Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 5 de abril.- El alcalde capitalino, Otoniel Segovia Martínez, se negó a aceptar recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, respecto al caso de la cantante cubana salvajemente golpeada en diciembre de 2018.
Como se recordará, elementos de la Policía Estatal Preventiva encontraron el 2 de diciembre a una mujer que se debatía entre la vida y la muerte, pero no procedieron conforme a derecho en contra del agresor.
Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, lejos de consignar al presunto agresor y ponerlo a disposición del fiscal del Ministerio Público, optaron por mandar al empresario a disposición del juez calificador del municipio de Othón P. Blanco, solamente por faltas administrativas.
El sujeto pagó el monto de las faltas y quedó en libertad, lo que le permitió escapar de la ley, y hasta el momento se mantiene prófugo de la justicia.
Ante los hechos, la Comisión de Derechos Humanos emitió recomendaciones al presidente municipal del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, que no las aceptó, pero sin fundamentar la negativa.
De acuerdo con el expediente CDHEQR00/03/2019/1, establece las siguientes recomendaciones al presidente municipal capitalino:
Primero. Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se proceda a la reparación integral a V, incluyendo reparación de los daños, en los términos que establecen los estándares internacionales, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.
Segundo. Gire instrucciones a quien corresponda, a efecto de realizar los procedimientos necesarios ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, hasta lograr la inscripción de V en el Registro de Víctimas del Estado de Quintana Roo. Lo anterior, a efecto de que en lo conducente pueda tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo.
Tercero. Iniciar y substanciar hasta su resolución definitiva, a través de la autoridad competente, un procedimiento para determinar si existieron faltas que constituyan infracciones en materia de responsabilidad administrativa respecto al servidor público AR3.
Cuarto. Realice un programa de capacitación y formación en derechos humanos a los servidores públicos adscritos al Juzgado Calificador Municipal, en materia de cultura de la legalidad y de actuación con perspectiva de género en la administración pública, conforme a los instrumentos internacionales como las Declaraciones y Plataformas de Acción, así como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las recomendaciones emitidas por el Consejo de Evaluación de la CEDAW y la Convención Interamericana para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará).
Sin embargo, Otoniel Segovia Martínez no mostró compromiso por el respeto a los derechos humanos y de combate a las prácticas que atenten contra la dignidad humana, pues no aceptó las recomendaciones.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, Marco Antonio Toh, manifestó que el municipio argumenta que ellos no tienen ninguna responsabilidad, aunque la investigación considera que hubo faltas por parte de las autoridades municipales.
Consideró falta de voluntad política y por otra parte desconocimiento del respeto de la obligación de proteger, garantizar y promover los derechos humanos.
“A partir de la Reforma del 2011, todas las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos y, en consecuencia, el estado tiene que reparar, sancionar, investigar y prevenir la violación de Derechos Humanos, que es lo que justamente no está pasando, y esto es algo gravísimo y antimoral en materia de Derechos Humanos”, concluyen las recomendaciones.