Es el camino que seguirá la Canirac contra la Ley de Alcoholes para los casi seis mil 300 restaurantes en QR
* Es en tanto no se tenga una ordenanza clara y precisa, que no violente los derechos individuales * Aseguran, traslada la responsabilidad del gobierno de garantizar la seguridad de la población, al hacer corresponsables a los restauranteros ante cualquier hecho * La normativa tiene muchas lagunas, contempla medidas y requisitos poco claros * Esta Ley es un exceso
Por Olivia Vázquez
La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) determinó seguir el camino del amparo en tanto no se tenga una Ley de Alcoholes clara y precisa que no violente los derechos individuales, pues la normatividad tal cual que entró en vigor el 10 de febrero pasado, promueve la discrecionalidad y traslada la responsabilidad que tiene el gobierno de garantizar la seguridad de la población, imponiendo obligaciones a los restauranteros y dictándoles una corresponsabilidad ante cualquier hecho.
En conferencia de prensa, integrantes de la Canirac, junto con el representante jurídico refirieron que la Ley de Alcoholes como fue aprobada, tiene una serie de violaciones y huecos de normativas que no pueden dejarse a la interpretación.
Julio Villareal, Secretario General de la Canirac, expresó que si bien el sector siempre ha coadyuvado y seguirá haciéndolo en búsqueda de una mejora de las condiciones y políticas de seguridad, la ley plantea una serie de responsabilidades hacia el sector que son violatorias a los derechos que corresponden.
Y es que la normativa obliga al sector a contar con sistemas de cámaras de circuitos cerrados de video conectados al C5, un sistema de seguridad que señalan, no se tiene ni siquiera la confianza de que funcione al 100%.
Además, la ley deja muchos huecos en torno a la valoración que se estará haciendo para determinar quien está cumpliendo y quien no cumple con los requisitos para que pueda conservar su patente, pues estos puntos lo valorará una comisión de seguridad que no se sabe quién la integrará ni su capacidad para determinar esto.
Así también contempla medidas y requisitos poco claros y precisos en su redacción, por lo que si bien se está abierto al diálogo y trabajo en conjunto, el sector seguirá la vía del amparo hasta que no se logre una corrección de estos lineamientos establecidos.
Miguel Angel Rivera, asesor jurídico de la Cámara, señaló que la autoridad no puede obligar al sector a implementar una política criminal a través de los empresarios.
“Qué queremos decir con esto; si bien es cierto, vamos a pensar en la buena fe de esta ley, pero esta ley está trasladando parte de la responsabilidad que tiene el estado para poder salvaguadar a toda la ciudadanía”, dijo.
El sector calificó como un exceso de la ley, el hecho de que además de la obligatoriedad de contar con cámaras de seguridad, arcos y demás medidas que se podrían referir, también contempla una corresponsabilidad hacia el empresario que no regula quien entra a su establecimiento.
Por tales motivos, los restauranteros refirieron que estarán en bloque promoviendo el amparo, lo que contemplaría a 207 negocios que operan en Cancún y los casi seis mil 300 restaurantes que operan en todo el estado, en tanto se mantiene el diálogo y se está atento al camino que tomarán los municipios, quienes también han planteado una inconstitucionalidad en esta ley.