Por José Ramos
CHETUMAL, 11 de noviembre.- La Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) ha vendido tierras por más de un mil millones de pesos, por lo que su función sigue siendo la misma que la del desaparecido Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE): enajenar la reserva territorial del estado.
Mientras el titular de la Agepro, Eduardo Ortiz Jasso, presume sus cinco “grandes proyectos”, que en realidad se encuentran estancados pues apenas están en etapa de estudio, por otro lado la agencia trabaja discretamente en la comercialización de tierras propiedad del Estado.
La Agepro espera recibir alrededor de un mil 84 millones de pesos por “enajenaciones ya aprobadas” de tierras, según dijo Ortiz Jasso ante legisladores locales en su comparecencia realizada semanas atrás.
Cabe recordar que la Agepro nació con la Ley de Asociaciones Público-Privadas al arrancar la administración de Carlos Joaquín González; organismo que reemplazó al IPAE y se le dio la misión de lograr grandes proyectos de inversión para el estado, pero que hasta ahora no ha logrado aterrizar alguno.
A tres años de su existencia la Agepro no ha podido consolidar ninguno de sus 5 proyectos prioritarios y sólo evidencia que su función sigue siendo recaudatoria. Maneja las reservas estatales —que son 74 mil hectáreas— y ya reporta ventas en los últimos 3 años por 230.09 hectáreas.
De las enajenaciones por venta, la mayoría se han concentrado en zonas turísticas, siendo Cozumel donde se han vendido 154 hectáreas para desarrollo turístico. Del mismo modo, en Cancún se han comercializado 32.70 hectáreas para desarrollo habitacional y 37.14 para desarrollo de infraestructura aeroportuaria.
En ese sentido, la Agepro ha centrado sus funciones en la venta de tierras, patrimonio del Estado, bajo el espejismo de una dependencia que busca detonar proyectos que desarrollen económicamente a la entidad.
Inclusive, durante su comparecencia ante los diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado, se le pidió al funcionario que en vez de trabajar en proyectos “irrealizables”, planifique la construcción de carreteras estatales que tanta falta hacen.
Tal es el caso de la carretera estatal Cafetal-Majahual, la cual permanece en total abandono y deterioro y lejos de recibir un proyecto de renovación integral que pueda abonar al desarrollo de la comunidad costera.
La Agepro ha resultado ser “más de lo mismo”, a pesar de que reemplazó al IPAE, justificando la corrupción destapada durante el periodo de Roberto Borge; sin embargo, a pesar ostentarse como la esperanza de lograr grandes proyectos de inversión para la entidad, hasta la fecha no ha logrado más que seguir vendiendo tierras propiedad del Estado en zonas de alta plusvalía.
Y es que a poco más de tres años de gestión, la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) no ha podido aterrizar ninguno de los cinco proyectos que calificó de prioritarios y de los cuales sólo dos contemplan a la zona sur.
Se trata de la ampliación de la carretera federal 307 en el tramo Bacalar-Tulum; puente vehicular Nichupté; Parque de la Equidad; Tren Maya (tramo Quintana Roo) y los Sistemas de Transporte Masivo Urbano y Turístico para Cancún.
El incongruente discurso de Eduardo Ortiz contrasta con su cartera de 5 proyectos calificados como “prioritarios”, de los cuales no ha podido aterrizar uno solo, lo anterior a pesar de ejercer un presupuesto de más de 886 millones de pesos.
Inclusive se habla de que actualmente le debe 184 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), básicamente en el capítulo 1000 (sueldos y compensaciones) y tiene gastos anuales para su funcionamiento de alrededor de 100 millones.
Sumado a lo anterior, el pasado 5 de noviembre trabajadores de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) denunciaron atrasos en los pagos de sueldos, despidos injustificados con el fin de contratar allegados con mejores sueldos; compra de autos para jefes, paseos disfrazados de capacitación, atropellos y humillaciones bajo la complacencia de la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoes). La cual ya tiene conocimiento de la situación.
Mediante un documento, los trabajadores inconformes pidieron la intervención del gobernador Carlos Joaquín González, dado que el secretario de la Contraloría, Rafael del Pozo Dergal, no ha querido intervenir ante los abusos que prevalecen al interior de la Agepro, la cual a 3 años de gestión no ha podido justificar el millonario presupuesto que ejerce, pues de sus 5 proyectos “prioritarios” no ha podido aterrizar ni uno solo.
Desde mayo pasado los trabajadores habían denunciado que se les habían rasurado de manera injustificada el pago de su prima vacacional; no obstante, en el documento dado a conocer en el mes en curso, de nuevo los trabajadores exponen el atraso, pero ahora de su quincena, pues no les habían depositado, aludiendo que es segunda ocasión en que los dejan sin sueldo.
Indicaron que desde el inicio de la administración solamente han sido malos tratos y falta de respeto hacia a los trabajadores. Además, señalaron que los pagos quincenales y prestaciones se hacen a destiempo. También indicaron que se está despidiendo a personal de manera arbitraria bajo el argumento de supuestos recortes presupuestales, pero inmediatamente contratan a otras personas y les brindan mejores salarios.
Del mismo modo, expusieron que se han adquirido vehículos nuevos para el director administrativo Julio Chan Han, y otro para el coordinador jurídico Fernando Franco Zaragoza, así como una camioneta blindada para el director general, Eduardo Ortiz Jasso pero nunca hay dinero para solventar los sueldos y prestaciones de los trabajadores.
Lo cierto es que la Agepro es una de las dependencias más inútiles de la administración estatal, pues en los últimos 3 años no ha podido impulsar el desarrollo económico ni resolver problemas reales, ni gestionar inversiones vinculando al sector privado, como lo dice su misión y visión.