Por Lusio Kauil
JOSE MARIA MORELOS, 22 de diciembre.- Un profesor de esta comunidad consideró que no es justo que una mala actitud política y administrativa, tomada en el ayuntamiento en un periodo de transición de gobierno, ahora se tenga que erogar 32 millones de pesos para cubrir un laudo laboral el próximo año.
Indicó, en declaraciones a la prensa, que, si se hubiera cubierto el mes de salario que se debía a los trabajadores que ahora ganaron el laudo, cuando mucho se hubieran gastado 2 millones de pesos, estimó.
Ese dinero, abundó, que se va pagar ahora a los casi 200 empleados del ayuntamiento, su legítimo dueño es el pueblo, y ese dinero que, seguramente, iba a servir para atender a los más necesitados, en cuestiones como el traslado de enfermos, compra de medicamentos, desayunos escolares o apoyos funerarios, ya no va a ser posible para el próximo año.
Refirió, esa acción dolosa de erogar un dinero para el pago de un laudo constituye un “crimen” hacia la gente más pobre. Por tal razón, hizo ver, es irresponsabilidad de omitir el pago de un salario legalmente devengado, y, por tanto, dijo que esa situación no debe quedar impune.
Expuso, se entiende que el gobierno municipal y estatal, actual no son culpables, por esas acciones; y por ello, agregó, “solicito desde esta tribuna que se haga justicia… que se investigue el caso y el que resulte responsable que pague…”
Humberto Martín Angulo expresó que el daño que va ocasionar el pago del laudo, va a ser tremendo contra el erario público, y esto no es justo que el pueblo pague los errores cometidos con alevosía y ventaja por malos y corruptos gobernantes.
Comentó que Carlos Joaquín, gobernador del estado, decía en su campaña y lo ratificó en uno de sus informes, que, en su gobierno, se va aplicar la verdadera justicia, caiga, quien caiga, no se va a proteger a nadie.
En septiembre de 2013, terminó la administración perredista de Domingo Flota Castillo y asumió la responsabilidad del ayuntamiento, el priísta Juan Parra López.
El mes de septiembre, el último mes del gobierno perredista no se pagó el salario a los trabajadores, porque el entonces gobernador Roberto Borge no depositó el dinero que correspondía al último mes de mandado de Flota Castillo; pero una vez que entró Juan Parra López, se envió el recurso para el pago de las dos quincenas pendientes; sin embargo, la nueva administración se rehusó pagarles a más de 300 trabajadores de la administración saliente. De esos empleados que no recibieron sus últimas dos quincenas, 265 interpusieron su demanda ante el Tribunal de Conciliación; ahora esos trabajadores ganaron el laudo y el ayuntamiento les va pagar el próximo año, 32 millones de pesos.