Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 8 de octubre.- La Comisión de Justicia de la XVI Legislatura revisará el caso de Mario Aguilar Laguardia, luego de que un juzgado federal ordenara su restitución al cargo de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Quintana Roo, el cual le había sido negado por la anterior XV Legislatura.
Así lo dio a conocer la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, la diputada Roxana Lili Campos Miranda, quien dijo que independientemente de esta determinación, también revisarán dos solicitudes de juicio político que se habían iniciado en contra del exmagistrado.
La legisladora manifestó que hasta el momento, ni su Comisión ni el Congreso de Quintana Roo han recibido notificación o resolutivo por el caso de Aguilar Laguardia, por lo que están a la espera de que éste les llegue para que puedan conocer el sentido de dicha resolución.
“Por lo que se refiere a él (Mario Aguilar Laguardia) vamos a esperar que nos llegue este resolutivo, con independencia aquí hay dos juicios políticos que se habían iniciado de él, ya tenemos los expedientes, yo ya los tengo, y pues estamos nosotros revisando lo que quedó inconcluso en aquel entonces, también verificar si efectivamente cumplía o no con esos requisitos”, comentó Campos Miranda.
Mencionó que sería muy apresurado emitir una conclusión o postura respecto al tema, puesto que todavía desconocen el sentido de la sentencia, de manera que no saben el procedimiento y el rumbo que tomará el caso.
“Hay que analizarlo, sería subjetivo decirte en este momento cuál va a ser la situación de él, qué va a pasar con él; sobre todo porque a mí de manera oficial no me ha llegado todavía ese resolutivo, no me lo han enviado a la Comisión de Justicia, que es donde debe recaer. Cuando lo tenga, pues nos vamos a tener que apegar a lo que señala la autoridad judicial, pero también se analizará el procedimiento de lo que siga, sobre todo porque necesitamos saber estrictamente que es lo que están resolviendo”, explicó.
En dado caso que se cumpla la restitución de Aguilar Laguardia como magistrado del TSJ, Campos Miranda dijo que corresponderá al Poder Judicial hacerse cargo de sus salarios y prestaciones caídas.
De acuerdo con la información vertida hasta este momento, se sabe que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, ordenó la restitución de Mario Aguilar Laguardia como magistrado numerario del TSJ, tras considerar que la Comisión de Justicia de la XV Legislatura, encabezada por el entonces diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, negó la posibilidad de reelección al no analizar de manera íntegra las pruebas ofrecidas y desahogadas en el procedimiento, contraviniendo el principio de congruencia que rige el dictamen de las sentencias.
Aguilar Laguardia interpuso juicio de amparo indirecto contra la Comisión de Justicia y el Pleno del Poder Legislativo de la pasada XV Legislatura, al considerar concluido el periodo de seis años para el que fue electo como magistrado numerario del TSJ, impidiendo su reelección para otro periodo de misma temporalidad.
La justicia federal consideró que la autoridad legislativa revisó y dictaminó en forma inexacta los datos de productividad de Aguilar Laguardia, sin establecer correctamente el principio de eficiencia ni los parámetros cuantitativos con los que valoraron negarle su reelección, vulnerando así los principios de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio del quejoso.
La autoridad judicial federal concedió el amparo a Aguilar Laguardia para que la Legislatura de Quintana Roo deje insubsistente el decreto 104, mediante el cual se declaró cumplido su periodo de 6 años como magistrado numerario del TSJ, negándole su reelección por un periodo de misma temporalidad.
Con esto se demuestra la mala actuación de la pasada XV Legislatura, no sólo con este caso en particular, sino también con una serie de juicios políticos que no pudieron sacar adelante, con lo que evidenciaron su desconocimiento de las leyes y procedimientos en la materia, actuando por mero revanchismo político, sin fundamentos ni sustentos sólidos que los respalden.
Al frente de esta mala actuación se encuentran Eduardo Martínez Arcila y Carlos Mario Villanueva Tenorio, en su calidad de presidente de la Gran Comisión y presidente de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura, respectivamente, quienes en más de una ocasión quedaron exhibidos por su incompetencia en materia legal, siendo esto reafirmado con el caso de Mario Aguilar Laguardia.
La pasada XV Legislatura fracasó en su intento de destituir a Carlos Lima Carvajal como magistrado del Poder Judicial, luego de que éste incumplió con la presentación de su declaración patrimonial.
Lima Carvajal ganó un amparo federal que dejó sin efectos los procedimientos que la XV Legislatura instauró en su contra, comprobando que el Congreso de Quintana Roo no pudo sostener las pruebas y actuó sin un sólido sustento legal.
Otro caso muy sonado fue el rotundo fracaso de los procedimientos para buscar el juicio político contra los magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó dichos procedimientos, tras resolver que el Congreso del Estado de Quintana Roo carece de las facultades para instaurar este tipo de acciones contra estos funcionarios que fueron nombrados por el Senado.
Luego de analizar los expedientes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Congreso del Estado de Quintana Roo carece de las facultades para instaurar procedimientos de juicio político en contra de magistrados integrantes del Teqroo, ya que esto se encuentra fuera del ámbito de sus competencias, es decir, que la XV Legislatura se estaba extralimitando en sus funciones.
De la misma manera, el exalcalde de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, libró el procedimiento de juicio político que la XV Legislatura inició en 2017 en su contra, luego de que la Comisión Instructora a cargo de los trabajos desechó la solicitud al no comprobarle algún tipo de responsabilidad administrativa.
La citada Comisión Instructora determinó desechar la denuncia y declarar improcedente el juicio político contra Marrufo Martín, tras determinar que la denuncia en cuestión persigue un interés particular y atañe únicamente a una percepción del denunciante.
La denuncia presentada en contra de Marrufo Martín fue por el presunto manejo indebido de fondos y recursos públicos del Ayuntamiento de Cozumel, cuando éste fue presidente municipal de 2013 a 2016.