aprovechan la llegada de un mayor número de visitantes para ofrecerles sus embarcaciones, que inclusive se promocionan en la web, con todo el descaro del mundo, sin que nadie les marque un alto ni se dedique a investigar, con base a los datos vertidos en Internet, si las embarcaciones en cuestión cuentan con los permisos correspondientes para dedicarse a este tipo de actividades.