Por Salvador Canto
El proyecto de la Guardia Nacional dio un paso para su conformación tras la aprobación de las leyes reglamentarias, donde se establece que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyos elementos, incluyendo los que provengan de las Fuerzas Armadas, deberán acreditar controles de confianza y cursos de capacitación policial, de acuerdo con la ley que regulará a esa corporación.
El pasado martes, por unanimidad, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular las cuatro leyes reglamentarias para la operación de la Guardia Nacional.
Se trata de las leyes de la Guardia Nacional, sobre el uso de la Fuerza, del Registro Nacional de Detenciones y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La norma que regulará a la Guardia Nacional establece que esta es una corporación de carácter federal. En su estructura jerárquica se ubica como máximo responsable al secretario de Seguridad, siguiéndole el comandante del cuerpo policíaco, que a su vez dirigirá a coordinadores territoriales, estatales y de unidad.
Debido a que se trata de una ley en cuya elaboración participaron todos los partidos políticos representados en el Senado, el texto que se aprobó acota al máximo la intervención del Ejército y la Marina, instituciones que solo coadyuvarán “en la coordinación y colaboración estratégica” que se establezca entre las dependencias de la administración pública federal y la Guardia Nacional.
En ese sentido, se pudo conocer que en el caso de Quintana Roo, donde ya opera -de facto- el proyecto de la Guardia Nacional, lo cual se puede apreciar con los operativos que realizan en conjunto elementos de la Policía Naval, Policía Militar y Policía Federal, solo se está en la última etapa para de un momento a otro, puedan portar el uniforme o la banda que los identifique como nueva corporación de seguridad.
Sin embargo, por ahora cada una de las corporaciones usa sus propios uniformes y se desplaza en sus mismas unidades, donde hasta el momento los únicos facultados para actuar como primer respondiente son los elementos de la Policía Federal, en tanto que la Policía Militar y Policía Naval son coadyuvantes, incluso con las autoridades civiles.