De la Redacción
CHETUMAL, 23 de diciembre.- El diputado Eduardo Martínez Arcila consumó su blindaje de impunidad, a pesar de que las primeras auditorias de la XVI Legislatura le sacaron a la luz distintas irregularidades y hasta presuntos aparatos de espionaje en el Congreso del Estado, finalmente todo quedó en declaraciones porque no se ha procedido de ninguna manera, ni administrativa ni penalmente.
En todo esto se ve favorecido por las divisiones internas de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que ocupa la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) el primer año de la gestión de la XVI Legislatura, pues durante el tiempo que Edgar Gasca Arceo ocupó el cargo no se fincó responsabilidad al panista, y ahora que lo ocupa Reyna Durán Ovando no hay garantía de que no dé “carpetazo” al asunto, ya que Martínez Arcila apoyó su inicial intento de tumbar a Gasca Arceo.
Martínez Arcila está señalado de presuntos actos de corrupción, de mal uso y hasta desvío de recursos públicos, principalmente por el desfalco de más de 100 millones de pesos destinados a las ayudas sociales, así como de otras irregularidades e ilegalidades cuando dirigió el Congreso de Quintana Roo en la pasada XV Legislatura.
Por los tres años que tuvo control de la extinta Gran Comisión, el diputado de extracción panista dispuso del presupuesto del Poder Legislativo para su beneficio personal y político, así como para su privilegiado grupo de amigos, allegados y aliados partidistas; quienes de manera discrecional y totalmente opaca derrocharon e hicieron uso irregular de cientos de millones de pesos del presupuesto del Congreso.
Por este motivo las asociaciones Somos tus Ojos y el Observatorio Legislativo interpusieron una serie de denuncias penales contra el diputado Eduardo Martínez, llevando su caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otras instancias relacionadas, pero pareciera que las investigaciones se quedaron estancadas y ya se les dio “carpetazo”, pues por más de un año no han arrojado avances ni resultados.
Las asociaciones civiles motivaron sus denuncias tras corroborar que hubo un manejo irregular de más de 100 millones de pesos destinados a las “ayudas sociales” en la anterior legislatura, recurso que a la fecha no ha sido transparentado como es debido y en el que se detectaron falsos beneficiarios, nombres que aparecían en repetidas ocasiones, así como trabajadores del Congreso y políticos panistas que percibieron estos apoyos de manera injustificada.
Aunque se desconocen los montos por beneficiario, porque estos nunca fueron dados a conocer, la asociación Somos tus Ojos calculó que, para que cuadraran las cuentas a la pasada XV Legislatura, se tuvieron que haber entregado más de 15 mil pesos por cada “ayuda social” para cada uno de los beneficiarios que aparecen en el padrón; cantidad que es ilógica, irreal y que apunta al desvío de recursos denunciado.
Los archivos de transparencia confirmaron también que la XV Legislatura infló la nómina del Congreso casi al doble, pues cuando inició en 2016 había 389 plazas, mientras que en 2018 se llegó a 609 empleados, en su mayoría amigos, allegados y recomendados de los diputados salientes, muchos de ellos aviadores, sin funciones específicas y con duplicidad de cargos.
Tras la derrota del PAN en las elecciones locales del 2 de junio de 2019, cuando se renovó el Congreso de Quintana Roo, Eduardo Martínez manipuló descarada e ilegalmente la Ley Orgánica del Poder Legislativo, primero la mantuvo oculta por casi 6 meses desde su aprobación en diciembre de 2018, posteriormente hizo público el documento, pero se comprobó que tenía cambios sustanciales y que no eran reconocidos por otras bancadas de la legislatura.
La modificación de la Ley Orgánica fue para que el legislador panista se construyera su blindaje de impunidad, que le permitiría evitar las auditorias e investigaciones anunciadas por la nueva XVI Legislatura, sobre todo porque con este blindaje logró perpetuar al contralor interno del Congreso, Jorge Alberto Rejón Chan, que se quedará hasta el 28 de marzo de 2022.
