Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 24 de marzo.- Justo después de que el Observatorio Legislativo denunció a los diputados de la XV Legislatura por su opacidad y el posible desvío de recursos bajo el esquema de “ayudas sociales”, el Congreso de Quintana Roo se jactó este día de cumplir al 90.29 % con sus obligaciones en materia de transparencia, aunque este porcentaje no incluye el esclarecimiento de los más de 100 millones de pesos que los legisladores utilizaron en apoyos sociales entre finales de 2016 y 2017.
A través de un comunicado emitido por el Poder Legislativo, se informó que el Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Idaipqroo) fue quien notificó de estos resultados a la Unidad de Transparencia del Congreso de Quintana Roo, según el acuerdo IDAIPQROO/CV/DVOTD/8/II/2019, que evalúa la entrega de información del Congreso a la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT).
Se señala que el Poder Legislativo logró este porcentaje en la calificación de los artículos 91 y 92 de la Ley de Transparencia de Quintana Roo a los que está sujeto. Con esos números, se coloca en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia con un 88.73 %.
Con base en lo anterior, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, el diputado Eduardo Martínez Arcila, se jactó de que en la XV Legislatura han logrado el Congreso “más transparente” en la historia de Quintana Roo, aunque esta idea no es compartida por diferentes asociaciones civiles de la entidad, quienes incluso han interpuesto una serie de denuncias en contra de los diputados por su opacidad y ante las sospechas de desvío de los recursos públicos, utilizando para ello el esquema de las “ayudas sociales”, que ni siquiera cae en las funciones de un legislador.
La última denuncia fue interpuesta la semana pasada por el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, quien lo hizo ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del programa de apoyos sociales que lleva a cabo el Congreso del Estado.
La denuncia va encaminada para que la Fiscalía investigue en realidad cuántos recursos se han utilizado en estas supuestas ayudas, pues sobresalen parientes, familiares y amigos de diputados locales, según lo investigado por el Observatorio Legislativo.
Y es que a pesar de tener un cumplimiento del 90 por ciento en cuanto a sus obligaciones en materia de transparencia, la asociación civil señala que el Congreso de Quintana Roo se ha negado a transparentar y aclarar los más de 100 millones de pesos, que supuestamente se utilizaron en apoyos sociales entre finales de 2016 y 2017.
En ese sentido, sostiene que la información sobre este programa y/o actividad es casi inexistente en el portal de transparencia del Congreso del Estado, pues no se mencionan los procedimientos por los que se otorgan los montos individuales de las diversas ayudas y quiénes lo autorizan, entre otros datos que son de relevancia y de interés ciudadano.
El Observatorio Legislativo ha sido insistente al señalar que el origen de estas ayudas ni siquiera está dentro de las facultades ni atribuciones constitucionales de los diputados, por lo que después de hacer un seguimiento de estos “apoyos” e investigando con la información publicada, detectaron que existen elementos para denunciar un mal uso de los recursos públicos por parte de la XV Legislatura, así como hechos probables de los delitos de peculado, uso indebido de los recursos públicos y delitos político electorales.