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Quintana Roo

De la Redacción

CHETUMAL, 15 de mayo.- Del primero de diciembre del 2018 a la fecha, se han hecho públicos más de 230 despidos al interior de las delegaciones de dependencias federales en Quintana Roo, en su mayoría en Chetumal, que han sido excusados como efecto de las medidas de austeridad implementadas por el actual gobierno de la República, pero que han afectado a familias enteras y lacerado en mayor medida la economía de la estancada capital del estado, donde los ingresos de la burocracia sostienen a la mayoría de sus habitantes.

Los despidos abarcan el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría del Bienestar, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y todo indica que se trata de una cantidad mayor, porque en este caso se trata sólo de los que han sido hechos públicos por los propios afectados.

En las delegaciones, que en su mayoría carecen de la figura de delegados, se han excusado estas bajas diciendo que únicamente afectaron a trabajadores de confianza, quienes eran de contrato y eventuales, pero que hasta el momento no se ha tocado a aquellos que tienen base.

Sin embargo, se considera que pueden existir más despidos que no han sido hechos públicos, además de que reina la incertidumbre entre los empleados de confianza, quienes en cualquier momento podrían pasar a formar parte de la larga lista de despedidos, como resultado de la política de austeridad implementada por el gobierno federal, que ha anunciado que seguirán los cambios y recortes al interior de las delegaciones.

Con estas bajas no sólo se afectó a personal de reciente ingreso o con pocos años de alta, sino que también se mandó a la calle a empleados con más de 10 y hasta 30 años de servicio, como fue el caso de casi una treintena de trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se quedaron en la calle, luego de la decisión de cerrar las oficinas de atención al contribuyente de Chetumal y Playa del Carmen.

De la misma forma, pasó con al menos 7 empleados de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chetumal, que fueron corridos sin miramientos a pesar de que tenían 30 años de servicio en el organismo.

Lo mismo ocurrió en el Instituto Nacional de Migración (INM), donde corrieron a aproximadamente 80 empleados con cinco, diez e incluso 30 años de servicio; pero además denunciaron haber sido retenidos contra su voluntad en las instalaciones de la dependencia federal, donde los obligaron a firmar su renuncia para poder salir.

En la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se han hecho públicos más de 5 despidos; mientras que en la Comisión Nacional Forestal (Conafor), a principios de 2019, hubo por lo menos 6 trabajadores a los que no se les renovó su contrato.

Asimismo, al reconvertir la Sagarpa en la Sader no sólo se le cambió el nombre a la dependencia, sino que también se eliminaron 33 delegaciones y las entidades se agruparon en cinco regiones productivas, por lo que en Quintana Roo desaparecieron más de 50 puestos que dependían de aquellas áreas que fueron eliminadas. En la Secretaría del Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social, se habla de una cifra similar o incluso mayor de despidos.

De acuerdo con personal que labora en la Sedatu Quintana Roo, allí se ha despedido a por lo menos 8 trabajadores, quienes recibieron la noticia a finales de abril pasado.

Aunque en la SCT no se sabe con exactitud cuántos despidos se han aplicado, su dirigente sindical Ezequiel King Ortiz ha confirmado que esperan nuevos recortes de personal, aunque supuestamente no se afectará a sindicalizados ni trabajadores de base, sino que se impactará principalmente a jefes de departamento y puestos de alto nivel.

Por otro lado, existen oficinas que por ser pequeñas y tener un reducido número de empleados no han sido tocadas con el tema de los despidos, como son la Profeco y la Secretaría de Economía, que según se pudo averiguar hasta el momento no se ha cambiado ni corrido al personal, aunque eso no los libra de ser afectados con la nueva orden que se dio de dar de baja al nuevo personal contratado a partir del 1 de diciembre del 2018, por lo que se mantienen en incertidumbre.

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