El puesto del contralor interno es clave para las investigaciones y auditorías que pretendía la XVI Legislatura, porque es el responsable de la fiscalización, auditoría, control y supervisión de las áreas administrativas, así como de investigar y calificar actos que puedan resultar en faltas cometidas por los servidores públicos del Poder Legislativo.
La XV Legislatura inició y concluyó su periodo sin pena ni gloria, para dar paso a la nueva XVI Legislatura que asumió funciones en septiembre de 2019, la cual en un principio quedó representada por el diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, en calidad de presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso.
Tras asumir esta posición, Gasca Arceo ordenó una investigación interna del Poder Legislativo, en el ámbito administrativo y financiero, la cual arrojó una serie de irregularidades que salpicaron al diputado Martínez Arcila, quien repitió como plurinominal gracias a haberse incrustado en el primero de la lista de su partido.
A decir del diputado Edgar Gasca Arceo, como parte de los primeros resultados que arrojaron estas investigaciones sobre la XV Legislatura, fue el hallazgo de un presunto aparato de espionaje en las oficinas de la presidencia de la Gran Comisión del Congreso del Estado, que ahora es de la presidencia de la Jugocopo.
También declaró que se detectó una flotilla de 26 vehículos heredados por la anterior Legislatura, entre estos dos camionetas Suburban que eran de uso exclusivo de la Presidencia de la Gran Comisión del Congreso, es decir, del diputado panista Eduardo Martínez Arcila.
Gasca Arceo también señaló al diputado Martínez Arcila de haber permitido aviadores y trabajadores que cobraban doble sueldo, además de que se detectó una fuga de recursos que asciende a casi 5 millones de pesos en tan sólo 8 meses, consistente en el pago irregular de compensaciones adicionales al sueldo y que se otorgaban discrecionalmente a un total de 63 personas.
Lo anterior equivale a que cada mes se tenía una fuga de casi 600 mil pesos, que fue repartida de manera irregular entre este grupo de personas.
Las compensaciones se entregaban de manera discrecional y fueron fijadas por la Presidencia del Congreso de Quintana Roo en la pasada XV Legislatura, cuando Eduardo Martínez Arcila estaba al frente como presidente de la Gran Comisión.
Estos datos corresponden a los recursos que se erogaron durante el periodo que comprende los meses de enero a agosto de 2019, pero muy seguramente esta práctica se estuvo haciendo desde años anteriores en la pasada legislatura.
También se supo que incurrió en incumplimiento del pacto de austeridad firmado por el Congreso del Estado, al no haber devuelto a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el pago de los últimos tres meses correspondiente a su gestión como presidente de la Gran Comisión, es decir, de los meses de junio, julio y agosto, a razón de un millón y medio de pesos mensuales.
Por otra parte, ha trascendido que en el último mes de la XV Legislatura, al frente de la administración del Congreso Martínez Arcila encabezó la disposición de más de 40 millones de pesos del presupuesto del Poder Legislativo, en el marco de la salida de esa diputación.
De igual manera, este diputado fue señalado por la presunta manipulación de la Ley Orgánica del Congreso, la cual mantuvo oculta por casi 6 meses y de la que se dice alteró para fabricarse su “blindaje de impunidad”, imponiendo candados para protegerse ante cualquier auditoría o investigación que se le hiciera.
Pero todo esto ha quedado en meras declaraciones, ya que hasta el momento no se le han fincado responsabilidades al legislador panista, ni se ha procedido de manera administrativa ni penalmente, pese a las graves irregularidades e ilegalidades que han salido a flote.
Ahora la diputada Reyna Durán es quien ocupa la coordinación de Morena y la presidencia de la Jugocopo en la XVI Legislatura, pero hasta ahora se desconoce si continuará la auditoría e investigaciones contra la pasada legislatura, o si decidirá dar “carpetazo” al tema y dejarlo en el olvido, lo cual también deja en entredicho que exista real intensión de los nuevos diputados de fincar responsabilidades.