Por Ovidio López
ISLA MUJERES, 18 de abril.- A un año de frenar el gobierno municipal la construcción de un conjunto de 23 bungalós por la isleta de El Yunque, los ejecutivos del hotel “Mía”, asentado por esa zona, intentan retomar el proyecto, nuevamente Juan Carrillo Soberanis, presidente municipal, salió al paso para advertir que no se ha otorgado ningún permiso de construcción.
Por su parte, Nivardo Fernández Martínez, director general de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, señaló que si en caso que el gobierno federal haya autorizado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la autoridad municipal buscaría vías legales para evitar toda construcción.
Ayer mismo, sus inspectores acudieron en la base del muelle que se acceder a ese centro de hospedaje para inspeccionar actividad, luego de reportarse la presencia de camión lleno de maderas de la región para llevar a cabo presuntos trabajos de bungalós, tal como aconteciera en abril del 2017, cuando se tuvo que retirar lo que ya se había comenzado a echar a la orilla de la playa.
Carrillo visitó el lugar y así insistió que desde el 2016 intentó el centro de hospedaje iniciar la construcción del conjunto de bungalós por las aguas bajas de los alrededores, pese a que la empresa aseguraba tener todos los permisos federales. Se mantiene la misma postura, recalcó.
Mostró el funcionario la única licencia de construcción autorizada fue durante la administración 2013-2016, de Agapito Magaña, emitido el 20 de septiembre de 2016, en los últimos 10 días de su gestión, al asumir la responsabilidad de Carrillo en su primer periodo de gobierno, procedió a revocarla, con fecha 25 de octubre de ese mismo año.
“Quiero decirles a todos los isleños que vamos a emprender una batalla legal para que no se construyan estos bungalós en esta zona de esparcimiento para cientos de turistas”, ofreció. La pretensión es echar abajo esa autorización.
Por la cancelación
Fernández Martínez en su despacho informó que después de la inspección celebrada este miércoles, se procedió a notificar a los responsables a que tienen un plazo de 48 horas, conforme al Reglamento correspondiente, para detener toda actividad u obra.
Y el 18 de abril de 2018, intentó reactivar el plan el consorcio, movilizando materiales hacia la playa, pero la autoridad municipal actuó enseguida para impedirlo, luego una inconformidad generalizado entre los empresarios y la comunidad en general. Ahora con la nueva intentona, se vislumbra una lucha en los juzgados para tratar el gobierno municipal de cancelar el proyecto de manera definitiva.