De la Redacción
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, 22 de abril.- Mientras miles de indígenas mayas de Quintana Roo sobreviven con empleos mal pagados pasando carencias alimentarias, educativas y de salud, el gobierno estatal mantiene en letra muerta la ley de justicia indígena, con la cual se pueden otorgar partidas presupuestales para el desarrollo de esos pueblos.
Activistas de agrupaciones y asociaciones indígenas en la entidad lamentan el olvido por parte del gobierno mexicano en todos sus niveles para crear instituciones que en realidad ayuden al desarrollo, lo que ha evitado que los pueblos indígenas puedan defenderse de la explotación laboral, discriminación y abusos de toda índole de los que son presas en la Riviera Maya, trabajando en el sector hotelero.
Las asociaciones indígenas también señalan la escasa oferta educativa y la mala aplicación de recursos por parte de instituciones de gobierno, como factores contra el desarrollo de los pueblos mayas, lo que se agrava con el problema de la discriminación, la cual alcanza no sólo a los pueblos indígenas, sino al 20 por ciento de la población nacional.
Cifras dadas por la Asociación Nacional Indigenista (ANIPA) señala que tan sólo en el municipio de Solidaridad habitan cerca de 19 mil maya hablantes, mientras que en todo el estado existen más de 117 mil personas que hablan el idioma maya, sin contar a aquellos indígenas mayas que ya no hablan su lengua, o a aquellos que han venido de las zonas mayas de Chiapas, así como indígenas de otros estados.
La pésima situación de los indígenas contrasta con el creciente desarrollo turístico de la Riviera Maya que genera millones de dólares, pero este flujo de dinero siempre desaparece en manos de los magnates hoteleros extranjeros y llega a cuentagotas, en forma de salario mínimo, a la población indígena, sin que ninguna organización ni gobierno intervenga en esta forma de explotación.
La discriminación y falta de oportunidades para la población de lengua maya se enfrenta a la barrera del idioma, pues los funcionarios públicos aún no ponen a la práctica los señalamientos de la Ley General de los Pueblos Indígenas de contar con publicaciones en el idioma natal.
De hecho, lamentan activistas, sigue en espera de que se publique en el Diario Oficial la iniciativa para modificar el último párrafo del Artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que los pueblos y comunidades indígenas de la etnia maya puedan acceder plenamente al marco jurídico del Estado a través de la publicación, en formato digital y traducido a la lengua maya, de la Constitución local, leyes o decretos.
Esta propuesta presentada hace un mes representaría un pequeño avance a la ley estatal, mientras en otros estados, como Yucatán y Campeche, fue promulgada desde hace años, lo que indica el nivel de retraso en el cual se encuentra la legislación quintanarroense, pues hasta ahora no se ha promulgado ni siquiera la obligatoriedad de la educación en lengua maya en todo el estado, como también se ha promulgado en los otros estados de la península, desde el Primer Congreso Peninsular para Institucionalizar la Lengua Maya celebrado en 2018.