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Quintana Roo

De la Redacción

 

Colombianos, venezolanos, cubanos, rumanos y un sinfín de extranjeros han contado con el aval del Instituto Nacional de Migración (INM) para residir en Quintana Roo, sin considerar que algunos de ellos tienen antecedentes criminales en otros países y una vez establecidos en México logran ampliar sus tentáculos delictivos sin que existan mayores problemas.

No obstante, está más que claro que el desarrollo económico de Quintana Roo y su liderazgo en generación de empleos convierten a la entidad en un imán para quienes buscan mejorar su calidad de vida con trabajos mejor pagados, incluido los ciudadanos extranjeros, el problema es que la delegación del INM no actúa como debe de ser para investigar a qué persona le entrega los permisos para radicar acá.

Esto es lo que ha provocado que muchos ciudadanos originarios de Colombia y Venezuela, principalmente, estén bajo la lupa por encabezar grupos delictivos que han asentado sus bases en la zona norte del estado.

El tema de quienes ofrecen los créditos mediante el programa “gota a gota”, se ha salido de control, al grado de que muchos comerciantes que han caído en las redes de estos grupos delictivos han sido amenazados e incluso, atacados por extranjeros, por no pagar.

En pleno centro de la ciudad, han sido múltiples los reportes de sujetos extranjeros que asaltan a personas, a muchas de ellas las siguen desde que salen de los bancos para que, mediante amenazas con armas de fuego, los despojen de sus pertenencias.

Situación similar ocurre con los cubanos, que es otra de las comunidades de extranjeros que más ha crecido en Quintana Roo, pero el INM no emplea ningún tipo de regulación o investigación que permita conocer a qué se dedican estos ciudadanos.

Ello provoca que personas de otras nacionalidades, como los rumanos, entre otros, ingresen libremente y establezcan redes delictivas, pues la delegación del INM no revisa ni siquiera los antecedentes que puedan tener estas personas en sus países de origen o de donde provengan, bajo el argumento de que no es función de ellos indagar, sino que esto le compete a otras instancias, como la Fiscalía General de la República.

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